El juez aprueba la prórroga del concurso de Fundesem
La escuela de negocios había solicitado la medida ante la demora de la Generalitat en aprobar su adhesión al plan de pago
El juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha aprobado una nueva prórroga de 15 días en el plazo para adherirse al convenio de acreedores propuesto por los responsables de Fundesem para saldar sus deudas. Una decisión que se adopta a petición de la administración concursal con el objetivo de que la Generalitat pueda realizar todos los trámites necesarios para sumarse a la propuesta.
La adhesión de la Administración autonómica es clave en el proceso, ya que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) es quien ostenta la mayoría del pasivo que arrastra la escuela de negocios alicantina, con 1,6 de los 2,7 millones de euros que debe el centro.
Aunque el consejo de dirección del organismo autonómico ya aceptó la propuesta, ahora son el departamento de Hacienda y el pleno del Consell quienes deben dar su visto bueno definitivo. Aunque existía la posibilidad de que se aprobara el viernes pasado, al final no entró en el orden del día, por era imposible que se aprobara antes de que expirara el plazo concedido por el juzgado para conseguir adhesiones, que expiraba este miércoles, 1 de marzo. Ante esta situación, los responsables de la fundación y el administrador concursal solicitaron una segunda prórroga –ya se les había otorgado una primera en enero- para que se pudieran cumplir todos los trámites.
El convenio de acreedores presentado por Fundesem incluye el pago de aproximadamente el 55% de la deuda del centro, gracias a la aportación de 1,5 millones que está dispuesta a realizar la Universidad Europea. Sobre el restante 45% se aplicaría una quita.
A cambio de esta aportación, y de unos pagos anuales por diversos conceptos que sumarían alrededor de 400.000 euros, la universidad privada podría utilizar las instalaciones de Fundesem para impartir hasta cuatro grados del ámbito sociosanitario. Una opción que no es del agrado de la Generalitat -la propietaria del edificio que, además, está construido sobre una parcela municipal-, pero que finalmente ha aceptado para evitar la desaparición de la escuela de negocios impulsada por el empresariado alicantino.
La mayor parte de la deuda que arrastra Fundesem se debe a los reiterados impagos del alquiler de este edificio, motivo por el que la Generalitat llegó a amenazar con desahuciar a la escuela de negocios, que acabó optando por solicitar el concurso de acreedores para evitar males mayores.
En principio, no se espera que la Generalitat ponga cortapisas a la adhesión del Ivace al plan de pagos propuesto por los responsables del centro formativo.
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