Chinches, cucarachas y ratas, ancianos a los que se les cambia el pañal solo una vez por la mañana y otra por la tarde, colchones que da pena verlos, familiares que durante días y con gran preocupación desconocen si su ser querido se encuentra bien porque no pueden comunicarse, o insuficiencia de equipos de protección contra el covid para una plantilla que, además, es a todas luces insuficiente, son solo algunas de las quejas, lamentos o denuncias que no ahora, desde hace demasiado tiempo, tienen como origen la residencia de la tercera edad de Altabix en Elche en cuyo punto de mira tiene el Síndic de Greuges.
En cualquier caso esta es una historia de impotencia. Impotencia por parte de todos los implicados: usuarios, familiares, trabajadores y responsables, tanto privados como públicos. Este es un centro público bajo concesión privada donde algo más de un centenar de personas mayores y medio centenar de trabajadores se encuentran, en definitiva, en un laberinto sin salida.
Por un lado porque todo el complejo no da más de sí: necesita una adecuación, más personal, mayores medios técnicos y, en el fondo, una atención de mejor calidad para sus usuarios. Si a esto sumamos los problemas derivados del covid, este viene a ser un ejemplo palmario de que el sistema ha fallado estrepitosamente.
La situación se prolonga desde hace años. No mejoró con el cambio de concesión en 2019 y se ha agravado en los últimos meses a causa del covid. Y mucho.
Los familiares y trabajadores consideran que las medidas a adoptar son muchas, urgentes desde hace bastante tiempo y que todas la aplicadas hasta ahora son como taponar un río con un corcho.
«No sabes la pena que da entrar de noche a una habitación para comprobar cómo está el abuelito y ver que permanece durmiendo con la boca abierta y una cucaracha encima de su mano», declara una trabajadora que, al igual que otras dos, habla con este medio, pero que pide no identificarse para no perder su empleo. De momento, temen más quedarse sin trabajo que al covid. Pero a muchos integrantes se les ha pasado por la cabeza repetidamente si merece la pena seguir en su puesto en estas condiciones, con esta falta de medios, con este querer y no poder.
Desde la Asociación por la Dignidad y Bienestar de los Ancianos en Residencias (Adbar) sufren no ya solo por sus familiares y empleados, sino también incluso por el propio director que, aseguran, hace todo lo que puede. Pero eso no quita para que denuncien la insoportable situación de no poder comunicarse con sus mayores, esa incertidumbre de si es positivo por covid, y si lo es, si está mal o muy mal, esa perplejidad de por qué la Generalitat no interviene de verdad ya este centro, en lugar de enviar dos médicos o dos enfermeras de apoyo, algo que consideran a todas luces insuficiente.
De hecho, buena parte de los hechos, aseguran familiares y trabajadores, se han trasladado a los tribunales y hasta el Síndic de Greuges se ha tenido que pronunciar hasta en tres ocasiones urgiendo a la Administración para que intervenga esta residencia.
Aquí se entrelazan las consellerias de Sanidad y la de Igualdad y Políticas Sociales. «Desde la Generalitat, ya sea desde el departamento de Igualdad como el de Sanidad, se está trabajando para atender las necesidades de la residencia con motivo de la pandemia. Desde el envío de material, hasta la intervención de Sanitat», señalan desde el Consell a preguntas de este medio, el cual ha intentado en numerosas ocasiones, sin éxito, recabar también las valoraciones tanto de la dirección del centro como de la concesionaria con sede en València.
El Ejército acudió los días 11 y 12 de diciembre a desinfectar de covid este centro. El día 15, la Generalitat envió dos médicos y dos enfermeros, pero los trabajadores aseguran que ese refuerzo solo es para dos horas al día, y que las dos auxiliares de enfermería que se han sumado están ayudando a las enfermeras, en lugar de apoyar a las que hay para atender de verdad a los usuarios.
«Solo hay dos auxiliares por la tarde para atender a más de 54 contagiados. Y solo hay dos auxiliares de noche», expone otra trabajadora que califica de vergonzoso, deleznable e indignante todo lo que está ocurriendo, además de apuntar que la basura, toda junta covid y no covid, se acumula durante días sin que nadie la saque del centro. «Estamos dando el mil por mil», agrega.
Y es que los empleados consideran que, primero, se debería sacar a todos los residentes y ubicarlos en otro lugar en condiciones. Seguidamente, remodelar el centro, cambiar todos los colchones y darle una mano de pintura, además de otras pequeñas inversiones. Y desde luego modernizarlo y dotar al mismo de la plantilla que recoge el pliego de concesión.
La Conselleria de Políticas Inclusivas, en respuesta al último tirón de orejas del Síndic de Greuges, ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa concesionaria. Así mismo, tenía previsto acometer durante 2020 obras por importe de más de 640.000 euros para acabar con desprendimientos de fachadas y reparar humedades en techos, pero también para reparar la climatización y asegurar el contacto telemático cuando el presencial está limitado. Nada se ha hecho por el covid.
«Esa residencia está en el Paleolítico», apuntan desde Abdar, que asegura, por ejemplo, que se ha tenido a los residentes sin báscula -«a pesar de tener pérdidas muy significativas de peso de 20 y 30 kilos en meses»- o que no hay un sistema informatizado para controlar patologías, medicación, pañales... y que se hace a papel y lápiz. «La desorganización existente (…) supone un grave riesgo para la atención integral de las personas usuarias y muy especialmente para su salud física y psicológica», recoge en cualquier caso el Síndic de Greuges a tenor de la larga lista de irregularidades que evidencian a todas luces que el sistema ha fallado aquí.
