La Conselleria da permiso a propietarios de pisos sociales en San Antón para ponerlos en alquiler

Tres viviendas han recibido una autorización excepcional para ofrecerse a terceros por causas justificadas, lo que se suma a los arrendamientos que también se permiten a titulares que tenían inquilinos en sus antiguas casas

Uno de los nuevos edificios sociales del barrio de San Antón. | MATÍAS SEGARRA

Uno de los nuevos edificios sociales del barrio de San Antón. | MATÍAS SEGARRA / a.fajardo

A. Fajardo

A. Fajardo

Vecinos de San Antón han empezado a poner en alquiler viviendas sociales que han sido construidas en los últimos seis años con fondos públicos dentro de un proyecto de regeneración pensado para realojar en condiciones dignas a los vecinos del humilde barrio de Elche. Al menos son los tres pisos que se han comenzado a arrendar a terceros y en estos tres casos han recibido la autorización de la Conselleria de Vivienda bajo el argumento de que son «causas excepcionales justificadas».

Una de las limitaciones de este tipo de inmuebles protegidos ya comercializados en régimen de venta es que la residencia debe de ser habitada de forma permanente por quien la compra y por tanto no se puede alquilar. Solo hay dos excepciones, según la empresa municipal Pimesa. Una es que el propietario tenga autorización de la Generalitat Valenciana para alquilar porque dispone de ese derecho reconocido en su escritura por haber tenido inquilinos en su antigua casa de San Antón (situación que se está dando en los nuevos pisos sociales del barrio y que según la empresa municipal está muy restringido para evitar que se puedan realquilar). Y la otra excepción que contempla la Administración autonómica es que el propietario sufra en su vida una causa sobrevenida y justifique su necesidad de alquilar la casa que es de su propiedad.

Un traslado por trabajo y una separación son dos de los motivos por los que la Conselleria ha considerado oportuno dar su visto bueno para que los dueños de unas viviendas que son de protección pública pero de régimen privado puedan ser alquiladas. Del tercer caso este diario no ha podido recabar los datos. No obstante, en todos ellos, tanto la Conselleria como la empresa pública Pimesa garantizan que se ha puesto un límite porque no es posible su arrendamiento a precio de mercado para evitar una especulación económica. En concreto, al tratarse de viviendas destinadas al arrendamiento calificadas de protección pública, la renta máxima anual se fija en el 3,5% del precio máximo legal.

Un piso nuevo del barrio de San Antón, al fondo, y un bloque antiguo

Un piso nuevo del barrio de San Antón, al fondo, y un bloque antiguo / MATIAS SEGARRA

Condiciones para alquilar

Asimismo, una de las condiciones que ha puesto la Generalitat es que el alquiler sea efectivo únicamente mientras dure esa situación excepcional y que los nuevos inquilinos que quieran acceder a esas casas nuevas de San Antón estén inscritos en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat Valenciana.

Fuentes de Pimesa aseguraron que estas autorizaciones excepcionales siguen criterios muy estrictos y que la Generalitat estudia muy detenidamente las solicitudes que le llegan para conceder los alquileres puntuales.

Otra cosa es lo que pueda ocurrir de forma irregular, sin ninguna notificación ni permiso oficial, como también se ha detectado en el barrio. De hecho, la propia mercantil municipal ha llegado a poner en conocimiento un caso a la Conselleria de Vivienda de un piso puesto en alquiler a través de una página web a precio de mercado, cuyo anuncio fue más tarde retirado.

La venta

Al tratarse de vivienda protegida, otro de los condicionantes de los pisos sociales de San Antón es que no se pueden vender en los diez primeros años a menos que sea por motivos excepcionales y también autorizados bajo un precio tasado. A partir de los 30 años sí que es posible sacarlos a la venta a un coste limitado. En ambos casos, la Generalitat puede ejercer su derecho de tanteo y retracto para adquirir la vivienda.

Tope máximo de 353 euros al mes para tener un techo digno

Pese a que la idea original del proyecto de regeneración urbana de San Antón ha sido trasladar a parte de sus vecinos (en concreto, a 284 familias) a viviendas nuevas que compran a un precio muy por debajo del mercado gracias a las ayudas públicas, la Generalitat ha acabado recurriendo a la fórmula del alquiler en este barrio. Más allá de los arrendamientos a terceros que se puedan estar produciendo por parte de los titulares de las casas recientemente construidas, la Generalitat Valenciana ha dado su autorización para que 33 pisos pasen al parque público de viviendas tras acreditar 33 familias a las que les correspondía realojarse que no tienen recursos suficientes para adquirir en propiedad una casa.

Estas personas vulnerables de San Antón tendrán acceso a un alquiler social abonando como máximo un 30% de su renta. Como tope máximo, abonarán entre 353 y 230 euros al mes por un plazo de siete años, sin contar con las bonificaciones que puedan obtener por su situación de vulnerabilidad.

Estas semanas, tras el permiso autonómico Servicios Sociales está realizando los informes caso por caso de la situación económica y social de cada una de las familias para fijar los precios de los alquileres, según Pimesa.

Al mismo tiempo para que puedan salir cuanto antes de sus viejas casas en estado de ruina, la empresa municipal ya ha empezado a requerirles documentación para adjudicarles en las próximas semanas las viviendas.