Condenan a la Generalitat por el retraso en pagar 90 millones a la concesionaria del Hospital del Vinalopó

El Tribunal Superior de Justicia ha condenado a la Generalitat a abonar a Elche Crevillente Salud SAU, la empresa concesionaria del departamento de salud del Hospital del Vinalopó, más de 240.000 euros en concepto de intereses de demora por el retraso en los pagos de facturas por más de 90 millones de euros entre enero de 2021 y octubre de 2022, según la resolución a la que ha tenido acceso el diario.

El acuerdo alcanzado en 2007 para la gestión del centro sanitario y del departamento de salud obligaba a Sanidad a abonar cada mes facturas por una cuantía fija modificable por anualidades. En cualquier caso se entendía que eran pagos a cuenta que variaban debido a altas y bajas de la población y era necesario saber el número exacto para el cómputo. Así con fecha 30 de septiembre de cada año se procedía a ejecutar las liquidaciones anuales. Esa jornada se contaban el número de tarjetas SIP del área de salud y se liquidaba lo que faltara o sobrara sobre esas facturas mensuales ya pagadas. 

Importes

El problema es que entre enero de 2021 y octubre de 2022 hubo ocho facturas que no se abonaron sin que haya más explicación que los problemas de liquidez del Consell. Seis de ellas, del primer año, eran por importes de 11.292.390,1 euros; y dos del segundo ejercicio por 11.781.172,59 euros cada una.

Treinta días después de presentarse la factura y no pagarse la Generalitat entraba en mora (antes de la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público el plazo era de 60 días), lo que daba derecho a la concesionaria a reclamar el pago de intereses más 1,5 puntos desde la fecha de entrega de la misma. La demanda de la mercantil reclamaba, además del pago de intereses, el pago de los intereses de los intereses. 

Un auto de la sala el 20 de junio advertía al Consell que debía hacerse cargo, pero hizo caso omiso y ahora también abonará las costas

Demanda

La Generalitat apenas ofreció resistencia a la demanda: no había pagado en tiempo y debía abonar intereses, pero llegó a juicio. De hecho, en vez de hacerlo el pasado 20 de junio, cuando aún era presidente Ximo Puig, la sala dictó un auto de medidas cautelares que reconocía el derecho de la recurrente a cobrar, pero siguió sin hacerlo. Y desde ese día hasta ahora, se han seguido sumando intereses. El TSJ tiene poco que resolver y para dar la razón a la concesionaria tiene en cuenta un acuerdo de enero de 2022, de la secretaria de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, que fijó la población a atender en 151.658 personas (es decir, un número de cartillas SIP), un incremento de revisión de un 4 % y un precio de 932,19 euros por persona para hacer los cálculos. Y le salen los números de la recurrente.

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Factura

«Parece claro -dice escuetamente el TSJ- que hay que dar la razón a Elche Crevillente Salud». Ahora bien, la sala discrepa sobre cuándo deben comenzar a contar el pago de estos y entiende que debe ser al día siguiente de la presentación de la factura. Así fija un derecho a percibir 247.072 euros, a los que habrá que rebajar en ejecución un día de pago de intereses a cada una de ellas. El fallo también condena a la Generalitat a las costas por un montante de 1.500 euros.

La Generalitat ha confirmado, a través del presidente Carlos Mazón y en varias ocasiones que la concesionaria seguirá con un nuevo contrato cuando expire en 2025 el actual si no hay contratiempos. Se da la circunstancia de que el Botànic (PSOE, Compromís y Podemos) quería llevar a cabo la reversión si hubiera mantenido el poder tras las elecciones de mayo del pasado año.