Puig rechaza vetar la venta de casas a extranjeros y plantea un foro sectorial con el turismo residencial

Un portazo en toda regla. Eso es lo que le ha propinado el presidente de la Generalitat y candidato del PSPV a la reelección, Ximo Puig, a la propuesta planteada por Compromís en el Senado para prohibir la venta de viviendas a extranjeros. Fue este miércoles, en la segunda jornada del Foro Vega Baja organizado por INFORMACIÓN, cuando los empresarios vinculados al turismo residencial le trasladaron su preocupación por la repercusión que este asunto pueda llegar a tener en países como el Reino Unido, de donde proceden gran parte de los clientes. El líder socialista descartó que la iniciativa pueda llegar a prosperar, al tiempo que lanzó un guiño a sus interlocutores con la promesa de una mesa sectorial que permita abordar problemas y agilizar proyectos.

Tras el encuentro empresarial celebrado el pasado martes con el candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, en el Casino de Orihuela, ayer le correspondió el turno en idéntico escenario a Ximo Puig. Fue en un acto en el que volvieron a estar presentes el codirector general de Euromarina, Antonio José Quesada; el CEO de Masa International, Antonio Soria; el administrador de Promociones Margallar, Antonio Vegara; el CEO de Empresas del Sol, Enrique Riquelme; el presidente del Grupo Marjal, Francisco Gómez; el CEO del Grupo Pemar, Francisco Pedrera; el presidente del Grupo Marcos, Francisco Marcos; el gerente de Santamar de la Vega, José Aguilar; el presidente de Hozono Global, Manuel Martínez Ortuño; el director de Tabisam, José Manuel Martínez Imbernón; y el director general de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna. 

También estuvieron de nuevo en la cita por parte de INFORMACIÓN el director general de Contenidos, Juan R. Gil; el director, Tomás Mayoral; el gerente, Ángel Angulo; y el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot.

El turismo residencial, de gran peso económico en la Vega Baja, volvió a ocupar gran parte del debate, y más a raíz de conocerse la presentación de una enmienda a la Ley de la Vivienda, por parte del senador de Compromís Carles Mulet, en la que se propone prohibir la venta de inmuebles a extranjeros, con algunas salvedades, durante tres años, en línea con una medida implementada en Canadá. La propuesta, según explican desde la formación, buscaría evitar la especulación, y para ello se plantea dicha moratoria desde la entrada en vigor de la ley para la venta de viviendas a personas físicas o jurídicas que no cuenten con la nacionalidad española desde un año antes de la operación. Los valencianistas argumentan que la nueva normativa supone un avance, pero que se necesita reforzar el control de los fondos buitres o los apartamentos turísticos.

Pues bien, la enmienda de Compromís, como cabía esperar, ha sentado fatal entre los empresarios vinculados al sector inmobiliario, que en el foro advirtieron del daño que puede ocasionarles, sobre todo cuando empiece a difundirse en países como el Reino Unido, de donde proceden gran parte de los compradores.

El asunto cogió por sorpresa a Ximo Puig, que en el momento de iniciarse el acto desconocía que se hubiese presentado esta enmienda por parte de uno de los partidos socios en el Botànic. El candidato socialista, no obstante, reaccionó con contundencia, aseverando que la iniciativa no va a prosperar y que, «en ningún caso, la vamos a respaldar». Tras destacar que la propuesta parte de un imaginario «bastante ridículo», quiso zanjar el tema subrayando que «Mulet no es el Gobierno valenciano», y que el Ejecutivo autonómico «no está de acuerdo con esta cuestión».

Los empresarios, al igual que hicieron el día anterior, se quejaron de la escasa atención que recibe el turismo residencial, así como de la extrema lentitud administrativa a la hora de la aprobación de los planes generales y la concesión de licencias, lo que mantiene paralizados numerosos proyectos e inversiones, favoreciendo a la competencia en comunidades cercanas como Murcia o Andalucía, o en países como Portugal o Turquía. En este sentido, también volvieron a insistir en su petición de que en la próxima legislatura se nombre a algún conseller de la Vega Baja, o que se cree una dirección general específica de turismo residencial.

Puig no cerró del todo la puerta a estas últimas peticiones, aunque se decantó preferentemente por crear una mesa sectorial permanente que sirva para abordar toda la problemática que concierne a esta actividad. Además, y ante las reticencias que entre los empresarios levanta la gestión de Compromís en materia medioambiental, el candidato del PSPV se comprometió a que este foro esté pilotado por la Dirección General de Urbanismo, sobre la que recaen la mayor parte de las competencias en la materia.

Según dijo, «de lo que se trata es de tener una comunicación directa para avanzar en la resolución de conflictos, abordar planes a medio y largo plazo y, también, dar salida a las cuestiones más urgentes», en referencia a aquellos proyectos que no presenten problemas.

Burocracia administrativa

El líder del PSPV, en cualquier caso, también quiso poner en evidencia las dificultades existentes para agilizar la burocracia administrativa. Así, y más allá de «engordar» la Administración con nuevos funcionarios, apostó por que oficinas validadas, como las consultorías, se encarguen de conceder licencias siempre que se cumplan los requisitos exigidos, una medida que, lamentó, no está funcionando de momento de manera adecuada debido a la resistencia que se está encontrando en algunos ayuntamientos. «El objetivo es insistir y que esta medida acabe poniéndose en práctica en todos los municipios», indicó.

Preguntado acerca de si la Generalitat está por la labor de facilitar la construcción de nuevos campos de golf, indicó que «cualquier actividad económica que sea compatible con el desarrollo social y ecológico se puede hacer», aunque siempre teniendo en cuenta los recursos hídricos disponibles, procedentes de depuradoras o desalinizadoras.

Puig aprovechó el encuentro para remarcar que la vivienda va a ser un objetivo central de la próxima legislatura y recordar el plan que está promoviendo la Generalitat para fomentaras las VPO a través de un pacto con las constructoras y los ayuntamientos, para lo cual se contará con fondos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que aportará hasta el 80% del coste de los inmuebles.

El banco del Consell aportará a las promotoras el 80% de la financiación para las viviendas de alquiler

Asimismo, y en referencia al PP, indicó que «hacer de la política fiscal el eje central de la campaña electoral es no entender la realidad de una comunidad autónoma», añadiendo a este respecto que, más allá de algunos ajustes que se puedan hacer, no va a haber variaciones importantes. En cualquier caso, enfatizó que «ser la segunda comunidad del país que más atracción inversora ha tenido no ha sido precisamente por ser un infierno fiscal».