El Botànic aprieta con la vivienda y aprueba un decreto en plena campaña

Uno de los temas centrales de la campaña es la vivienda y los partidos han reservado en sus programas y anuncios un capítulo especial. Hasta ahí todo formaría parte de la normalidad electoral, salvo por el hecho de que el Consell aprobó ayer el Reglamento de Vivienda de Protección Pública (VPP) y Régimen Jurídico de Patrimonio de Vivienda y Suelo de la Generalitat. Toda una declaración de intenciones de un Botànic que, en los últimos tres meses, ha puesto el acelerador en esta materia. 

La bandera que enarboló Unides Podem y, especialmente, el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, se ha convertido en un estandarte compartido para las formaciones del Ejecutivo valenciano, que expuso muy a las claras sus intenciones en la primera reunión del Consell que se celebraba tras empezar oficialmente la campaña. 

La vicepresidenta, Aitana Mas -Compromís-, compareció ante los medios sola, como suele ser habitual, y expuso de manera esquemática un reglamento que pretende acabar con la especulación y dar un giro en las políticas de Viviendas de Protección Pública (VPP). Entre las novedades, el Gobierno valenciano destacó dos: la primera es que los inmuebles que reciben esta denominación serán calificados así de manera permanente, al menos de entrada. 

El segundo punto novedoso es la fijación de precios máximos tanto para la venta como para el alquiler, si bien el desarrollo normativo flexibiliza estas cuestiones. De nuevo, lo reseñable está en el punto de partida y en la visión social que se ha querido dar a una norma que ahora tendrá que digerir el sector privado. 

Los precios máximos de venta, que, en este momento, será de 2.200 euros por metro cuadrado, «aunque podrá ser modificado en función de las variaciones en los costes del material, y no excederá nunca el precio de mercado de la vivienda libre de obra nueva», indica el texto.

Por otra parte, en el precio máximo del alquiler, incluidos los gastos de comunidad ordinarios, «se establecen diferentes tramos en función de los ingresos de las personas que integran la unidad de convivencia, adaptándose a las posibilidades reales de cada familia, usando como referencia el IPREM».

La vicepresidenta puso el ejemplo de que para «una familia cuyos ingresos por unidad familiar sea de 1.600 euros mensuales no se le podrán exigir más de 420 euros mensuales de alquiler para una vivienda tipo de 70 metros cuadrados». Para el Botànic, detrás de la aprobación también marcó un objetivo como «es la simplificación normativa» vigente hasta ahora en un único documento que regula tanto la promoción privada como la pública, además de la gestión del patrimonio público de viviendas y suelo de la Generalitat Valenciana. Pero también habría que sumar otro de carácter más político: «Hacer frente a la persistente escasez de oferta de vivienda asequible», lo que entronca con la inflación, el aumento de precios y la falta de vivienda pública ya sea vía iniciativa privada o pública. 

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Un tercer aspecto, que el Gobierno de Ximo Puig ha introducido, es que el decreto prevé la posibilidad de que la Generalitat «se reserve, por motivos sociales, la adquisición de un porcentaje de viviendas de protección pública en las promociones privadas de nueva construcción en áreas de necesidad de vivienda o en municipios con riesgo de despoblación, que podrá llegar al 100%».

A lo largo del decreto, la nueva norma especifica numerosos aspectos y delimita desde las condiciones en el cambio de titularidad como, por ejemplo, en caso de solicitar la renuncia el contrato deberá estar firmada por todas las personas integrantes de la unidad de convivencia (mayores de edad) y no se admitirán la de parte de los miembros.

Otro punto reseñable es que se permite el acceso a la propiedad de personas jurídicas, siempre que a las viviendas se les de un destino de arrendamiento o cesión y estos inmuebles sólo las podrán ocupar «personas físicas que cumplan los requisitos para acceder al alquiler» de acuerdo con la norma. En el ámbito técnico se marca que la superficie útil máxima de la VPP será de 90 metros cuadrados y excepcionalmente, la superficie útil máxima podrá alcanzar los 120 metros cuadrados útiles. 

Apuntes al margen, el decreto aprobado por el Botànic pasa a ser una nueva arma arrojadiza entre los bloques de izquierda y derecha a cuenta de un tema de máxima actualidad social y económica a tenor de las reiteradas subidas de intereses hipotecarios.