Incertidumbre en el alquiler: ¿qué sucederá sin la prórroga automática de contrato?

El Gobierno de España ha tomado la decisión de excluir la prórroga automática del contrato de alquiler de su último paquete de medidas anticrisis, generando incertidumbre entre los inquilinos sobre posibles aumentos en el precio de sus arriendos. Esta medida, que limitaba la subida de la renta por parte de los propietarios, ha sido objeto de controversia dentro del Ejecutivo de coalición.

Anteriormente, el límite para las subidas del alquiler estaba establecido en un 2% desde abril de 2022, basado en el contexto inflacionario. Esta restricción se mantendría hasta finales de año en todos los contratos vinculados al IPC. Sin embargo, a partir de 2024, el tope de incremento se elevará al 3%, según lo estipula la recientemente aprobada Ley de Vivienda tras largas negociaciones. Estos porcentajes representan el rango en el que podrían aumentar los alquileres en el próximo año.

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Además de la eliminación de la prórroga automática, que permitía renovar el contrato anualmente sin necesidad de una negociación específica, se ha extendido la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que la Ley de Vivienda convalidada por las Cortes Generales ofrece protección a las personas vulnerables, permitiéndoles extender la duración de los contratos por un año.

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La supresión de esta opción de prórroga automática significa que los contratos de arrendamiento no podrán extenderse de forma automática después del 30 de junio de 2023, a menos que se acuerden otras condiciones entre ambas partes o el propietario comunique su necesidad de ocupar la vivienda para uso propio o de un familiar cercano. Esta medida pone fin a una vía para mantener los contratos con un precio protegido por ley.

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En resumen, la eliminación de la prórroga automática del contrato de alquiler, junto con las limitaciones en las subidas establecidas por ley, plantea incertidumbre sobre el futuro de los precios de alquiler y la protección de los inquilinos. Las personas afectadas deberán estar atentas a las negociaciones con los propietarios y buscar alternativas para garantizar la estabilidad de sus alquileres en un contexto de subida del costo de la vivienda.