La defensa de Parodi asegura que "Abde no tenía contrato con el primer equipo del Hércules" y niega el alzamiento de bienes

La defensa del Carlos Parodi, actual presidente del Hércules, ha presentado un escrito en el juzgado para tratar de demostrar la inocencia del dirigente blanquiazul, negando que este haya incurrido, como le acusa la Fiscalía, en un posible delito de "alzamiento de bienes" por el traspaso de Abde al Fútbol Club Barcelona en 2021. El despacho que tutela a Parodi trata de desmontar en su alegato de doce páginas que el Hércules (y su representado como máximo responsable de la entidad) nunca buscaron ocultarle a Hacienda y a la Seguridad Social el monto recibido por la salida del futbolista (2 millones de euros), y que, desde 2015, el club ha mostrado intención de abonar la deuda contraída con los acreedores públicos en repetidas ocasiones.

En la misma línea esgrime que el troceo de los cheques ingresados desde la Fundación a la entidad blanquiazul obedecen al acuerdo suscrito entre ambas partes y que rige en la formación de jugadores, y también para que el club satisficiera en plazo las nóminas de la plantilla y los trabajadores, los plazos pactados con el Fisco y la Seguridad Social y, en último término, los gastos propios del día a día. Con su razonamiento niega que eso sea compatible con el alzamiento de bienes y que, debido a esto, "si no hay delito no puede haber culpabilidad".

El abogado sostiene que todo lo relativo a la marcha de Abde al Barça está detallado escrupulosamente en el "Convenio Marco de Colaboración firmado entre ambos el 30 de junio de 2014". Este reglamento tiene cuatro apartados que describen las diferentes remuneraciones que percibe la Fundación por la venta de canteranos o por la salida mediante la ejecución de una cláusula de rescisión (como en el caso de Abde). Los tres primeros se refieren a las ventas de futbolistas con contrato con el primer equipo y el cuarto a los que no disponen de licencia profesional, es decir, que siguen vinculados laboralmente a la Fundación, que era el caso del ahora atacante del Betis.

El 100% del dinero recibido por Abde pertenecía a la Fundación

"Los porcentajes, tanto en el caso del traspaso, como en el de la rescisión unilateral de los contratos, será, salvo acuerdo expreso en contrario de las partes, el 100% para la Fundación de la CV Hércules de Alicante si el jugador procedente del Fútbol Formativo de la Fundación Hércules no tuviere suscrito contrato profesional de la primera plantilla del Hércules Club de Fútbol SAD en la fecha en que se produzca el traspaso o la rescisión unilateral de su contrato", reza este apartado 4.

Para el responsable de la defensa de Carlos Parodi en el caso Abde, "el endoso del cheque se debe a lo acordado en el ANEXO I de 30 de junio de 2014 del Convenio Marco de Colaboración de 14 de junio de 2011 firmado entre HCF y COVAHER. Según dicho anexo, COVAHER (así nombra a la Fundación en su escrito) tenía derecho a cobrar el 100% de la cláusula de rescisión de Abde pagada por el Fútbol Club Barcelona por los siguientes motivos, el primero, porque el jugador procedía del fútbol formativo de la Fundación; y en segundo lugar, porque no tenía contrato con la primera plantilla en la fecha en que se produjo la rescisión (31 de agosto de 2021)".

En palabras del letrado, "la concurrencia de ambas circunstancias provocó que se endosase en esa fecha (último día de plazo del mercado estival de fichajes) el cheque por el HCF a COVAHER". Por ello, sostiene el abogado del presidente de la SAD blanquiazul, "no puede entenderse que ese endoso a la Fundación del cheque emitido por el Barcelona a favor del Hércules CF constituya un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación sino, pura y simplemente, un acto de disposición en cumplimiento del pacto suscrito entre HCF y COVAHER el 30 de junio de 2014", arguye.

El despacho que trata de convencer al juez de la inocencia de Parodi enumera en su escrito todos los pasos seguidos por el equipo alicantino desde que recibió los dos millones para intentar dejar claro que todo estaba sujeto a la legalidad y que, "bajo ningún concepto" hubo intento alguno de ocultar el ingreso a la Agencia Tributaria o, como sostiene el Fiscal, se incurrió en un delito de "alzamiento de bienes".

Un nuevo marco de colaboración

La imposición de una nueva categoría por parte de Federación Española de Fútbol y la consecuente desaparición de la Segunda B, categoría en la que estaba el Hércules, obligó a redimensionar las relaciones entre el fútbol formativo y el primer equipo. Eso obligó a la redacción de un nuevo convenio. El día que se formalizó la marcha de Abde a Can Barça, club y Fundación sellaron un acuerdo "de depósito en garantía". En virtud de ese acuerdo, "las partes convinieron, con la finalidad de que pudiera el Hércules atender regularmente pagos y obligaciones, que la Fundación se obliga a garantizar el normal desarrollo de la actividad del Hércules CF posibilitando el que pueda este atender regularmente el pago a sus proveedores y suministros, las nóminas de sus empleados y sus obligaciones fiscales y de seguridad social hasta el importe del cheque”, indica el abogado del presidente.

Eso motivó el troceo del monto ingresado a nombre de la Fundación en 34 cheques que se abonaban al club cuando este detallaba en un informe mensual la previsión de gastos, cantidades que la defensa de Parodi incluye en su escrito para eximir al máximo dirigente del delito del que se le acusa. Y para sustentar esa idea, aporta como prueba el informe del Jefe de Equipo Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Tributaria, que, según el escrito de defensa, "acreditan que los fondos obtenidos por la venta del jugador don Abdessamad Ezzalzouli fueron destinados al pago de tributos o tasas de la AEAT, cuotas de mutualidades de la Tesorería General de la Seguridad Social, nóminas y pago de deudas con la AEAT".

"No es que el club hiciera frente a 'otros pagos', sino que, como así reconoce el Inspector en su informe, el dinero de los 34 cheques se destinó a pagar deudas del club con distintos acreedores, entre ellos la AEAT. Es decir, al pago de deudas que el HCF mantenía con otros acreedores, entre los que se encontraba la propia Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social", indica Ignacio Gally, representante legal de Parodi.

"Parece lógico pensar que quien pretende alzarse con sus bienes en perjuicio de acreedores no ofrece a su acreedor un plan de pagos en un convenio singular con garantía bancaria consistente en aval", esgrime la defensa en su redacción para el juez, sustentando su alegato con los recibos de los ingresos realizados pormenorizadamente desde que se cristalizó el traspaso de Abde.

Libre absolución

El fiscal Martín López Nieto, desde el primer momento, cree que está acreditado que, tras las diligencias practicadas, "se considera que tal endoso se hizo para evitar un nuevo embargo", de los que la cuenta del Hércules había sufrido varios desde 2017 y, con ello, "evitar la pérdida de una cantidad", que se troceó en 33 cheques de 60.000 euros y uno de 15.772 a favor del Hércules, vaciando así la cuenta bancaria de la Fundación", recoge el auto de lo que vendría a ser el procesamiento.

El letrado defensor centra su estrategia en desmontar esa idea y entiende que procede "la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables". "No existiendo responsabilidad penal alguna, no procede la imposición de costas a esta parte. No existiendo delito no puede haber autor", zanja la defensa de Carlos Parodi, que cierra su alegato con la lista de testigos que deben prestar declaración, entre ellos la Real Federación Española de Fútbol. Con este testimonio pretende demostrar "que el pago de las nóminas era de obligado cumplimiento para la subsistencia del Club en aquel momento y que constituía una necesidad vital para el Hércules y para su permanencia", dado que lo contrario conlleva, por Ley, un descenso administrativo.