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Llanos Cano

Llanos Cano Ochando

Concejala del Grupo Municipal Socialista de Alicante

Ya están aquí

Juan García-Gallardo (Vox) y Alfonso Fernández Mañueco (PP). EFE

El pacto de gobierno en Castilla y León ha dinamitado la posibilidad de establecer un cordón sanitario en torno a la extrema derecha, ya que el PP ha posibilitado que alcance posiciones de gobierno.

En Francia y en Alemania, motores de la UE si existe el cordón sanitario a la extrema derecha. Tienen claro, el “no pasaran”, tienen claro que hay límites que no se pueden traspasar. Esta firmeza forma parte del ADN de su cultura política, en cualquier tiempo y lugar, en cualquier circunstancia, sin titubeos. 

Cuarenta años duró la pesadilla en España y cuarenta años después, la extrema derecha vuelve a un gobierno de la mano del PP. Un pacto que avergüenza a todos los demócratas, también, y mucho, a la derecha europea. Donald Tusk, jefe del Partido Popular Europeo y expresidente del Consejo Europeo, ha calificado este pacto de “capitulación” y ha afirmado que era una “triste sorpresa” y que esperaba que fuera solo un accidente y no una tendencia en la política española. 

La extrema derecha en el gobierno gracias a la complicidad de Feijóo, del Partido Popular español, supone una vergüenza y cruzar una línea roja. Se asume y blanquea el discurso de la ultraderecha, supone poner en peligro los derechos y libertades alcanzados en las últimas décadas en este país.

El acuerdo de gobierno suscrito en su parte programática es toda una relación de cuestiones que han sido negadas sistemáticamente por la extrema derecha (sic), evidenciando que es pura pantomima y tomando a la ciudadanía por idiota. Es cuando leemos las acciones que se explicitan en el documento acordado, donde se les ve el plumero, aunque intenten enterrarlo en retórica: - Negar la violencia de género transmutándola en violencia intrafamiliar, la familia tradicional como institución básica de la sociedad, potenciar la natalidad, proteger las tradiciones y la riqueza del español, etcétera. 

Esta decisión no es inocua, como no lo es en Andalucía, como no lo es en Alicante, donde comparten mesa y mantel, aunque no despacho. Para que la extrema derecha les consintiera los presupuestos, se ha aprobado una norma para multar a los pobres y a las víctimas de trata, se ha recortado el presupuesto en las áreas de LGTBI, igualdad, cooperación y se sube la dotación de la concejalía de la familia. No sabemos a qué familias quiere proteger Barcala, pero si sabemos que desde Vox se pretendía que desde esa concejalía se impartieran charlas contra la interrupción voluntaria del embarazo.

El PP acaba de dar carta de naturaleza a la retirada de subvenciones a entidades que desarrollan un trabajo impagable simplemente porque la extrema derecha las considera “ideológicas”, al perpetuo señalamiento de los inmigrantes vinculándolos con delincuencia, al PIN parental, a que el modelo de familia tradicional sea el único válido, a negar los asesinatos machistas, a relegar a las mujeres a un segundo plano y potenciarnos como meras paridoras de niños, a que las mujeres no puedan interrumpir voluntariamente su embarazo, a la segregación por sexos en las escuelas, a la derogación de la ley de memoria histórica, a eliminar la normativa de reconocimientos de derechos del colectivo LGTBI, etcétera.

Que suenen todas las alarmas, se acaba de normalizar los discursos del odio que chocan con los valores esenciales de la democracia. Naturalizar esto, que los ultras pueden ser aliados de gobierno, que quienes abanderan el discurso del odio y de la intolerancia pueden gobernar, es debilitar las instituciones. La ultraderecha socava el fundamento mismo de la democracia y el PP le ha abierto la puerta. Ya están aquí.

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