La pobreza empaña la Navidad en una provincia donde el 86% de los jóvenes no puede emanciparse

Con más o menos presupuesto, no creo que haya alguna familia en la provincia de Alicante que no haya incluido en sus conversaciones de los últimos días el debate en torno a la eterna pregunta que nos repetimos año tras año por estas fechas: ¿qué vamos a cenar en Nochebuena y qué comeremos en Navidad? Al final, el menú siempre es el mismo, pero la discusión forma parte del corolario que rodea la Navidad. Y este año, más que nunca, al comentario de si marisco fresco o congelado, jamón, almejas, cordero o el popular cocido con pelota, se ha sumado, fijo, el lamento general de cómo han subidos los precios, que el lechazo está por las nubes, que es imposible cocinar con los precios del aceite de oliva o incluso comprar un litro de leche. Esta Navidad todos somos un poco más pobres por la puñetera -perdonen la expresión- inflación.

Esta es, digo, la gran preocupación de esas familias que, sin embargo, sí tendrán la suerte de en poco más de una semana poder sentarse a la mesa y celebrar estas fechas en las que muchos nos reencontramos con ese hermano o hermana con los que resulta complicado juntarse el resto del año. Algunas familias, incluso, venidas del resto de España y de toda Europa podrán celebrar la Navidad sin mancharse en la cocina, en un hotel o restaurante de la provincia... que tampoco está mal y contribuye a que siga girando la rueda del sector turístico alicantino que es nuestra bandera más visible en todo el continente, lejos de ensoñaciones espaciales.

Pero, ¿y los que han convertido el comedor social en su segunda casa? Cada vez son más. Me ha venido a la cabeza esta pregunta tras leer los últimos datos sobre las atenciones que Cáritas, Cruz Roja y otras ONGs publican periódicamente para alertarnos de una realidad, la de la provincia, que en demasiadas ocasiones tratamos de meter debajo de la alfombra, a no ser que estemos a punto de entrar en carrera electoral.

La última prueba, el anuncio del Consell avanzando un ambicioso plan para construir mil viviendas de alquiler barato en tres años. Esos pisos que han desaparecido del mercado, que son promesas que se repiten año tras año, pero que nunca vienen acompañadas de grúas y movimiento de tierras.

La dimensión de la pobreza en la provincia sigue siendo inasumible, por mucho que las cifras macroeconómicas se empeñen en decir lo contrario; y los titulares sobre la compraventa de pisos, la llegada de turistas o la efervescencia del tardeo intenten demostrar lo contrario. Ambas realidades son ciertas, componen la desigualdad y crean una brecha que debe importarnos como sociedad.

Más de 69.000 alicantinos necesitan de los recursos de Cáritas, por ejemplo, para poder vivir. Nada más y nada menos que un 4% del total de la población de la provincia. Además, el 31,3% de los habitantes de la Comunidad Valenciana flirtea con la pobreza, lo que significa, en términos absolutos, más de 1,5 millones de personas, cerca de 600.000 en Alicante. Y, además, este año, debido al descontrol eléctrico, cerca de 300.000 personas ya no se pueden permitir tener la casa a una temperatura confortable. Pero al menos tienen un techo. Suena fuerte.

Ampliemos el foco. Según cifras del Banco Mundial, la pobreza extrema aumentó en 2021 por primera vez en los últimos 20 años. Se trató del peor revés de esta lacra global, como consecuencia de los efectos de la pandemia. Según sus datos actualizados, más de 100 millones de personas sufren pobreza extrema en el mundo y eso que la cantidad mínima de ingresos que una persona debe tener para no vivir en pobreza extrema es de 1,9 euros al día. ¿El precio de un café?

La lista de espera para acceder a una vivienda social en la provincia supera las 3.500 familias, de las que un 40% están en la ciudad de Alicante. El parque público de la Generalitat se queda muy corto y está completo, es decir, ocupado al 100%. Para atender a todos los demandantes de vivienda social habría que duplicar el actualmente disponible.

El gobierno autonómico se dio hace dos cursos un plazo de diez años para duplicar la oferta habitacional de carácter social y absorber toda la necesidad, que además ha crecido durante la pandemia. El 86% de los jóvenes residentes en la provincia de Alicante no pueden dejar la casa familiar para tener una propia, siendo las mujeres las que tienen mayor dificultad para independizarse. Además, una persona de entre 18 y 30 años tiene que destinar el 64% de su salario para pagar el alquiler si se emancipa en solitario, y un 35%, de media, si comparte piso. 20.000 alicantinos menores de 35 años viven de alquiler en la provincia de Alicante, de un colectivo formado por más de 60.000 personas.

En definitiva, unas cinco mil familias componen la lista de espera para acceder a una casa de alquiler. Los municipios agraciados en el último sorteo del Consell, que este periódico publicó hace dos semanas, son Alicante, El Campello, San Juan y San Vicente. En total, la Generalitat asegura tener previsto invertir hasta 2026 un total de 294 millones de euros sobre una superficie de 115.292 m2, que una vez edificada alcanzará los 221.140 m2. El informe económico estima un coste de 1.033 euros/2². Una superficie media de 90 m2 por vivienda y un coste de 92.970 euros por vivienda.

Datos y más datos que, desgraciadamente, no vienen acompañados de actuaciones concretas y no seré yo quien dude de las buenas intenciones del vicepresidente Héctor Illueca. El último proyecto ha llegado acompañado de subvenciones directas a los promotores (50.000 euros por vivienda). A cambio, compromiso de construir y gestionar los edificios durante 75 años. ¿Será el último anuncio? ¿Vendrá el plan acompañado de la seguridad jurídica para esquivar los impagos?

A partir de ahora y a medida que nos adentramos cada vez más en la precampaña electoral, los aspirantes a presidentes, alcaldes y concejales volverán a pedirnos los votos, nos prometerán no una, dos agencias espaciales y, por supuesto, techo para todos sin oír hablar de ordenanzas contra la pobreza. Es lo que toca cada cuatro años. Lo triste es que todo coincide en un tiempo en el que entre las colas frente a los locales, laicos o religiosos, donde se reparten alimentos y productos de aseo, cada vez es más común encontrarse a un amigo del que hace tiempo no tenías noticias o, incluso, a uno mismo. La vida te golpea cuando menos te lo esperas y ahora mismo, según revelaban esta semana los Bancos de Alimentos, el perfil de la persona necesitada -hasta ahora los más mayores con pensiones ínfimas- ha bajado para situarse entre los 27 y los 42 años. Da miedo.