Comunicación responsable: un compromiso institucional

La reciente convocatoria pública de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management solicitando a la ONU la inclusión de una nueva meta en la Agenda 2030, ha trascendido entre empresas y asociaciones que, además de unirse a la iniciativa, han profundizado en el porqué de su necesidad. Un llamamiento, en cambio, de poco interés, hasta el momento, para las instituciones públicas.

Este nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que sería el 18, se vincula con la comunicación responsable y surge de la necesidad de fomentar el diálogo entre empresas, instituciones públicas y ciudadanía para impulsar el desarrollo sostenible. Pero los ejes sobre los que descansa el reclamo del ODS 18 son de mayor calado. El diálogo abierto, la libertad de opinión y de prensa, el enfoque ético de las comunicaciones organizativas e institucionales, basado en hechos, la lucha contra las noticias falsas y la propaganda o la alfabetización mediática son requisitos imperantes en la sociedad.

Como espectadores o creadores de falsas noticias, medias verdades, propaganda, poca transparencia conductual y de decisión, o de cortinas de humo en torno al comportamiento de las organizaciones, nos rodean contenidos de dudosa veracidad; se comparten noticias sin comprobar las fuentes, se inventan noticias para distraer de lo que realmente interesa, se magnifica o se infravalora, se tergiversa, se difunden conductas faltas de ética, se construye información a medias con afectación directa en las personas y, muchas veces, a hechos consumados. Y, la responsabilidad de que esto ocurra recae en las instituciones públicas y sus gobernantes, las empresas y sus dirigentes, los medios sociales y sus redactores o en nosotros mismos, como individuos de la sociedad.

El poder que tienen los medios de comunicación y los medios sociales en el reflejo de las problemáticas sociales, en la construcción de la opinión pública y en la vertebración de las agendas política, social y mediática, es indiscutible. Pero tampoco se puede obviar el poder de las organizaciones que, siguiendo una conducta propia del modelo de información pública con el envío de notas de prensa, tiene el objetivo de mostrar la cara edulcorada de su comportamiento y, aunque logre embaucar a algunos, fomenta la desconfianza y la falta de credibilidad en otros en perjuicio de sus relaciones.

Velar por el derecho a la información veraz no se circunscribe solo a los medios masivos. Ya, desde principios del siglo XX y desde la perspectiva relacional, comunicar diciendo la verdad se convierte en el compromiso que empresas e instituciones adquieren con sus públicos. Por tanto, la falta de sinceridad no casa con una comunicación responsable pues no representa la responsabilidad de su conducta institucional o empresarial. Los públicos de cualquier entidad, en cuanto a que son públicos afectados por su comportamiento, tienen derecho a que la comunicación que les atañe sea verdadera, fidedigna; y, para que sea responsable, han de ser informados en tiempo y forma de las decisiones e implicaciones que puedan perturbar sus necesidades.

Las decisiones institucionales han de ser comunicadas de manera responsable ya que para crear o mantener las relaciones de equilibrio, confianza y credibilidad con los públicos; sobre todo, cuando su actividad es el servicio público. Para ello, se ha de contar con las partes interesadas para valorar su impacto y llegar al entendimiento mutuo antes de tomar decisiones o, rectificar y reconducir su conducta para reducir los impactos y solucionar los conflictos generados.

Si como ciudadanos está en nuestra mano hacer buen uso de la comunicación, mayor es la responsabilidad desde perfiles institucionales en el compromiso con los públicos. Porque para que la comunicación de quienes ostentan cargos de gestión y toman decisiones que afectan a las personas sea responsable, es necesario que el comportamiento, más allá de la legalidad, también sea responsable.

En la esfera pública, la responsabilidad emana de los deberes y obligaciones del cargo que se ostenta o de la institución a la que se representa. Por tanto, cualquier institución pública y sus gobernantes al servicio de la sociedad y de sus públicos, deberían ahondar en su comportamiento, en sus consecuencias, en qué y cómo comunican y en el nivel de responsabilidad adquirido.

Así pues, no basta con que las instituciones difundan su contribución a las metas de la Agenda 2030 para las relaciones éticas y sostenibles con sus públicos; deben evaluar sus conductas con impacto negativo para no quedarse en una mera declaración de intenciones o edulcorar sus resultados sostenibles.

El ODS 18 implica el compromiso con un comportamiento responsable con todos los públicos (comunidad, empleados, minorías, medios, activistas o sociedad en general). Debiendo ser parte de su naturaleza y fin, la comunicación responsable como nueva meta sostenible es una oportunidad para las instituciones públicas.