Modificar el reglamento municipal del Ayuntamiento de Alicante para retirar el sueldo y las competencias a los políticos imputados en causas judiciales cuando se nieguen a dimitir. Esa es la propuesta que el secretario general del PSOE en Alicante y candidato de los socialistas a la Alcaldía, Gabriel Echávarri, lanzó ayer, un día después de que el juez validara la investigación judicial sobre Rabasa, en la que están imputados la alcaldesa, Sonia Castedo y el empresario, Enrique Ortiz, entre otros. Echávarri asegura que incluirá esta iniciativa en su programa electoral de 2015.

El alcaldable agrega que su intención es promover una modificación del Reglamento Orgánico del Pleno para incluir esa cláusula y «evitar que los imputados que no quieran dimitir sigan desempeñando sus competencias municipales». El alusión a la alcaldesa, el líder de los socialistas incide en que «un imputado que está encausado por delitos de corrupción debería dimitir, pero si no lo hace, debemos tener mecanismos para que no pueda seguir gestionando dinero público». Echávarri aduce que «dado que no se puede retirar el acta de concejal, sí podemos vaciar de contenido sus funciones, retirándole las competencias y el sueldo». De lo contrario, añade, «nos enfrentamos a una situación como la del Ayuntamiento de Alicante, con una alcaldesa doblemente imputada por corrupción que no tiene ningún reparo en seguir adjudicando contratos al empresario que comparte estas imputaciones con ella».

Además de incluir esta propuesta en el programa electoral con el que el PSOE concurrirá a los próximos comicios, el grupo municipal socialista prevé someter al voto en el próximo pleno -el 28 de noviembre- una moción reclamando medidas de transparencia y contra la corrupción. En concreto, plantean aprobar una declaración de condena «sin paliativos» a los casos de corrupción en el sector público y privado y en cuyo texto se manifiesta que las administraciones deben tomar medidas «más eficaces y contundentes para prevenir y tratar este tipo de delitos». Entre ellas, se contempla un mayor control de los contratos y transparencia en la gestión urbanística. En la declaración que los socialistas pretenden que se vote en pleno también se manifiesta que «se deberían modificar las leyes para que a las personas imputadas por presuntos delitos de corrupción se les suspenda cautelarmente de sus cargos públicos, en tanto en cuanto no haya fallo judicial». También se insta a los partidos a «establecer mecanismos claros sobre responsabilidad política» a los imputados con independencia de las posibles responsabilidades penales. En la moción también se propone elaborar una ordenanza de transparencia a la oposición y los medios de comunicación se insta al Ayuntamiento de Alicante a tomar medidas encaminadas a garantizar todo lo anterior.