El debate sobre las vacunaciones irregulares de los cargos públicos monopolizó este miércoles el pleno de la Diputación de Alicante, en el que PSOE, Ciudadanos y Compromís votaron a favor de exigir a Bernabé Cano su renuncia al acta como diputado provincial y, de no ser así, instar a los populares a desligarlo de la disciplina de grupo, pasando por tanto a ser no adscrito. El PP votó en contra de las mociones de PSOE y de Compromís en las que, con el apoyo de Ciudadanos, pidieron expresamente la dimisión de Cano, además de solicitar que se investigue el caso del también diputado del PP Juan Bautista Roselló.

Los de Mazón se quedaron solos, por primera vez en un año y medio de mandato, pese a que Sanidad ha confirmado que ni Bernabé Cano ni Juan Bautista Roselló se encontraban entre los grupos prioritarios. Bernabé Cano se ausentó del debate y no quiso estar presente mientras se procedía a las votaciones. El PP votó en contra de la dimisión y la reprobación de Cano, así como su renuncia al acta, y la creación de una comisión de investigación sobre los cargos políticos que han acudido al centro de salud mental Doctor Esquerdo y su vacunación. Como era previsible, los grupos llevaron la vía de la confrontación al límite.

No obstante, el partido de Carlos Mazón sí aprobó la propuesta de Ciudadanos en la que se instaba a pedir la dimisión o el cese a los cargos públicos vacunados. Los populares se escudaron en que su voto a favor en ese punto llevaba implícito la solicitud de la dimisión o el cese, aunque no aclararon si se referían únicamente al cese de competencias que ya se había aprobado. Sin embargo, y ante las dudas de los grupos ante su posicionamiento, los populares dejaron claro que votarían en contra de las mociones de la izquierda en las que se pedía la dimisión cuando se hablaba expresamente de Bernabé Cano. Una vez terminado el pleno, el PP insistió en que ya ha abierto un expediente a Cano y que sigue a la espera de que la Conselleria de Sanidad investigue por completo las vacunaciones irregulares. Según insistieron textualmente, «hemos votado a favor de una moción en la que se pide el cese o dimisión de los vacunados, incluido Bernabé Cano».

Los grupos de la izquierda -PSOE y Compromís- formaron un bloque alternativo con Ciudadanos -socio de gobierno del PP- para reprobar la actuación y la dimisión del también alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, por haberse vacunado saltándose los protocolos. En primer lugar, se unieron en torno a la moción de Compromís para pedir esta dimisión y, además, para abrir una investigación sobre los cargos públicos que han acudido al centro Doctor Esquerdo y su vacunación. Esta moción se debatió tan solo unas horas después de que la Conselleria acusara a la Diputación de Alicante de incluir a Juan Bautista Roselló en los listados pese a no formar parte de los grupos de riesgo.

La izquierda y Ciudadanos también secundaron la propuesta del PSOE en la que se exige a Cano su renuncia al acta como diputado provincial y, en caso de no ser así, se insta al grupo popular de la Diputación de Alicante a desligarlo de la disciplina de grupo, pasando, por lo tanto, a formar parte del de no adscritos. Ante los reproches de los partidos de la oposición por no suspender de militancia al alcalde de La Nucía, el PP se recreó en poner el ventilador para criticar que Toni Francés se mudara a su domicilio de Penáguila pese al confinamiento perimetral de Alcoy y, además, puso el foco en la domiciliación del despacho profesional del asesor de Compromís en el Palacio Provincial y la ausencia de la preceptiva compatibilidad para ejercer. Este extremo fue desmentido por la coalición, que aseguró que el certificado para poder colegiarse se lo pidió la propia Diputación.

Lo que sí aprobó el PP es la propuesta de Ciudadanos que también incluía la investigación de todos los militantes con cargo electo que hayan recibido la vacuna y la creación de comisiones de investigación. En base a este texto, el diputado del PP Eduardo Dolón destacó la importancia de «investigar, analizar y estudiar» cada caso para valorar lo que ha sucedido, denunciando la falta de instrucciones sobre las dosis sobrantes. El PP recordó que, dando cumplimiento a la petición de Ciudadanos, el presidente firmó hace unos días el decreto de cese de las competencias, de forma permanente, del diputado Bernabé Cano. A través de otra moción firmada por el grupo popular, se pidió al presidente Ximo Puig que depure responsabilidades en la Conselleria de Sanidad.

Por su parte, el portavoz socialista y alcalde de Alcoy, Toni Francés, abogó por la dimisión de todos los cargos públicos del PSOE que han salido a la luz y, de igual manera, argumentó que Bernabé Cano «terminará dimitiendo porque no tiene otra salida política». El socialista acabó su intervención, lanzando una pregunta al aire: «¿Mazón va a ejercer la autoridad que le corresponde o esperará a que los hechos le sobrepasen?». El portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, añadió que «este asunto no va tanto de legalidad como de ética». Mientras, Gerard Fullana, portavoz de Compromís, apostilló que «el PP no tiene la autoridad moral para hacer dimitir a los cargos que se han vacunado. No nos gusta una Diputación con cargos que vienen de la época de Zaplana y de Ripoll».

Mazón retira las enmiendas al Fondo de Cooperación y abre vías de diálogo

El presidente pide comparecer en las Cortes y solicita la convocatoria de la comisión con el Consell

Carlos Mazón retiró del orden del día las enmiendas al proyecto de ley de la Generalitat que regula el Fondo de Cooperación Municipal. La decisión se tomó ayer por la mañana, poco antes del inicio del pleno, con el fin de apurar todas las vías de diálogo con el Consell y evitar la confrontación. Tal y como señaló Mazón, «queremos apurar todas las vías del diálogo, porque estoy convencido de que, si hay voluntad, habrá acuerdo».

En este sentido, ha pedido comparecer en les Cortes, junto a los expertos, para exponer la postura de la institución y los informes jurídicos y técnicos que, según dijo, les respaldan, apelando, entre otras cuestiones, a la autonomía local. Además, solicitó la convocatoria de la comisión bilateral entre la Diputación y la Generalitat para abordar esta cuestión «y buscar soluciones en ese foro de diálogo».

Por otra parte, durante el pleno telemático, se aprobó, con el respaldo de los grupos popular y Ciudadanos, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas que permitirá reducirlo en más de un 50%, pasando del 20,5% al 10%. De esta medida se beneficiarán más de 8.500 empresas de la provincia y reducirá los ingresos de la Diputación: de 6,5 a 3,3 millones.