El Consell ha aprobado el decreto ley para modificar el régimen sancionador covid dirigido a perseguir el botellón, al considerar esta práctica de riesgo asociada a los contagios entre la población más joven, que se considerarán una infracción grave con multas de 601 euros a 30.000 euros.
Con esta modificación del régimen sancionador se tipifica como infracción grave el consumo de alcohol en la vía pública. Además, se modifica el régimen de infracciones para convertir en falta grave la participación en reuniones, fiestas o actos similares cuando se constate que no se pueden mantener las medidas de prevención y distancia, y se reserva la falta muy grave para la organización y celebración de estos eventos, por la mayor responsabilidad que conlleva.
El Consell también ha aprobado la modificación de la Ley de Salud de 2014 para prohibir la venta de alcohol a partir de las 20 horas cuando no sea para consumo en el interior del local, según ha informado este viernes la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. El decreto incorpora una disposición para fijar la prohibición en todo tipo de establecimientos, desde las 22.00 horas a las 07.00 horas del día siguiente, de la venta de alcohol, excepto cuando esté destinada a su consumo en el interior del establecimiento. Queda incluida en esta prohibición la venta celebrada en establecimiento comercial, por teléfono o por cualquier otro medio, seguida del reparto a domicilio de los productos comprados, cuando dicho reparto se realice dentro de la franja horaria indicada. De esta forma, no se podrá comprar alcohol en supermercados, ni gasolineras pero sí consumirlo dentro de un restaurante.
Las multas al botellón en la Comunidad entrarán en vigor este sábado, un día después de que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) haya publicado el decreto ley del Consell que modifica el Régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las medidas de prevención del covid. El DOGV ha publicado una edición bis este viernes para modificar el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante el coronavirus, que entra en vigor al día siguiente.
El decreto está firmado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y las conselleras de Justicia, Gabriela Bravo, y Sanidad, Ana Barceló.
En un artículo único, se añade al régimen sancionador un nuevo apartado al artículo 6 del Decreto-ley 11/2020 relativo al consumo colectivo de cualquier tipo de bebida en la vía pública o demás espacios abiertos al público, cuando se constate por la autoridad inspectora que se impide o dificulta la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
Según ha explicado la Conselleria de Justicia, se califica como infracción grave la participación en botellones y, como muy grave, la organización de estos, con sanciones de entre 30.001 y 60.000 euros, que pueden alcanzar los 600.000 si son acumulativas.
La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha asegurado tras el pleno que "hay gente irresponsable en todas las franjas de edad y que no es una cuestión de criminalizar a los jóvenes", por lo que ha explicado que estas medidas son una manera de concienciar de la importancia de protegerse contra el virus "y no para responsabilizar a nadie de los contagios". La vicepresidenta ha añadido que "esta enfermedad puede impactar gravemente en cualquier persona, no por tener menos edad eres inmune a acabar en la UCI".
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido esta mañana la reunión de coordinación de seguridad de medidas covid, a la que ha asistido también la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, y representantes de los ayuntamientos de Valencia, Castellón y Alicante.
Tras el encuentro, la consellera de Justicia ha asegurado que "apelamos a la responsabilidad de los jóvenes”, señalando que en la reunión se han establecido líneas de coordinación y se ha solicitado la máxima colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y los municipios para que refuerce el control y la vigilancia de las medidas de prevención frente a la covid, en especial, las aglomeraciones y prácticas como el botellón.
