Cs se pone de perfil y deja vía libre a la izquierda para aprobar una moción contra la corrupción del PP

Funcionarios interinos toman la palabra en el pleno de la Diputación para pedir parar las oposiciones y Carlos Mazón dice que bloqueará los procesos selectivos hasta que el Gobierno resuelva la situación

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, habla con los interinos que protestaron a las puertas del Palacio Provincial, antes del pleno. | PILAR CORTÉS

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, habla con los interinos que protestaron a las puertas del Palacio Provincial, antes del pleno. | PILAR CORTÉS / rubénmíguezr.m.r.m.

Rubén Míguez

Rubén Míguez

La Diputación de Alicante aprobó este miércoles una moción de condena a la «corrupción estructural» del Partido Popular, formación que preside, precisamente, la institución provincial. Ha sido el socio de los populares, Ciudadanos, quien con la abstención de sus dos diputados, Javier Gutiérrez y Julia Parra, permitió que los votos de los 14 diputados socialistas y del de Compromís, promotor de la moción, fueran suficientes para aprobar esa condena a la corrupción del PP. Cs se puso de perfil para evitar que se le acusara de no condenar los casos en los que están o han estado envueltos cargos populares.

La moción, además de esa condena a la «corrupción estructural» del PP, también pedía instaurar una serie de líneas rojas para evitarla en la Diputación. Pese a que el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, fue muy crítico con la exposición del portavoz de Compromís, Gerard Fullana, y pidió condenar todos los casos de corrupción y no centrarlos en los del PP, acusándole de llevar una moción «llena de valoraciones subjetivas y similitudes que rozan peligrosamente la injuria e ignoran la realidad», finalmente su formación decidió no votar en contra, a pesar de que sabía que con su abstención la propuesta saldría adelante.

De hecho, Cs defendió en el pleno una enmienda a la totalidad alternativa a la moción en la que solicitaba solo la reprobación por parte del pleno de los hechos reconocidos en la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al ex tesorero general del PP, Luis Bárcenas, y al PP, como responsable civil subsidiario de un delito de corrupción política. Enmienda que rechazó el proponente, Compromís, por lo que no se tuvo en cuenta. Por momentos, el portavoz de Cs parecía más el del PP argumentando que Compromís estaba «embarrando una y otra vez con asuntos referidos a otros ámbitos y a otros tiempos» y pidiendo respeto a los procedimientos pendientes de resolución. Incluso, el diputado del PP Eduardo Dolón encargado de tomar la palabra en esta moción, hizo suyas las argumentaciones de Cs y no dudó en decir lo de acuerdo que estaba con las mismas.

Fullana, por su parte, desgranó los casos más conocidos de corrupción en el seno del PP y pidió a los populares que, «si tuvieran un mínimo de dignidad, hoy condenarían la situación». El debate fue ganando en intensidad, también dialéctica, y el portavoz del PSOE, Toni Francés, no dudó en afirmar que el PP «era una mafia engrasada de corrupción, en el que todo su sistema estaba diseñado para recibir fondos y comisiones». «El campeón de los campeones» de la corrupción, añadió el diputado alcoyano, es el PP de la Comunidad Valenciana, y aseguró que en la provincia de Alicante fue «donde nació la corrupción en la Comunidad a través de los gobiernos del señor Zaplana», algo que no gustó al presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, que se lo reprochó. El PP decidió basar su oposición a la moción en señalar que no se incluyera a la líder de Compromís, Mónica Oltra, por los «asuntos turbios», dijo Eduardo Dolón, de la coalición, en referencia al caso del abuso a una menor por parte del exmarido de la vicepresidenta del Consell.

Durante la sesión, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, invitó a representantes del grupo de funcionarios interinos de la institución, con quienes se había reunido previamente a las puertas del Palacio Provincial, a tomar la palabra en el salón de plenos para exponer las demandas de este colectivo que está a la espera de la tramitación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes contra la reducción de la temporalidad en el empleo público. Mazón les trasladó que la institución provincial tiene paralizados todos los procesos de oposición y que no los retomará hasta que el Gobierno apruebe ese texto, cuyo proyecto de ley tramita actualmente el Congreso, establece el régimen jurídico de los procesos de estabilización y recoge que aquellas convocatorias publicadas en el Diario Oficial con anterioridad al 8 de julio de este año seguirán ejecutándose. En ese supuesto se encuentran 14 procesos selectivos que afectan a 271 plazas de la Administración provincial, que tiene todos los procedimientos parados.

Rechazo a implantar una tasa turística

La moción registrada por Compromís que pretendía que la Diputación apoyara la implantación de una tasa turística que gravara las estancias en la Comunidad Valenciana fue rechazada con los votos en contra del resto de formaciones, PP, PSOE y Cs. Los portavoces de estos tres partidos coincidieron en señalar que esa tasa, que en realidad es un impuesto, perjudicaría al sector turístico y les supondría más pérdidas de las que ya ha tenido por culpa de la pandemia. Por otro lado, sí salió adelante la moción conjunta de PP y Cs reclamando más inversión en los presupuestos generales, contando con la abstención del PSOE y de Compromís.

Contratos programa para servicios sociales

El pleno de la Diputación aprobó, por unanimidad, los primeros contratos programa para financiar los servicios sociales municipales en once localidades, que se enmarcan en el acuerdo de colaboración alcanzado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El pacto suscrito con el departamento que dirige Mónica Oltra, de Compromís, ha sido puesto como ejemplo de «coordinación» y resultado del «consenso y la voluntariedad y no de la imposición» por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón (PP). En los próximos cuatro años asumirá, con más de 12 millones de euros, el coste de las prestaciones sociales y las plantillas de los equipos de los municipios.

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