Una bronca parlamentaria de alto voltaje. La sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, celebrada este jueves en las Cortes, sirvió de termómetro para diagnosticar el clima de extrema tensión que domina la política valenciana. Las posiciones a derecha e izquierda están tan alejadas como de costumbre, pero las causas judiciales que salpican al hermano del jefe del Consell, por un lado, y a la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mónica Oltra, por otro, pusieron en bandeja a la oposición una línea de ataque que, de ahora en adelante, promete enfangar el debate hasta límites inusitados para el Botànic. De nada sirvió que, una vez más, el líder regional enarbolara el discurso en defensa de la autonomía judicial. Tampoco le dio resultado defender que el Ejecutivo que lidera está "absolutamente tranquilo" sobre la investigación a las ayudas públicas de su hermano; ni defender, de nuevo, a la consellera de Igualdad porque, a su juicio, ya ha dado explicaciones sobre el presunto ocultamiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido. La oposición evidenció que ha encontrado en estas dos causas el leitmotiv con el que elevar el ruido para exigir la cabeza de Oltra y, ahora también, reclamar responsabilidades al presidente autonómico. Las mismas que, según le reprocharon, pedían ellos hasta 2015, cuando asumían el rol de fiscalizar al Gobierno.
Los grupos del PP, Cs y Vox acudieron al Parlamento dispuestos a no dar tregua con base en un relato común: Oltra debe dimitir tras la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València al TSJCV para que sea imputada. Si se niega a dejar el cargo, debe de ser Puig quien tome las riendas para cesarla en sus competencias, según la oposición. Pero eso es algo que vaticinan que no pasará porque alegan que el líder autonómico está maniatado después de que su hermano, Francesc Puig, haya sido citado a declarar como investigado tras una denuncia del PP por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental en la tramitación de varios tipos de ayudas, algunas de ellas de la propia Generalitat. El debate subió de revoluciones hasta el punto que el presidente de las Cortes, Enric Morera, precisó detener la sesión en diversas ocasiones para reclamar silencio ante la constante algarabía. El Botànic, por su parte, hizo una defensa férrea sobre su trabajo el frente del Gobierno autonómico y sobre su honorabilidad.
Un "pacto de silencio" para evitar exigirse responsabilidades políticas de forma mutua. Eso es lo que la síndica del PP, María José Catalá, dijo que existe entre Oltra y Puig . "Su consellera no gestiona, está paralizada, sobrepasada y se dedica todo el día a defenderse y Puig debería tomar cartas en el asunto, pero claro, no puede. Está atado de pies y manos", le espetó Catalá al presidente, a quien le preguntó si la Abogacía de la Generalitat va a personarse en el caso de su hermano, afirmando que "si piensa que todo está bien, no tendrá ninguna duda en hacerlo". Tras la sesión, anunció que pedirán la comparecencia del director de la Abogacía de la Generalitat para que explique "por orden de quién" no se ha personado la Generalitat en esta causa. El síndic socialista, Manolo Mata, replicó que Catalá "es muy mala persona" y "es feliz en el barro", ya que el hermano de Puig tiene el 5 % en esas empresas investigadas y la Generalitat es "ajena totalmente" a esta caso, en la que no se la investiga.
Ximo Puig, por su parte, enfatizó que preside un gobierno honrado que respeta la democracia y defiende la autonomía judicial. Reprochó a la síndica popular que lo que más le preocupa en la situación actual, con una grave crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sea si la Abogacía se ha de personar en el caso que hay contra una "empresa determinada", sin entrar en ningún momento al fondo de la cuestión. Eso sí, dejó claro que en el momento en el que sea oportuno "no habrá ningún problema en que la Generalitat se persone", zanjó. En cualquier caso, y en una posterior réplica Vox, afirmó que no tiene intención de remodelar el Consell y que, por tanto, Oltra debe de permanecer en la vicepresidencia primera.
Oltra, por su parte, puso nombre y apellidos a los urdidores de la "cacería política" que asegura estar sufriendo con relación a la causa judicial que la ha dejado al borde de la imputación. La número dos de la Generalitat mostró una fotografía en la que se ve al expresidente del Consell Francisco Camps, a la fundadora de Vox Valencia Cristina Seguí y al director ejecutivo de Ribera Salud Alberto de Rosa hablando en la estación del AVE en Atocha, Madrid. "El nexo de unión es el dinero y desde luego la cacería hacia mi persona", aseveró Oltra desde su escaño. De esa forma, dijo que en las reversiones sanitarias llevadas a cabo por el Botànic, la última de ellas en el Hospital de Torrevieja, "ya no permite hacer negocio con la salud" y dicha empresa ha perdido "ingresos millonarios". Añadió que el director de Ribera Salud tiene un hermano, Fernando de Rosa, que es senador del PP y fue presidente de la Audiencia Provincial y conseller de Justicia con Camps, y que Ribera Salud ofreció trabajo a la niña abusada en un hospital a punto de revertir su gestión privada a la sanidad pública, tras lo que el Ateneo de Valencia hizo un "espectáculo y una grosera exhibición" en un acto con la víctima para recaudar fondos que fue presentado, precisamente, por Seguí. Oltra aseveró que al frente del Ateneo Mercantil de València está Carmen de Rosa, hermana de Alberto y Fernando de Rosa. "Unan los puntos", aseveró la vicepresidenta.
