Anticorrupción pide 19 años de prisión contra Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro español del Partido Popular. Esta vez su imputación y petición de cárcel se vincula al caso conocido como Erial, en el que, presuntamente, Zaplana es responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas y el cobro de comisiones en las adjudicaciones de parques eólicos cuando era presidente de la Comunidad Valenciana.
Posibles delitos
Este caso ya le hizo pasar por la prisión de Picassent a finales de mayo de 2018 después de que el juez ordenara prisión preventiva y sin fianza. También solicitan una multa de 40 millones de euros y otras dos que suman un total de 108.000 euros. Se le imputan los posibles delitos relacionados con organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
Desde el grupo Compromís se solicitó en 2021 la retirada de todas las placas que le rinden honor en la Diputación de Alicante. La propuesta no fue aceptada por el PP y Cs argumentando que no se había abierto juicio oral. Los valencianistas presentaron la propuesta, amparándose en la ley aprobada por el Consell que prohíbe poner placas conmemorativas referenciales a los cargos electos que participen de la decisión de realizar la construcción de una infraestructura en el desempeño de sus labores. Ahora, desde Compromís, vuelven a presentar la propuesta, esta vez con motivo de la apertura de juicio oral, de su implicación en el caso y las peticiones de condenas.
Esta no será la primera vez que se debata sobre Eduardo Zaplana en el hemiciclo provincial. En un comunicado remitido por Compromís, los valencianistas ligan al expresidente de la Generalitat con diferentes cargos: "Miguel Ortiz, exalcalde de Altea y senador ahora es gerente de Proaguas, Guillermina Jover responsable de la comunicación de Ripoll y excoordinadora de Canal 9, en este momento trabaja como coordinadora de Atención al Público del Museo Arqueológico (Marq), y el exdiputado nacional y exdirector general de Interior, José López Garrido, y el antiguo director del IVAJ, Marcos Alós, se encuentran entre el personal directivo del Consorcio Provincial de Bomberos".
Personaje político
Para el portavoz de Compromís, Gerard Fullana: "Mazón no puede seguir obligando a ni un ciudadano más a seguir desfilando por delante de placas que rinden honores y enaltecen la figura del personaje político que arruinó las arcas valencianas, que mancho de corrupción nuestra historia y que es el referente de la época negra de nuestra autonomía. El presidente de la Diputación copia los pasos de Zaplana, ha convertido la institución provincial en una agencia de colocación del zaplanismo, ha instaurado las políticas de las grandes promesas y los macroproyectos, de la nula gestión en favor de un buen titular". El propio Fullana añade: "Zaplana y su forma de hacer política fueron expulsados el año 2015 de la política valenciana con los votos de las personas, ahora a Mazón le toca expulsar su enaltecimiento de las instituciones alicantinas".
Compromís se ha visto obligado a enmendar su propia propuesta, ya que poco después de presentarla se conoció la condena al exdiputado provincial Juan Roselló en el caso Brugal por amañar contratos a cambio de 600.000 euros. “Tanto los hechos imputados a Zaplana como los hechos imputados a Rosselló se llevaron a cabo en gobiernos donde Mazon tenía altas responsabilidades, es difícil creer que todo esto pasaba y que él no se enteraba de absolutamente nada. Ahora tiene la oportunidad de condenar los hechos ”, ha remarcado Fullana.
