La luz verde definitiva para el presupuesto de la Diputación de Alicante del próximo año está mucho más cerca. Así lo considera el equipo de gobierno de la institución provincial, formado por PP y Cs, que sostiene que, después de que el TSJ de la Comunidad Valenciana suspendiera el pasado viernes de forma cautelar la ejecución del acuerdo del Consell, que obligaba a la Diputación a aportar 13,4 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal para el ejercicio 2023, el camino para sacar adelante las cuentas de la institución ha quedado bastante más despejado. 

El equipo de gobierno siente que ahora tiene el camino libre y está convencido de que el presupuesto se aprobará antes de que finalice el presente año y, por lo tanto, entrará dentro del plazo. «Haber tenido que esperar el auto del TSJ ha constreñido los plazos pero ya teníamos el trabajo adelantado. La única duda que tenemos ahora es si las cuentas se aprobarán antes de Navidad o en la semana entre el 26 y el 30 de diciembre, pero antes de que acabe el año seguro», asegura el portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, en nombre del equipo de gobierno.

Trabajo avanzado

El también diputado de Infraestructuras afirma que, aunque se ha estado esperando al TSJ, había mucho trabajo avanzado en materia presupuestaria. Prueba de ello es que en el Palacio Provincial se ha estado trabajando con dos presupuestos en paralelo, para tener un plan b activado en el caso de que, finalmente, se hubieran tenido que aportar los 13,4 millones al plan inversor del Consell. «Va a ser un presupuesto de inversión y reactivación de la economía para llegar a las zonas de la provincia que se encuentran más necesitadas en estos momentos», añade el propio Gutiérrez.

Una de las mayores polémicas en estos encuentros, una vez conocido el auto del TSJ, gira en torno a la ayuda de la Diputación que recibirán los municipios más pequeños de la provincia. Desde el equipo de gobierno señalan que estas localidades no tienen que preocuparse, ya que obtendrán recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades.No se opina de la misma forma desde la oposición, formada por PSPV y Compromís, ya que consideran que los municipios más pequeños recibirán menos ayuda al desmarcarse la Diputación del Fondo de Cooperación y no aportar los 13,4 millones previstos.

Modelo propio

Sobre esta polémica, Gutiérrez señala que la institución provincial «tiene su propio modelo de reparto para ayudar a los municipios más pequeños, sin que la Generalitat tenga que venir a pasar el rodillo». En este sentido, añade: «Estas localidades pueden estar tranquilas porque es mentira que vayan a recibir menos dinero. En nuestro presupuesto se van a fijar las mismas cantidades y no van a salir perjudicados», apostilla el portavoz de Cs, antes de dejar un recado dirigido al director general de Administración Local de la Generalitat, Toni Such: «Está evidenciando un profundo desconocimiento de lo que ocurre en la provincia de Alicante. Debería saber cómo trabaja la Diputación, con un reparto justo y equitativo».

No opina de la misma manera el portavoz del grupo socialista, Toni Francés, quien carga directamente contra el presidente de la institución, el popular Carlos Mazón. «Estamos muy cabreados con la actitud que ha mostrado, porque ha actuado sabiendo que se va a destinar menos dinero a los municipios más pequeños», apunta el también alcalde de Alcoy. Francés recuerda que las diputaciones de Valencia y Castellón sí que se implican con el Fondo de Cooperación, mientras que Mazón «ha quedado deslegitimado para representar a la provincia» porque, considera, ha utilizado argumentos «perversos» que van en contra de los municipios.

Objetivo: paliar los efectos de la inflación y la crisis de la energía

Más allá de la polémica entre la Diputación y la Generalitat en torno al Fondo de Cooperación, entrados en materia a la hora de dar forma a los presupuestos del próximo año, uno de los primeros objetivos del equipo de gobierno es el de dar respuesta a los problemas que se han derivado de la guerra de Ucrania, entre los que destacan el alza inflacionista y la crisis energética. En las cuentas quedarán reflejados los recursos que se destinarán para estas dos cuestiones, que están causado muchos problemas tanto a los ayuntamientos de la provincia como a los sectores productivos y a la propia ciudadanía. De momento, el presidente, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de un fondo de emergencia para estas cuestiones, dotado con 115 millones.