La abolición de la prostitución, de eje social a prioridad máxima

Las modificaciones puntuales de la Ley de Carreteras y de la Espectáculos Públicos presentadas por el Grupo Socialistas en las Cortes han pasado de ser bandera política a una «urgencia» social. La iniciativa, que no gustó a Compromís, se vio ayer doblemente respaldada por el PSPV y por la propia consellera Gabriela Bravo.

Desde la sede de los socialistas, la vicesecretaria general Ana Domínguez se preocupó de explicar los motivos por los que el grupo parlamentario había pasado unas modificaciones de ley por la vía de la lectura única. La representante del PSPV subrayó que los textos «van en estricto cumplimiento de esa PNL» que el Botànic aprobó en 2019 y, además, los datos demuestran que estos cambios son «urgentes», en referencia al dato dado en un foro organizado por la Generalitat y donde se apuntó a que hay unas 100.000 mujeres víctimas de las explotación sexual en la Comunidad Valenciana. 

Domínguez insistió en que el modelo abolicionista dista mucho del «prohibicionista» que se puede ver en la ciudad de Alicante amparado por los gobiernos de derecha y extrema derecha. La vicesecretaria consideró que los cambios propuestos protegen a las víctimas y carga contra los puteros y proxenetas. 

Por otra parte, la vicesecretaria argumentó la «especial vulnerabilidad» que viven las mujeres que son explotadas sexualmente en las carreteras. De ahí que la prohibición y las infracciones se dirijan a quienes vayan a demandar sexo por dinero. 

También es indicativo el impulso que se quiere dar desde las filas socialistas al abolicionismo contra la prostitución, de hecho la modificación propuesta en la Ley de Espectáculos Públicos permite a los cuerpos y fuerzas de seguridad actuar con el cierre de los establecimientos donde se incite al consumo de sexo.

Sumar más municipios

Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se desplazó al Ayuntamiento de Paterna, gobernado por el PSOE, para apoyar la ordenanza abolicionistas contra la prostitución «según el modelo que su departamento puso a su disposición en mayo de 2022».

Con esta localidad valenciana, son nueve los municipios que han aprobado esta medida, mientras que hay ocho que la tienen en trámite y otros 34 han manifestado su intención de hacerlo.

«Pese a que estamos situando el debate sobre la prostitución en la opinión pública y dando pequeños pasos, los avances son escasos porque estos 51 municipios solo suponen el 9,4 % de las 542 corporaciones de la Comunitat Valenciana», lamentó la titular autonómica. Bravo, además, anunció que se reunirá con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el eldense Rubén Alfaro, para «seguir instando a los ayuntamientos a incorporar la ordenanza como una prioridad». Entre otros aspectos, el borrador de ordenanza de la Generalitat persigue a los proxenetas y a los clientes de sexo pagado con multas de hasta 1.500 euros. 

Así en menos de 24 horas, el PSPV ha vuelto a poner en el centro un asunto que abrió una importante y conocida brecha en el seno del Botànic con Gabriela Bravo y la ex vicepresidenta Mónica Oltra como protagonistas. Ante las preguntas de los medios, la vicesecretaria socialista aseguró que hay tiempo para llegar a acuerdos con el resto de formaciones y trasladó la disposición de su partido a consensuar las proposiciones presentadas en el parlamento autonómico. 

Con un mes por delante, todo es posible; aunque, los últimos acontecimientos apuntan a que las formaciones del Botànic ya no quieren esconder sus diferencias, muy al contrario parecen cómodos aireándolas.