El Síndic de Greuges advierte de la desidia administrativa hacia la ciudadanía

A miles de políticos y funcionarios les tuvieron que pitar ayer los oídos durante buena parte de la mañana a tenor del informe que el Síndic de Greuges presentó en las Cortes Valencianas. Un total de 14.873 consultas y 4.071 quejas respaldan la crítica dura y vehemente que Ángel Luna, junto a sus adjuntos Concepción Bru y Carlos Castillo, relatara durante más de media hora como las administraciones públicas (empleados y mandatarios) no se toman en serio sus propias leyes y desprecian a los ciudadanos con sus silencios y burocracia imposible.

La situación es de una «perplejidad» tal que el defensor del pueblo valenciano optó por trabajar para mejorar el «ranking» de administraciones incumplidoras con la esperanza de que el sonrojo y el bochorno hagan mella ante unas instituciones que se han convertido en «tierra hostil». «Esto es así porque no contestan a las demandas ciudadanas, les exige demasiados requisitos», no se entiende lo que se les pide y porque se les atiende con falta de empatía. 

El Síndic de Greuges califica a la administración como "territorio hostil" para el ciudadano

Ángel Luna argumentó que «tras la pandemia, quedan notables secuelas que complican las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones encargadas de atender sus derechos». El abuso de la cita previa, las contradicciones para pedir cualquier ayuda social se suman a cuestiones que se han enrarecido aún más respecto a otros años. En primer lugar, está la negativa de la Conselleria de Igualdad y Políticas a facilitar las actas de las inspecciones que se realizan en residencias de mayores y centros de menores. 

En segundo lugar, está la deficitaria atención sanitaria, especialmente en el ámbito de la salud mental que ha obligado a que el Síndic de Greuges amplíe la investigación de oficio para analizar los protocolos y medios de coordinación existentes entre Educación y Sanidad. 

«Tras la pandemia, quedan notables secuelas que complican la relación entre la administración y la ciudadanía»

En tercer lugar, y calificado como grave por el propio síndic, está la deteriorada democracia interna que se vive, sobre todo, en los ayuntamientos y que ha dado paso a que aumenten las quejas de ediles que no pueden acceder a información pública. 

«Tenemos poca capacidad de coerción, salvo por el hecho de que las denuncias se publican», comentó y, puesto que este parece ser el único acicate que entiende los representantes públicos, el Síndic prepara una especie de ranking para calificar la colaboración o falta de ella que ejerzan las entidades públicas. 

CITA PREVIA

No hay ley que lo ampare

«La cita previa no deriva de ninguna ley», aseguró Ángel Luna. «Hoy en día es una comodidad de algunas administraciones para organizarse mejor el trabajo», explicó el síndic. Para el defensor del pueblo solo está justificada en áreas como la atención sanitaria, no así en departamentos como el padrón. Además, y aunque se escape de sus competencias, recordó el caso de la Seguridad Social, donde algunas mafias han secuestrado este sistema. Mantenerlo infringe los derechos de los ciudadanos y señaló casos paradigmáticos como que la administración obligue a que se haga el trámite electrónico a personas sin recursos. 

SANIDAD

Atención primaria y listas de espera

El 5% de las quejas presentadas en 2022 respondieron a este ámbito. De las 147 reclamaciones, 56 correspondieron a las atención especializada. Para el Síndic de Greuges, «se arrastran importantes secuelas de la pandemia». Aunque no es el área que más denuncias recibe, describe un problema básico y estructural. «A los retrasos en la atención primaria y en las especialidades se unen las listas de espera hospitalarias, situadas en parámetros inaceptables, que provocan desesperación en los usuarios». En este caso, la institución pide un «ejercicio de transparencia» para erradicar las sospechas de agravios y realismo», pues los ciudadanos lo que necesitan es una explicación «comprensible, veraz y razonable». 

«Tenemos poca capacidad de coerción, salvo porque las denuncias se publican»

SALUD MENTAL

Más contundencia 

Para el defensor valenciano, estamos ante un capítulo especial. El informe apunta a once quejas, pero recuerda el expediente abierto de oficio en el departamento de la Marina Alta y que dio pie analizar otros, dando como resultados de la investigación una situación deficitaria en la que se apunta a una necesidad de recursos «enorme y de creciente esfuerzo deficitario». En este apartado, resulta relevante la coyuntura que viven los centros educativos para los que se ha abierto una investigación a partir del caso de un instituto en Mislata. Otro sector vulnerable en este aspecto son las personas sin recursos que encuentran enormes dificultades para acceder a ayudas y recursos, según describió Ángel Luna durante la presentación del documento. 

VIVIENDA

Positivo pendiente

Uno de los pocos aspectos positivos giró alrededor de la queja cerrada por el reglamento del Registro de viviendas y el procedimiento de adjudicación. El Síndic avanzó que, en principio, se aceptaron las tres recomendaciones para facilitar el acceso. La primera era eliminar que la solicitud fuera electrónica; la segunda, que la administración diera una respuesta expresa y la tercera, un sistema de ayudas alternativas. Todas están pendientes de comprobación. 

«La atención primaria, las especialidades y las listas de espera hospitalarias están en parámetros inaceptables»

SERVICIOS SOCIALES

Talón de Aquiles

El 35,49% de las quejas responden a este ámbito. Sigue siendo el de mayor volumen. Las quejas para acceder a la dependencia, la renta valenciana de inclusión y los trámites relativos a la discapacidad agrupan más del 80% de las mismas. «Persisten los mismos problemas, derivados de los modelos de gestión, de los procedimientos y la carencia de herramientas». En su interlocución, Ángel Luna detalló como se penaliza a persona que tras meses de espera para que le concedan la renta de inclusión se les deniega porque han trabajado de manera ocasional. «Incentivan el desempleo», criticó. Por otra parte, no hay información para consultar el punto en el que se encuentra el expediente y la complejidad burocrática no se ha solucionado.

La denuncia por los retrasos vuelve a recogerse y se carga contra la desatención continuada que da origen a situaciones injustas a todos los niveles. 

En este punto, Luna indicó que el cambio en la titular de la conselleria (en referencia Aitana Mas) no ha supuesto un cambio en la relación institucional y lamentó tanto el tono en algunas respuestas como la reciente sobre la queja de la patronal de las residencias Aerte o que, por sistema, se denieguen las actas de inspección de los centros de mayores y de menores. El defensor valenciano reconoció como positivo que se hayan incrementado las inspecciones, pero reiteró que la información es pública y la ley les obliga a facilitar esa información y no obligar al personal del Síndic de Greuges que se traslade a la Conselleria para inspeccionarlos.  

«La cita previa no deriva de ninguna ley. Es una comodidad de algunas administraciones para organizarse el trabajo»

EMPLEO

Acceso al público

Aunque se pasó de puntillas en la presentación, resulta llamativo que el 9,90% de las quejas pertenezcan a esta área. Concretamente en el empleo público, el defensor también tramitó expedientes de quejas presentadas por candidatos en los procesos de selección, donde el acceso a la información que les permita saber por qué sus exámenes han sido calificados o recurrir no está claro. Este índice de quejas fue superior en más de un punto al año anterior. 

DESIDIA

Transparencia

Otro ámbito que se acerca al 10% de las quejas reside, curiosamente, dentro de las propias instituciones. Luna explicó que, pese a los avances que se han dado en leyes y reglamentos relativos a la transparencia, han aumentado las quejas presentadas por ediles de ayuntamientos de diferente signo para poder acceder a información pública. «Algunos alcaldes creen que la información es suya» y por este motivó, lanzó una nueva y dura acusación contra los poderes públicos, incluidas las Cortes Valencianas, de falta de legislación y vista en solucionar este problema. «A nadie parece preocuparles, pero me parece grave. Las democracias no se acaban con un golpe de estado, sino con un deterioro progresivo», lamentó. Ángel Luna hizo referencia a que la reciente Ley de Transparencia aprobada por el parlamento autonómico no recogió la reiterada recomendación para que los políticos no se amparen erróneamente en la protección de datos.  

PROVINCIA DE ALICANTE

Más implicados

En las estadísticas vuelve a llamar la atención que el origen de las quejas tengan un origen más alicantino que de otras provincias. El defensor explicó que «no tienen un motivo», pero lo cierto es que el número de quejas por cada 100.000 habitantes lo sigue encabezando la provincia de Alicante con un 91,87; le sigue Valencia con 71,34 y cierra la provincia castellonense con 58,07. Traducido en números encontramos que, en 2022, se presentaron 1.747 quejas por parte de ciudadanos con residencia en Alicante, 1.859 en Valencia y 343 desde Castellón. 

En los datos generales, apuntar que de las 4.071 quejas, el Síndic de Greuges admitió el 71,43%; rechazó el 24,42% y trasladó a otros defensores el 4,15%. Los ciudadanos siguen prefiriendo el canal web o electrónico para hacer llegar sus denuncias y el 92% emplea el castellano. 

Otras áreas que destacan cuantitativamente son la de servicios públicos y medio ambiente (12%) y urbanismo (3,96%). 

En cuanto a las quejas que acabaron cerradas, el informe establece un 40% con solución, el 19% con compromiso de solución, el 16% sin aceptación de consideraciones, el 12% sin respuesta a consideraciones y el restante 11% corresponden a otros motivos.