La provincia de Alicante encabezó el número de personas protegidas por Antifraude en la Comunidad

Los órganos estatutarios de la Comunidad Valenciana empiezan a dar cuenta de su trabajo a lo largo de 2022 y esta mañana ha sido el turno de la Agencia Valenciana Antifraude. El dato global es el número de denuncias que ha crecido un 26% pasando de 359 a 453 el año pasado. De ellas, la mayoría fueron denuncias anónimas (un 58%) y fueron dirigidas principalmente a las administraciones locales, en concreto, a procesos de selección, «una de las peores corrupciones», según ha indicado el director de la agencia, Joan Llinares.

Entre los datos territorializados destacada que hasta el 2022 se habían presentado 46 solicitudes de protección y se concedieron 29 estatutos. De ellos, el 44% pertenecen a personas de la provincia de Alicante que encabeza este triste aspecto, es decir, 13 personas). Le sigue Valencia con el 31, otro 10% de Castellón y el restante 13% son del conjunto de la Comunidad Valenciana.

Antifraude investiga una de cada cuatro denuncias presentadas

Este dato llama la atención, si tenemos en cuenta que el grueso de las denuncias está adscrita a administraciones de la provincia valenciana que supone 217 denuncias (48%). A continuación están las entidades públicas alicantinas con 136 denuncias (30%), la provincia castellonense con 48 (10%) y las 46 restantes (10%) corresponde a organismo que tiene su ámbito de actuación en todo el territorio autonómico. También hay que tener en consideración que el 79% de las personas protegidas por la Agencia lo son con respecto a las entidades de la administración local. El 65% de ellas son hombres y el 35%, mujeres.

Otra de las cuestiones que llaman la atención es que se duplicó el número de ayuntamientos «rebeldes». En 2022, fueron 14 frente a los cinco del ejercicio anterior. En este punto, Llinares situó en el centro de las críticas al Ayuntamiento de Benidorm. El director bromeó con el hecho de que encabeza el ranking negativo. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de una denuncia pública sobre que el consistorio benidormense «no solo no cumple con las recomendaciones» de la Agencia, «sino que ha intentado amedrentar» a los técnicos de Antifraude contra los que llegó a presentar una querella por «falsedad en el acta y usurpación de funciones». Este hecho se produjo cuando personal del órgano autonómico se presentó en el ayuntamiento para solicitar una documentación que se venía reclamando desde hacía seis meses. «Si se comportan así con el personal de la Avaf que no harán internamente», llegó a decir Joan Llinares. 

En este terreno hostil, como diría el Síndic de Greuges, la lista la completan otras ilustres instituciones como el Ayuntamiento de Torrevieja, el de Alcoy, la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca que han incumplido las recomendaciones. 

El equipo de gobierno rechaza acatar dos recomendaciones de Antifraude tras la denuncia que archivó Fiscalía

Estadísticas reseñables

De las 453 denuncias presentadas, 217 denuncias (48%) estuvieron adscritas a administraciones de la provincia valenciana, 136 a las alicantinas (30%), 48 a las castellonenses (10%) y las 46 restantes (10%) corresponden a organismos que tiene su ámbito de actuación en todo el territorio autonómico. «Muchas no prosperan, pero las que lo hacen, un 95% de ellas sí tienen recorrido», apuntó Joan Llinares. En 2022, Antifraude finalizó un total de 77 expedientes. En cuanto a los sectores a los que se dirigieron las denuncias, fue a 142 ayuntamientos, frente a cuatro administraciones provinciales y la autonómica. 

Durante la presentación de la memoria anual que tuvo lugar en las Cortes Valencianas, la Agencia instó a recuperar más de 5,6 millones de euros, de los cuales, 1.156.614,51 euros estuvieron relacionados con dos casos en la provincia (Alcoy y Algueña).

Por tipología de la denuncia, el 44% de las denuncias de 2022 (201) hacen referencia a la gestión de recursos humanos, en concreto, a procesos de selección y el 25% de ellas, señalaron irregularidades referentes a la Policía Local. «Regalar un sueldo para toda la vida a una persona que no reúne las condiciones, es una de las peores corrupciones que puede haber», remarcó el director Llinares, a quien le sorprendió que, por segundo año consecutivo, esta área estuviera al frente de las reclamaciones. Además, citó expresamente los casos ocurridos en Benidorm y La Nucía. En el primer caso, la sentencia demostró que se había filtrado las preguntas y el segundo, sigue en los juzgados.