El traslado del CICU a València entra en campaña: la derecha estrecha el cerco sobre el conseller Miguel Mínguez

La tensión preelectoral sigue viva en las Cortes Valencianas a pesar de la disolución de la Cámara y, ayer, la oposición se mostró especialmente incisiva en cuestiones como la comparecencia del conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, a cuenta de los problemas detectados en el CICU tras la centralización del sistema en València. La negativa se interpretó como un acto de «cobardía» y, sobre todo, de falta de argumentos para justificar los errores que se han dado desde principios de año y que han derivado en una investigación judicial en Elche por la muerte de una persona. 

Por el contrario, y a petición propia, sí asistirán a la Diputación Permanente (pues las Cortes están disueltas) el próximo 26 de abril las conselleras de Justicia, Gabriela Bravo, y la de Agricultura, Isaura Navarro, para responder ante el último gran incendio de la Comunidad Valenciana en la provincia de Castellón y ante las peticiones de todos los grupos del bloque conservador para que expliquen las actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios. 

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En este sentido, la portavoz adjunta socialista, Carmen Martínez, indicó que Emergencias siempre se ha dado la cara y recordó las diferencias entre dos conselleras que están al pie del terreno en estos dispositivos frente a un PP que desvió más de 100 millones a través del denominado «cartel del fuego», donde uno de los procesados fue el exconseller Serafín Castellano. Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, defendió la postura del Botànic en estos temas tan sensibles y apuntó a que durante el Gobierno de las fuerzas progresistas «la inversión en prevención ha crecido un 150% y la de extinción, un 140%.

El otro incendio

No obstante, el hecho de que la petición de Ciudadanos, que ha apoyado el PP, para que el conseller de Sanidad dé explicaciones sobre la centralización del CICU se ha convertido en un incendio mayor para el Consell y, sobre todo, para los socialistas. El diputado de Cs Fernando Llopis llamó «cobarde» al titular autonómico por desoír las peticiones y querer negar que «es evidente que el servicio es deficiente». «Se demuestra que el conseller se ha querido esconder y estoy seguro de que los socialistas no permitirían que esto ocurriera en Valencia. Si da igual dónde se centralice, ¿por qué no se ha hecho en València?», se preguntaba. 

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Tanto para el PP como para Cs «no pueden defender lo que han hecho» y ambos pusieron el acento en las nefastas consecuencias que está teniendo esta decisión de centralizar el CICU. Llopis comentó que hasta los propios técnicos confirman que, en ocasiones, los profesionales tienen que rectificar a la central porque mandan ambulancias que están más lejos. «Es un caso serio y grave», concluyó Llopis, quien, además, recordó que la orden del desmantelamiento de Emergencias en Alicante la dio la ex consellera y actual candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad, Ana Barceló. 

Desde las filas socialistas, estas acusaciones son totalmente infundadas porque «Ciudadanos no ha pedido una diputación permanente para sustanciar esa comparecencia, ni se ha registrado en tiempo y forma. Por lo tanto, no estaba en asuntos a disposición de ir en el orden del día». De hecho, señalaron que la opción de ir a dar cuentas se ha dejado abierta a una posible siguiente convocatoria de la Diputación Permanente. 

Al margen de los pasillos del hemiciclo, la sanidad se ha convertido en tema central de la batalla electoral. Así mientras el PP criticaba la gestión del jefe del Ejecutivo valenciano delante de la puerta del edificio de Presidencia en Alicante, la delegada del Consell, Antonia Moreno, salió al paso: «Durante los cinco últimos años que gobernó el PP, solo invirtieron 35,7 millones en la salud de los alicantinos, mientras que con Puig esta cifra subió a 176 millones. Un poco de vergüenza».