El Constitucional declara nulos dos puntos del Fondo de Cooperación y alega que no sigue los criterios estatales

Uno de los principales puntos de fricción en el pasado mandato entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, presididas entonces por el socialista Ximo Puig y el popular Carlos Mazón, respectivamente, fue el Fondo de Cooperación. Ahora, con el PP al frente de las dos instituciones, con Mazón como presidente autonómico y Toni Pérez en el Palacio Provincial, este asunto sigue candente. El nuevo episodio se produce a raíz de que el Tribunal Constitucional haya desestimado, en su mayor parte, el recurso del PP contra la ley autonómica que regula el plan inversor, pero haya declarado nulos dos artículos, entre otras cosas, por no seguir los criterios estatales, y al considerar que vulneran el Estatuto de Autonomía.

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La sentencia reconoce, en línea con su anterior doctrina, la constitucionalidad de la declaración de interés general de la Comunidad Valenciana de la «función de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica» de las diputaciones provinciales a los municipios. Todo ello con el fin de proceder a su coordinación, con el objetivo de que las diputaciones participen, junto con la Generalitat, en la financiación de los municipios a través del Fondo de Cooperación. 

Eso sí, el tribunal ha declarado inconstitucionales y nulos dos preceptos de la ley autonómica que regula el plan de inversión municipal. Uno de estos artículos es el número 7, ya que considera que vulnera el Estatuto de Autonomía al no crear el fondo municipal «con los mismos criterios que el fondo estatal». También considera inconstitucional el inciso del apartado 6 del artículo 5, en el que se hace referencia al artículo 66 del Estatuto y la posibilidad de que el Consell requiera al presidente de una diputación para que respete las directrices autonómicas de coordinación, según informó este jueves el tribunal.

Aval

Tras conocerse la noticia, el expresidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, no hizo alusión a los dos artículos declarados nulos y aseguró que el Constitucional avala la política municipalista desarrollada por el Botànic, «que siempre estuvo al lado de los ayuntamientos desde una concepción plural, abierta y justa» y que «buscaba acabar con el clientelismo». Puig señaló que, durante su etapa como presidente de la Diputación, Mazón se desvinculó por completo del fondo, por lo que «dejó de pagar 100 millones a los ayuntamientos». 

Por su parte, el exportavoz socialista en la Diputación, y alcalde de Alcoy, Toni Francés, manifestó que el aval del tribunal «confirma que la apuesta de Puig era constitucional». También lamentó los «100 millones perdidos para mejorar los servicios públicos», algo que achaca a «la obcecación del PP y de Mazón por utilizar la Diputación para hacer oposición a la Generalitat». Mientras, el actual portavoz socialista en la institución provincial, Vicente Arques, declaró que «queda patente que lo único que quería el PP era llevarle la contraria al Gobierno socialista». 

Por el PP, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, afirmó que la institución provincial respeta las decisiones judiciales y valoró la anulación del artículo 7, lo que considera que avala que el Fondo de Cooperación no se había creado con los mismos criterios que el fondo estatal. «Esta cuestión ha sido denunciada por parte de la Diputación en sus recursos», apostilló Pérez. 

Mazón, por su parte, en la entrevista publicada por este periódico el pasado domingo insistía en que el Fondo de Cooperación del Botànic se «entrometía en la autonomía local», y dejó claro que este proyecto inversor de la Generalitat «será libre y será voluntario, e introducirá conceptos de prima a los ayuntamientos más pequeños». De hecho, el líder del PP desde el principio fue muy crítico con el sistema de reparto.