La rebaja fiscal pasa de largo en los grandes municipios de Alicante

Las rebajas fiscales son uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la acción del nuevo Gobierno autonómico del PP y Vox, que en el poco tiempo que lleva al frente de la Generalitat ya ha acometido distintas iniciativas en este sentido. Esta senda, sin embargo, no es la que están transitando los grandes ayuntamientos, ni siquiera los gobernados por la derecha, según se desprende de los presupuestos en fase de redacción, como reconocen los propios municipios. Elche, de hecho, es la única excepción en la provincia, en un contexto en el que Orihuela, Benidorm, Alcoy, Dénia y Santa Pola tienen previsto subir tasas o impuestos, mientras que Alicante, Torrevieja, San Vicente del Raspeig y Elda abogan por congelarlos. La necesidad de sufragar el creciente coste de los servicios que se prestan a la ciudadanía, alegan, se encuentra detrás de las políticas fiscales de estos consistorios.

No está haciendo fortuna entre los ayuntamientos el plan de rebajas impositivas que está impulsando el Consell. Tampoco entre los que tienen una ideología afín. Y es que, de los diez municipios de la provincia de Alicante analizados, siete de ellos cuentan con ejecutivos de derechas. 

La excepción que confirma la regla es Elche, municipio en el que en los últimos comicios se produjo un vuelco electoral, merced a un pacto precisamente entre los populares y Vox que dejó sin el gobierno al PSPV y Compromís. Quizá por eso el nuevo Ejecutivo liderado por Pablo Ruz ha querido dejar su impronta y cumplir con lo que venía pregonando, con una bajada progresiva de impuestos que dará su primer paso este próximo año. En concreto, y ya con el aval del pleno de ordenanzas fiscales, está prevista una reducción del 1% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del 1,5% en el Impuesto sobre Vehículos sobre Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Sí que habrá, por contra, una subida en la tasa de grúa, al tiempo que, como en la mayor parte de los ayuntamientos, se recuperará la de ocupación de la vía pública, que quedó suspendida con motivo de la pandemia de covid. El concejal de Hacienda, Francisco Soler, asevera que, con las rebajas llevadas a cabo, lo que se intenta es impulsar la actividad económica, al tiempo que garantiza que no habrá ningún recorte en materia social. «Este capítulo va a quedar totalmente blindado», asevera.

Por otro lado, en Alicante, donde el popular Luis Barcala sigue al frente de la Alcaldía con mayoría simple, la meta es aprobar los presupuestos en tiempo y forma por primera vez desde 2015, teniendo en cuenta, además, que los actuales están prorrogados desde 2022. El edil de Hacienda, Antonio Gallego, explica que «el objetivo es presentar el borrador a los diferentes grupos este mismo mes de octubre, de manera que la aprobación pueda llegar en noviembre». Y de entrada, en materia fiscal, se va a aplicar un recorte en el ICIO de 3,25% con el objetivo de potenciar la construcción, mientras que en las tasas se está trabajando en varias adaptaciones a ley y en algunas actualizaciones de precios. Con relación al resto de impuestos, la idea es mantenerlos congelados, más allá realizar adaptaciones en el articulado. Algo que, destaca Gallego, no va a ir en detrimento de la prestación de servicios, dado que, según afirma, esperan compensarlo con el crecimiento de la población y lo que eso genera a nivel recaudatorio.

Los técnicos de Hacienda rechazan bajar más impuestos en Alicante

En lo que respecta a Torrevieja, municipio en el que el popular Eduardo Dolón ha renovado la Alcaldía, también se trabaja para que los presupuestos puedan entrare en vigor el 1 de enero. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes, señala que la intención del Ayuntamiento es mantener congelados las tasas e impuestos después de la bajada llevada a cabo el ejercicio pasado, subrayando, además, que el IBI que se aplica en el municipio es el mínimo legal establecido. Lo que sí que se va a recuperar, después de cuatro años suspendida a causa del coronavirus, es la tasa de ocupación de la vía publica, la cual reporta a las arcas municipales unos ingresos anuales cercanos a los dos millones de euros.

También opta por mantener tasas e impuestos San Vicente del Raspeig, municipio gobernado por el popular Pachi Pascual, gracias a un pacto con Vox que apartó a los socialistas de la Alcaldía. Según explica el primer edil actual, en materia tributaria el criterio que se va a seguir es el de una política de congelación. «Se trata de un criterio realista -explica-, ya que estos recursos son necesarios para la puesta en marcha de nuevos proyectos y servicios, y para afrontar el previsible encarecimiento de aquellos que necesitan mejoras, como la limpieza y la recogida de residuos».

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Nuevos contratos

En Benidorm, por su parte, va a haber subida de impuestos y tasas. El Ayuntamiento liderado por el popular Toni Pérez, que ha renovado la Alcaldía a la vez que ha asumido la presidencia de la Diputación, tiene un agujero contable de 27,5 millones de euros derivado del aumento de costes de los nuevos contratos previstos para 2024, como son la recogida de basuras, el alumbrado y el mantenimiento de parques, a lo que se une la subida de salarios del personal municipal. Según han explicado fuentes municipales en los últimos días, con este panorama, está previsto un incremento del IBI cuya cuantía, de momento, no se ha concretado. En cualquier caso, el Gobierno local descarta que sea del 73%, como plantea un informe técnico del área económica. Además, se prevé una subida de la tasa de basura, la cual podría oscilar entre el 30% y el 40%. A todo ello hay que añadir la recuperación, como en la mayoría de los ayuntamientos, de la tasa de ocupación de mesas y sillas en la vía pública.

En Orihuela, donde gobiernan el PP y Vox en coalición, con el popular Pepe Vegara empuñando la vara de mando, el objetivo principal es volver a contar con presupuestos, dado que los actuales están prorrogados desde 2018 debido a las discrepancias, primero, entre el antiguo Ejecutivo formado por PP y Cs y, tras la moción de censura que aupó al PSPV a la Alcaldía, entre este partido y los naranja. Esta vez, en cualquier caso, parece que si va a ser la vencida, y el Ayuntamiento podrá arrancar el año con unas nuevas cuentas. Según la información facilitada desde el departamento económico municipal, todavía no está del todo concretada la agenda fiscal, aunque, de entrada, la tasa de la basura registrará una subida por el nuevo impuesto nacional sobre el depósito de residuos en vertederos, al tiempo que se estudia también un incremento en el IBI. Aquí pesan los cuatro años en los que no ha habido actualizaciones por la falta de presupuestos, señalan.

El Ayuntamiento de Santa Pola, en el que la popular Loreto Serrano ha retenido la Alcaldía, también va a tener que revisar la tasa de la basura, con la finalidad de ir acercando la recaudación al coste del servicio. Así lo señala el edil de Hacienda, José Pedro Martínez, quien destaca que también se van a adaptar otras tasas para que no sean deficitarias. Eso sí, subraya que el impuesto de circulación y el IBI van a permanecer inalterables, destacando en el caso de este último que se encuentra en un nivel bajo.

Gobiernos de izquierdas

¿Y qué es lo que tienen previsto hacer los consistorios gobernados por la izquierda? Pues, en principio, se ciñen a su patrón ideológico, en el sentido de que los impuestos son necesarios para contar con unos servicios públicos de calidad. Así, el Ayuntamiento de Alcoy, donde el socialista Toni Francés conserva la vara de mando, esta vez en coalición con Compromís, va a aplicar subidas en las tasas y precios públicos. Según explica la concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, «en los últimos años, coincidiendo con la pandemia, las habíamos congelado, pero ya llevamos acumulado un déficit del 15% y la idea es revisarlo, porque los tributos sirven para mantener los servicios». Los impuestos, en principio, sí que van a continuar igual.

En Dénia, el socialista Vicent Grimalt también sigue al frente del Ayuntamiento, y al igual que en Alcoy, compartiendo gobierno con Compromís. Y también aquí va a haber subidas, y no precisamente menores. El responsable de Hacienda, Paco Roselló, explica que se van a ver forzados a incrementar el IBI un 10%, con la finalidad de hacer frente, y no del todo, a la caída de ingresos por la reducción de plusvalías y licencias, el impuesto de residuos y el nuevo servicio de autobuses urbanos. El resto no se va a tocar.

Por último, en Elda, donde el también socialista Rubén Alfaro se mantiene en la Alcaldía con el apoyo de Elda para Todas, todavía no se ha entrado a valorar la política fiscal que estará vigente en los presupuestos del próximo año, dado que se ha iniciado ahora el proceso de elaboración. En cualquier caso, y según la información facilitada por el concejal de Hacienda, Fernando Gómez, la intención pasa por no gravar más a los ciudadanos. Según sus palabras, «estamos pendientes de los informes técnicos para ver cuál es la situación actual del Ayuntamiento, pero, de entrada, vamos a intentar mantener la base actual».

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