El Consell y promotores negocian que las rentas medias puedan acceder a las VPO

Nada menos que 10.000 viviendas sociales en una legislatura. Ese fue el compromiso electoral del ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para esta legislatura en la Comunidad Valenciana, y en ello se está volcando el nuevo Gobierno autonómico. Y es que, para que esta imponente cifra no se quede en una simple promesa, no le queda otra que pisar el acelerador, empezando, en primer lugar, por allanar el camino a nivel normativo. Así las cosas, y en permanente diálogo con los promotores, el Consell está procediendo a la revisión de tres decretos impulsados en su momento por el Botànic. El principal es el reglamento de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), donde se estudia un incremento de los precios de venta, así como que las rentas medias puedan acceder a este tipo de inmuebles. Los otros dos son los de diseño y calidad en la edificación, para facilitar la actividad constructora, y el de tanteo y retracto, con la finalidad de evitar la saturación que sufren los servicios territoriales de Vivienda por la complejidad burocrática de esta normativa.

Mazón ha prometido en sucesivas ocasiones que esta va a ser la legislatura de la vivienda, y para ello quiere poner en marcha un plan, en estrecha colaboración con los promotores, de manera que puedan desarrollar su actividad sin obstáculos que se consideren innecesarios. La idea, en el medio plazo, es impulsar una nueva ley de vivienda autonómica que, además de conciliar los intereses sociales y sectoriales, aglutine en un único texto toda la legislación vigente para dotar de mayor seguridad jurídica a los constructores.

Pero, mientras esto sucede, se está procediendo a revisar aquellas normas que se considera que resulta más urgente modificar. El primer paso en este sentido fue la paralización, el pasado mes de octubre, del decreto aprobado por el Botànic el 26 de mayo, solo dos días antes de los comicios autonómicos, que fija las normas de diseño y calidad en la edificación. El objetivo es retocarlo, al considerarse tanto desde el sector como desde el actual Ejecutivo autonómico, que está lleno de prejuicios y fuera de la realidad.

Pero ahí no se ha quedado la cosa, dado que, de forma paralela, y según han confirmado desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, también se está trabajando en la revisión de otros dos decretos. En el caso del reglamento que regula las VPO, y según ha explicado el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, uno de los objetivos es que las rentas medias puedan acceder también a este tipo de viviendas. En la actualidad, el requisito principal es tener una capacidad económica familiar no superior a 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone unos 2.600 euros mensuales, aunque después hay otros condicionantes, como tener necesidad de vivienda y destinarla a residencia habitual y permanente de la familia. «De lo que se trata -señala Ros- es de ampliar el margen, de manera que las rentas medias, que en la actualidad tienen muchas dificultades para comprar un piso de renta libre, tengan la posibilidad de adquirir uno protegido».

Mazón concertará con los constructores y los ayuntamientos el impulso a las viviendas sociales

Esta medida también mejoraría la rentabilidad del sector, asfixiado por la subida de los costes tanto de los materiales como de los intereses bancarios, aunque resultaría necesario ir más allá. El representante de los promotores destaca que se están estudiando fórmulas imaginativas, como la cesión de suelo público a las empresas a través de convenios o la obtención de fondos europeos. Sin embargo, advierte de que será necesario también aumentar los precios de venta de las VPO, que en la actualidad son de 2.200 euros el metro cuadrado en promoción privada, y de 1.530 euros en la pública. 

Por otro lado, el decreto ley de tanteo y retracto, que permite a la Generalitat ejercer este derecho en la venta de viviendas protegidas, también está siendo sometido a revisión. En este caso lo que más preocupa es el esfuerzo burocrático y de personal que se está dedicando al cumplimiento de esta norma. «Hacen falta cuatro informes por parte del vendedor, el comprador, el notario y el registrador, así como el estudio del tasador. Así que este asunto está paralizando los servicios territoriales, que no tienen capacidad para dar respuesta», lamenta Ros, quien también destaca que se está ahuyentando a la inversión.

Estas cuestiones son compartidas por el presidente de la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (FOPA), Javier Gisbert, quien destaca la voluntad que está mostrando el nuevo Consell por llegar a acuerdos.