Las cuentas pendientes del Gobierno con Alicante: inversiones por valor de 4.000 millones

El nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene ante sí el reto de subsanar el déficit acumulado durante los últimos 15 años en proyectos de infraestructuras para la provincia, especialmente en lo que respecta a carreteras, ferrocarril y el aeropuerto

Un tren circulando por las proximidades del aeropuerto de Alicante-Elche.

Un tren circulando por las proximidades del aeropuerto de Alicante-Elche. / Héctor Fuentes

M. Vilaplana

M. Vilaplana

En plena polémica sobre las cesiones realizadas por el PSOE a las formaciones independentistas de Cataluña para lograr la investidura de Pedro Sánchez, y la repercusión que eso pueda llegar a tener con el reparto de fondos al resto de comunidades autónomas, una de las provincias que asiste con mayor preocupación a lo que ocurra a partir de ahora es la de Alicante. Y es que las cuentas pendientes del Gobierno central con este territorio son muchas, y ascienden nada menos que a 4.000 millones acumulados de déficit inversor en los últimos 15 años en proyectos de infraestructuras de transporte, lo cual ha enquistado los problemas de movilidad tanto de viajeros como de mercancías. El reto que el renovado Ejecutivo tiene por delante, por tanto, no es menor, ya que lo que espera la provincia es que trate de subsanar esta situación, empezado por doce actuaciones que se consideran del todo imprescindibles, entre las que se encuentran la conexión ferroviaria con el aeropuerto y el tercer carril en la autovía A-70 entre Alicante y Elche, por ejemplo.

La provincia de Alicante viene siendo la gran olvidada en los Presupuestos Generales del Estado desde hace mucho tiempo, independientemente del color político del Gobierno de turno. Una realidad que se ha ido agudizando hasta alcanzar su máxima expresión estos dos últimos años, en los que este territorio ha ocupado el farolillo rojo en lo que respecta a inversiones, lo que ha provocado la movilización de los agentes sociales y políticos. Tan grave es la situación que, según los estudios llevados a cabo por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), el déficit inversor que se viene acumulando desde 2008, teniendo en cuenta el peso poblacional, se ha situado alrededor de los 4.000 millones de euros, lo cual ha tenido consecuencias directas sobre el estado que presentan las infraestructuras que dependen del Ejecutivo central.

Así que el nuevo Gobierno de Sánchez, que ha tomado posesión esta misma semana, tiene una ardua tarea por delante si lo que pretende es, como mínimo, empezar a corregir esta situación. Y el panorama que se dibuja por delante, a la vista de la polémica generada por los pactos con los independentistas, es cuanto menos incierto. Y es que, mientras desde el PP se denuncia que las cesiones realizadas a Cataluña van a restar inversiones en el resto de comunidades autónomas, desde el PSOE se asegura que lo que beneficie a los catalanes va a trasladarse también a los otros territorios, empezando por la condonación de parte de la deuda y continuando con la mejora del sistema de financiación en la Comunidad.

Una evidencia del nivel de crispación alcanzado se pudo constatar este pasado miércoles en el pleno sobre la amnistía celebrado en las Cortes Valencianas, en el que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mostró su temor a la posibilidad de recibir lo que definió como «migajas» de lo que acabe sobrando en Cataluña, mientras que la socialista Rebeca Torró aseveraba que la Comunidad Valenciana saldrá ganando con estos acuerdos. De hecho, tanto el PSOE como Sumar han destacado que en su pacto de Gobierno se han incorporado diferentes inversiones para la provincia de Alicante, relacionadas con la mejora de comunicaciones y, de manera especial, de la red ferroviaria de Cercanías. También la conexión ferroviaria con el aeropuerto.

El avance de la legislatura irá dando y quitando razones. Mientras tanto, la provincia de Alicante es unas de las que asiste con mayor expectación a lo que vaya a ocurrir en los próximos meses, y siempre con la reivindicación puesta en que se aborden, por lo menos, las inversiones que se consideran prioritarias.

En esta línea, sigue vigente en su mayor parte un estudio realizado por Ineca el pasado mes de febrero, con el aval de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y la Cámara de Comercio de Alicante, el cual recoge las infraestructuras indispensables para el crecimiento de la provincia y para ayudar a que este territorio pueda alcanzar un nivel de competitividad similar al de otras provincias

El estudio en cuestión propone once actuaciones que tendrían un coste aproximado de 2.000 millones de euros, de los cuales 1.500 millones serían para ferrocarriles y 500 para carreteras. A ellas se le suma otra reivindicada formulada recientemente por la CEV, como es la segunda pista del aeropuerto, cuyo coste no ha sido concretado.

El informe nació con la pretensión de ser consensuado con el Ministerio de Transportes y que sirviese como referencia para monitorizar periódicamente las inversiones estatales bajo el horizonte 2030. Ahí se planteaban tanto los plazos como las posibles vías de financiación, contemplando no solo aportaciones directas de las administraciones públicas a partir de los Presupuestos Generales, sino también opciones posibles de participación público-privada como fórmula complementaria para movilizar las inversiones necesarias.

Desde el momento de la presentación es cierto que se han registrado algunos avances  -aunque tímidos- en lo que respecta a la redacción de proyectos y la licitación de obras, si bien continúan pendientes de ejecución. Estos son los proyectos que se le reclaman al Gobierno central con sus correspondientes presupuestos:

Tercer carril Alicante-Elche

255 millones de euros

El tercer carril en la autovía A-70, entre Alicante y Elche, es una infraestructura que se considera imprescindible para evitar retenciones. El coste de la actuación es de 255 millones de euros.

Mejora de la A-31

154 millones de euros

Otra de las actuaciones prioritarias es la mejora de la autovía     A-31, entre Villena y Alicante, en este caso con la finalidad de evitar la elevada siniestralidad que registra este tramo. El anterior presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, llegó a comprometerse a adelantar los fondos para esta actuación, en tanto en cuanto negociaba con el Gobierno central. La inversión se sitúa en los 154 millones de euros.

Tercer carril Crevillent-Murcia

120 millones de euros

También en carreteras se reclama la construcción de un tercer carril en la A-7 entre Crevillent y Murcia, por 120 millones. Un proyecto que, eso sí, se encuentra en fase de adjudicación, para mejorar la fluidez en el tráfico.

Paso inferior rotonda UA

19 millones de euros

El informe plantea, igualmente, la habilitación de un paso inferior en la rotonda de la Universidad de Alicante (UA), que también enlazaría con el Parque Científico, con la finalidad doble de mejorar la seguridad y fluidez de la circulación en este transitado nudo de comunicaciones. El presupuesto estimado es de 19 millones de euros.

Variante de Torrevieja

40 millones de euros

El desdoblamiento de la variante de Torrevieja es una de las actuaciones más demandadas, debido a las retenciones que se registran, sobre todo, durante la época estival. La actuación asciende a 40 millones de euros.

Tren de la costa

630 millones de euros

En el apartado de infraestructuras ferroviarias, se pone el acento en la ejecución del tren de la costa entre Alicante y Benidorm, una vez la Generalitat asumió el tramo Dénia-Gandia. La obra asciende a 630 millones.

Conexión aeropuerto

505 millones de euros

La otra gran obra ferroviaria, y de las más demandadas, es la mejora del eje Alicante-Elche-Murcia, que incluye la conexión con el aeropuerto. Se trata de una actuación con un coste de 505 millones de euros que tendría una incidencia vital, sobre todo, para el sector turístico.

Mejora del tren Alcoy-Xàtiva

145 millones de euros

El documento incluye la modernización del tren que une Alcoy con Xàtiva, una larga aspiración presupuestada en 145 millones que en estos momentos está en fase de licitación.

Corredor Mediterráneo

152 millones de euros

El empresariado reclama la conexión del Puerto de Alicante, a través de una inversión de 152 millones, con los puertos secos que se habiliten en el Corredor Mediterráneo, en la zona del Vinalopó.

AVE Alicante-Valencia

24 millones de euros

Otra de las actuaciones demandadas es el AVE entre Alicante y Valencia, ya en obras, para el que se piden 24 millones.

Muelle 19 del Puerto

Sin evaluar

El informe incluye la ejecución del muelle 19 del Puerto de Alicante, para aumentar el transporte marítimo de mercancías.

Segunda pista del aeropuerto

Sin evaluar

El capítulo de reivindicaciones se completa con la construcción de una segunda pista en el aeropuerto, para incrementar el tráfico de aviones.

Los empresarios temen que una prórroga de los Presupuestos Generales prolongue el próximo año la sequía en la llegada de fondos

Los empresarios temen que una prórroga de los Presupuestos Generales prolongue el próximo año la sequía en la llegada de fondos

Los empresarios temen que una prórroga en los Presupuestos Generales del Estado, como consecuencia de la tardanza en la constitución del nuevo Gobierno, pueda mantener el ostracismo al que se está viendo sometida la provincia de Alicante en materia de inversiones. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, señala que prácticamente no hay tiempo material para confeccionar unos nuevos presupuestos, aunque añade que, llegado el caso de que se opte por prorrogarlos, «confiamos en que, tras la presión ejercida por los diferentes partidos políticos, los empresarios y la sociedad en general, se introduzcan las modificaciones oportunas para que se puedan ejecutar los proyectos que se entienden prioritarios». Salvador Navarro, asimismo, destaca que, tras la parálisis de los últimos meses, «vamos a reanudar las conversaciones con el nuevo Ejecutivo».

En parecidos términos se expresa el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, quien reclama urgencia, sobre todo, en las actuaciones que afectan al aeropuerto.

También el presidente de la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (FOPA), Javier Gisbert, no oculta su temor a que se prolongue la falta de inversiones. «Si hasta ahora éramos los últimos, seguiremos siéndolo con una prórroga», se lamenta.

Por su parte, el profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA) Julián López Milla subraya que la inversión es vital para el crecimiento económico y el empleo de la provincia, sobre la base de que «necesitamos tener acceso a las grandes infraestructuras de transporte». Con todo, también resalta que los proyectos que se reclaman no beneficiarían solo a este territorio, al entender que son actuaciones que repercutirían en el interés general del país y contribuirían a su desarrollo

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