Compromís pide garantizar la información de salud sexual y reproductiva ante los planes del PP y Vox en Alicante

Compromis ha reclamado en las Cortes que recuerde al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana que tienen la obligación de asegurar el acceso de las personas jóvenes a la información sobre sexo seguro, prevención de enfermedades de infección sexual y embarazos no deseados cómo establece la ley, después de que el PP y Vox hayan pactado en los presupuestos de la ciudad alicantina la creación de una oficina para la atención de la maternidad, que la oposición ha catalogado como una medida "antiabortista encubierta".

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La diputada Mònica Àlvaro, miembro de la comisión de Sanidad en la cámara, ha registrado una iniciativa para que se refuercen al mismo tiempo los centros sanitarios públicos valencianos con más personal y medios, y poder asegurar así un servicio público de calidad para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo con estándares de calidad idénticos como estipula la normativa estatal, especialmente en el sur de la Comunidad Valenciana.

Desprotección de las mujeres

“El problema en Alicante radica sobre todo en la desprotección de las mujeres a ejercitar libremente sus derechos, y oficinas antiabortistas como las planteadas por el gobierno de Barcala no ayudan a resolver el problema. En un departamento sanitario como el que alcanza el Hospital General de Alicante, donde según datos de la conselleria la totalidad de los facultativos se declaran objetores de conciencia, implantar una oficina antiabortista parece una broma de mal gusto “, ha asegurado Àlvaro.

“El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un centro público”, ha continuado la diputada, “tal como dictamina la Ley Orgánica 1/2023, es hoy por hoy inviable en la ciudad de Alicante. Es por eso que la propuesta que se votará en las Cortes también plantea incrementar y dotar a los departamentos del sur, y especialmente al que alcanza en la ciudad de Alicante, para que las interrupciones voluntarias del embarazo se puedan llevar a cabo en idénticas condiciones y equidad como en el resto del territorio valenciano. Si la preocupación del gobierno de Barcala parece ser que las mujeres jóvenes no puedan llevar adelante un embarazo, habrá que prevenir que esta situación se dé y mejorar la planificación familiar”. 

Carencia de prevención

La diputada de Compromís también avanza que los datos que todavía no se han publicado en la web de conselleria sobre los abortos al 2022 implican un aumento significativo de los que se produjeron en 2021. “Está faltando la prevención”, apunta la diputada, “además, las interrupciones continúan siendo muy minoritarias dentro de la red de salud pública, lo cual, contradice la ley que entró en vigor en 2023, así que también se hace urgente implementar los recursos porque de ninguna forma se puedan menguar los derechos de las mujeres”. 

Así mismo, Alvaro recuerda que las ayudas a mujeres embarazadas que puedan tener alguna dificultad económica o social para llevar adelante su embarazo están garantizadas mediante la Ley 3/2019, la ley de Servicios Sociales Inclusivos, que aprobó el anterior gobierno del Botànic, como también han apuntado los servicios técnicos del Ayuntamiento de Alicante.