Barcala cede a Vox y se compromete a no sancionar en la Zona de Bajas Emisiones para aprobar el presupuesto

Barcala firma la aprobación del presupuesto para 2024 con Vox, a cambio de comprometerse a no aplicar sanciones en la futura Zona de Bajas Emisiones. Misma historia que en 2023, pero con distinto final. En el último ejercicio, la posible aplicación de esta medida supuso la "ruptura" entre el PP (entonces en bipartito con Ciudadanos) y sus socios habituales de la ultraderecha, impidiendo la aprobación de las nuevas cuentas. Entonces era año electoral, eso sí.

El pacto entre ambas formaciones empezaba a vislumbrarse este lunes, tras el visto bueno técnico al 60% de las enmiendas de Vox al borrador, aunque ya podía intuirse en el mes de noviembre. Tras la primera ronda de contactos, se dio a conocer que el borrador incluía recortes en áreas sociales, una de las principales exigencias del partido de ultraderecha. Sin embargo, aún faltaba despejar la incógnita de si sería suficiente con estos "gestos", o los de Abascal exigirían (como habían anunciado) un compromiso en firme sobre cómo afectará al tráfico la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Finalmente, el alcalde acepta la "línea roja" de Vox y pactará con ellos la futura normativa.

Según ha anunciado el Ayuntamiento de Alicante este mismo martes, el acuerdo entre ambas formaciones pasa por el "consenso" en la redacción de un ordenanza "en la que no se contemple un procedimiento sancionador". Pese a que la ausencia de multas había sido uno de los mantras de Barcala desde que Europa encargase la puesta en marcha de estos espacios a las ciudades de más de 50.000 habitantes, la formación que dirige en Alicante Carmen Robledillo desconfiaba de las palabras del alcalde, por lo que anunció que no apoyaría el presupuesto sin conocer previamente el contenido de la ordenanza.

Tras el órdago de Vox, que hacía peligrar las cuentas municipales por segundo año consecutivo, el gobierno local no solo adelantará el contenido de la normativa (en un estado "muy incipiente" según el PP), sino que su redacción se llevará a cabo de manera consensuada entre ambos partidos. Un pacto que ambos ven como un triunfo: Barcala porque "las enmiendas de Vox ayudan a mejorar nuestros proyectos" y Robledillo porque "las multas y restricciones de la ZBE eran y son una línea roja".

Barcala esconde la Zona de Bajas Emisiones a Vox y deja en el aire la aprobación de los presupuestos de Alicante

Según el comunicado emitido por el Ayuntamiento, la Zona de Bajas Emisiones de Alicante (que debe aprobarse antes del mes de julio) cumplirá "con lo que viene estipulado en la ley" pero lo hará "sin restringir los derechos fundamentales de los alicantinos" además de "protegiendo la economía local".

Una norma sin contenido

En cuanto al contenido de la futura ordenanza reguladora, el vicealcalde de Alicante y portavoz del gobierno, Manuel Villar, ha insistido en que "Alicante no tiene un problema de contaminación", por lo que se ha acordado que la normativa no contemplará ni sanciones ni restricciones: "Será como es ahora", ha señalado Villar. De hecho, desaparece la división de la ciudad en dos grandes anillos que había anunciado el PP, al menos en la práctica, ya que según el vicealcalde no se experimentará ningún cambio normativo, de circulación o restrictivo al pasar de una zona a otra.

El propio edil ha reconocido que, al no contar con prohibiciones, la futura ordenanza se elabora con el único objetivo de cumplir con las exigencias de Europa. Esta decisión del equipo de gobierno de diluir al máximo el contenido de la ZBE cuenta, de acuerdo con lo expuesto con Villar, con el visto bueno de varios informes municipales, que consideran viable aplicar una normativa sin contenido sancionador al mismo tiempo que se conservan las inversiones recibidas de fondos europeos: unos quince millones de euros.

Pese a esa seguridad jurídica que aportan los documentos técnicos, el número dos de Barcala ha evitado, pese a las preguntas de la prensa, aportar más detalles al respecto o concretar de qué manera se pretende "esquivar" en Alicante las exigencias europeas que ya han tenido que aplicar ciudades como Madrid.

Oficina antiokupas y atención al embarazo

El acuerdo entre ambas formaciones también incluye la aceptación de buena parte de las enmiendas de la ultraderecha (16 propuestas pasaron el corte técnico) así como un millón de euros para implantar la carrera profesional que Barcala prometió en 2019 a los funcionarios municipales.

Entre las principales propuestas que Vox ha conseguido "colar" en el presupuesto del PP destacan la creación de una oficina para combatir la okupación ilegal en la ciudad y otra "para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares"

Unas medidas que según el vicealcalde, Manuel Villar, vienen a mejorar el borrador de cuentas presentado por su partido. Un documento que PP y Vox tienen previsto aprobar inicialmente en un pleno extraordinario que se celebrará la próxima semana y que asciende a un total de 359,26 millones de euros, la cifra más elevada de la historia del Ayuntamiento.

"Está fuera de la ley"

Un pacto que ha trascendido más allá de los muros de la casa consistorial. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que se encontraba este martes en Alicante, cree que este pacto es otro ejemplo de que "PP y Vox están haciendo que en los territorios haya unos retrocesos que hace unos meses eran impensables y que no tienen cabida en una sociedad moderna y que mire al futuro".

Bernabé recuerda además que la Agenda 2030 "es un consenso internacional", por lo que hacer negacionismo de ella lleva a afirmar que no se va a cumplir con la legislación "que ya existe en Europa para atajar las condiciones del cambio climatico". La representante del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha advertido de que "aunque quieran ponerle freno, no van a poderlo hacer, porque no se puede frenar el progreso".

De nuevo en el marco del Ayuntamiento, este acuerdo no ha sido bien recibido entre las filas de la oposición, que han tildado el pacto de "una estafa a la ciudadanía".

Para el PSOE, este anuncio significa que "Barcala cede ante las exigencias de la ultraderecha". Una cesión en la que "la moneda de cambio ha sido plegarse al negacionismo del cambio climático" y que, según los socialistas, no cumpliría con las exigencias de la UE: "Eso es algo que vamos a combatir" han señalado. 

La formación que dirige en Alicante Ana Barceló cree también que este presupuesto "vuelve a favorecer a una parte de la ciudad, olvidando a los barrios que más inversiones necesitan" y que, por tanto, "se generan nuevos desequilibrios y no se da respuesta a numerosas reivindicaciones vecinales".

Tampoco se ha mostrado satisfecho el portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien afirma que el PP y Vox han llegado a un acuerdo que "es una vergüenza" y que "si se cumple tal y como está redactado" podría conllevar multas y penalizaciones de Europa, según Mas.

El líder de la coalición valencianista también ha asegurado que "el pacto puede suponer una posible prevaricación por incumplimiento de las leyes" y ha anunciado que Compromís pedirá una comisión extraordinaria para vigilar el cumplimiento de las leyes. "El pacto ancla la ciudad en el siglo pasado", ha lamentado.

Por su parte, el concejal de Esquerra Unida - Podemos, Manolo Copé, cree "lamentable" un acuerdo que "antepone intereses políticos totalmente irracionales a la salud y el bienestar de la ciudadanía" de Alicante. Para Copé, la protección del medio ambiente "no debería ser objeto de negociación" y pregunta al alcalde Luis Barcala en qué mejoran la vida de los alicantinos y alicantinas medidas como el aumento de la dotación de la escuela taurina.

El de Esquerra Unida advierte de que "se están jugando la devolución de 15 millones de euros aprobados por la Unión Europea", algo que no solo afectaría a la transformación urbana sino también a la creación de empleo. "Es una muestra de la falta de rumbo político de ambas formaciones y de la incapacidad de acordar ni dialogar nada", ha criticado Copé.