Barcala esconde la Zona de Bajas Emisiones a Vox y deja en el aire la aprobación de los presupuestos de Alicante

Sigue el pulso entre PP y Vox de cara a los presupuestos municipales de Alicante para 2024. El gobierno local descarta por el momento mostrar el borrador de la futura ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y la formación de ultraderecha mantiene que esa será su principal línea roja: "Es innegociable", aseguran.

Aunque en el mes de diciembre el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, reconocía que las negociaciones para la aprobación de las cuentas del Ayuntamiento estaban más avanzandas "con uno de los grupos", en una clara alusión a Vox, la relación entre ambas formaciones se ha enfriado (al menos en apariencia) a escasas semanas de que tenga lugar la votación del documento, que podría llevarse a cabo en la segunda semana de este mes de enero.

El gobierno de Barcala aplaza la implantación de la zona de bajas emisiones en Alicante hasta junio de 2024

La portavoz del partido ultra, Carmen Robledillo, ya señaló la pasada semana en declaraciones a INFORMACIÓN que el voto favorable o la abstención de su grupo (necesario para el visto bueno a las cuentas ante la previsible negativa de la izquierda) pasa, sí o sí, por conocer previamente el contenido de la citada ordenanza y asegurarse de que esta no incluya ningún tipo de restricciones ni sanciones para el tráfico.

Pese a la mayoría simple cosechada por el PP de Barcala en las últimas elecciones municipales (con 14 ediles de los 29 de la Corporación) el único voto que necesita el alcalde para sacar adelante los presupuestos de 2024 podría terminar convirtiéndose en un serio obstáculo para los populares, todo después de un año en el que el ejecutivo local se vio obligado a prorrogar las cuentas debido a su incapacidad para sumar apoyos: ni siquiera los ultras, la muleta habitual del extinto bipartito con Ciudadanos, apoyaron entonces el borrador de Barcala.

Para dar su brazo a torcer, los de Robledillo exigen conocer el contenido de la ordenanza que controlará la futura Zona de Bajas Emisiones y asegurarse de que esta no inclurá "ningún tipo de restricción ni sanción para los vehículos". Un compromiso que, además, debe ser firme: "No nos vale la palabra del alcalde, necesitaremos una prueba técnica o jurídica", han señalado fuentes de Vox a INFORMACIÓN.

Sin embargo, el número dos de Barcala, Manuel Villar, ha rechazado facilitar a los ediles de ultraderecha acceso a la normativa: "El borrador está en una fase muy incipiente", reconocía el vicealcalde Villar este martes. Además, el popular señalaba que "ahora mismo estamos en la fase de las enmiendas", por lo que lo primordial para el ejecutivo local es negociar con los grupos mediante de la tramitación de sus propuestas. No obstante, Villar ha destacado que, por el momento, el PP no se plantea volver a prorrogar las cuentas, como ya ocurrió en 2023, sino que buscará el apoyo de la oposición para conseguir ese ansiado voto que le falta: "Si se ha hecho todo, es para aprobarlo", por lo que pasar otro año sin presupuesto "no está encima de la mesa".

El bipartito "diluye" la zona de bajas emisiones en Alicante para que Vox apruebe el Presupuesto

A pesar de la intención del gobierno municipal, los movimientos de Vox en las últimas semanas han puesto de manifiesto que el principal escollo que deberá sortear el alcalde para sacar adelante su proyecto será el que, hasta ahora, sigue siendo su secreto mejor guardado: la Zona de Bajas Emisiones. Esta delimitación que Europa exige a las ciudades de más de 50.000 habitantes se debería haber implantado inicialmente en enero de 2023. Sin embargo, el ministerio amplió el plazo, en un primer momento hasta este 1 de enero y, finalmente, hasta mediados de este año 2024, por lo que ahora mismo no se encuentra entre las prioridades más urgentes del equipo de gobierno, como ya reveló Villar en el pasado pleno, al asegurar que no había "prisa" para sacar adelante la normativa.

Sin noticias de la norma

En cuanto a cómo se llevará a cabo su implementación, poco o nada ha trascendido de las intenciones del ejecutivo de Barcala. El borrador de las cuentas incluye una partida de cerca de 950.000 euros para la puesta en marcha del anillo de la Gran Vía, aunque sin mayor concreción. Por su parte, Barcala ha insistido en numerosas ocasiones en que esta nueva regulación del tráfico no implicará multas ni prohibiciones, pero no ha desgranado cómo afectará a la circulación de la ciudad. Un "secreto" que el alcalde popular no está dispuesto a desvelar a la ligera: en 2023 ya fue el causante de que los presupuestos no salieran adelante.

Más allá del debate entre las posibles restricciones que podría conllevar esta medida para la circulación en la ciudad, la Zona de Bajas Emisiones también lleva de la mano una serie de inversiones para ampliar el espacio peatonal e impulsar el calmado del tráfico, como las que en los últimos meses se han llevado a cabo en el eje Marvá-Soto-Gadea, las de peatonalización en Constitución y Bailén o los cambios de la avenida Aguilera, aún pendientes. Una serie de trabajos por los que Alicante ha recibido más de 15 millones de fondos europeos y que, de no incluirse finalmente en la futura ZBE, podrían suponer la devolución de parte o la totalidad de estas ayudas. Algo que desde Vox no ven con malos ojos: "Si hay que devolver el dinero de Europa, se devuelve, pero lo importante es que no se prohiba nada a los alicantinos y que puedan circular libremente", han señalado desde la agrupación.