Las leyes del PP y Vox no pasarán por el Jurídic como reclama la oposición

El paquete legislativo presentado la pasada semana por el PP y Vox en las Cortes ha sumido la legislatura en una nueva fase, tensionando las relaciones entre los partidos que dan sustento al Consell y la oposición. Tras anunciar PSPV y Compromís que ya estudian recursos de inconstitucionalidad –algo que no ha gustado al Ejecutivo valenciano–, la izquierda redobló la presión sobre los de Carlos Mazón al pedir que las cinco proposiciones de ley pasen por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), lo que no es preceptivo en estos casos y que solo saldría adelante si alguno de los grupos que registran la ley lo respalda.

Populares y voxistas formalizaron su oposición en la Junta de Síndics de ayer, elevando el malestar en la izquierda. El portavoz del PP, Miguel Barrachina, justificó la decisión apuntando que esta figura es legal y recordando que el Botànic la empleó en 39 ocasiones. Por ello, instó a la oposición a presentar enmiendas durante la tramitación parlamentaria de las normas «y protestar menos».

Curiosamente, casi en paralelo, la portavoz del Consell, Ruth Merino, defendía justo la vía opuesta en pos de «ofrecer todas las garantías necesarias». «Ningún inconveniente», señaló sobre la posibilidad de consultar al CJC.

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, consideró esta negativa un «atropello democrático» y recordó que en 2018 el grupo popular presentó una iniciativa en la que pedía «que no sólo hubiese un informe del Consell Jurídic Consultiu ante las proposiciones de ley, sino también un informe del Comité Económico Social, de la dirección general de Presupuestos y de la Abogacía de la Generalitat».

Preguntado por este antecedente, Barrachina echó balones fuera y se limitó a remarcar que esa propuesta fue tumbada por las Cortes y que el PP «respeta el texto» actual.

Ante la negativa del PP y Vox, Muñoz mostró su preocupación por la falta de control del CJC a las proposiciones y advirtió de que tramitarlas por la vía de urgencia supondrá que los plazos se acortarán a la mitad. Es más, auguró que proposiciones como la de «falsa libertad educativa» o la «ley franquista» podrían invadir competencias estatales que obligarían a negociarlas en la comisión bilateral Estado-Generalitat.

El Consell acusa a la izquierda de hacer una "oposición destructiva" con su rechazo a las leyes de PP y Vox

A este respecto, su homólogo en el PP prometió que su grupo estará abierto a aceptar propuestas de la izquierda. Barrachina garantizó que el recorrido parlamentario irá «con toda la rapidez que permita el reglamento», con el objetivo de que salgan adelante en el actual periodo de sesiones antes de verano. Pero aseguró que no es una «obsesión» para su partido y prometió que la oposición dispondrá de al menos cuatro meses para presentar enmiendas: «Priorizamos el acuerdo, no nos importa alargar plazos. Y ojo, el PP va a aceptar enmiendas», dijo.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, acusó por su parte a Mazón de intentar rehuir de estas leyes y defendió que no hay «mayor diálogo» que el PP permita remitirlas al Jurídic. Además, aseguró que no hay precedentes de haber presentado cinco leyes «de golpe» y por la vía de urgencia.

Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, coincidió en defender la tramitación de urgencia para que las cinco leyes entren en vigor cuanto antes y en subrayar que la ley no establece que deban pasar por este trámite, mientras acusó a la oposición de victimizarse.