La huelga de letrados de Justicia vuelve a paralizar la actividad judicial en Alicante y Elche
El masivo seguimiento del paro convocado por los LAJs para exigir al Gobierno que cumpla los acuerdos para mejorar sus salarios obliga a suspender más de 300 juicios y otras actuaciones
La huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocada en todo el país por incumplir el Gobierno sus compromisos para mejorar las retribuciones del colectivo volvió a paralizar ayer los juzgados de la provincia por tercera vez en menos de un mes. El paro fue secundado de forma masiva en los diferentes partidos judiciales por las letradas y letrados de la Administración de Justicia, rozando el cien por cien en Alicante y en Elche. Dado este seguimiento mayoritario, los juicios sin presos, declaraciones y otras actuaciones judiciales tuvieron que suspenderse y en algunos casos no podrán celebrarse hasta 2024, según fuentes judiciales.
Solo en los juzgados de Alicante y Elche, se suspendieron más de 300 actuaciones, entre juicios penales sin preso, declaraciones, videoconferencias, vistas de Civil, Mercantil y de lo Social y actos de conciliación.
En el caso de la Audiencia Provincial de Alicante, únicamente se celebraron varias vistas por recursos de apelación en causas con presos y se tuvo que suspender un juicio a una trama que simulaba accidentes de tráfico para cobrar el seguro y otro que iba a empezar el martes por un tiroteo con heridos en Villena y estaba previsto que se prolongara dos o tres días.
Segundo día de paro
Esta paralización de los juzgados de la provincia se repetirá de nuevo este jueves, ya que, por el momento, el Ministerio de Justicia no ha respondido a las demandas de las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia.
La próxima medida que baraja el colectivo es una huelga indefinida, que comenzaría el próximo mes de enero en un día concreto pendiente de fijarse.
Las asociaciones de LAJs denuncian que el Gobierno ha demostrado una vez más «que no le preocupa el ciudadano», al asumir una huelga que perjudica a decenas de miles de particulares y empresas que han visto sus asuntos suspendidos sin fecha, sin que ni siquiera haya convocado al comité de huelga.
Según señalan en un comunicado conjunto las asociaciones de LAJs, son miles de millones de euros «los que compromete diariamente el Gobierno en cuestiones a veces de dudoso retorno social»
Sin embargo, critican que que se niega a los LAJs una reforma de los decretos de retribución del cuerpo pese a que asumió en 2009 nuevas funciones no retribuidas y «contribuye decisivamente al funcionamiento de la Justicia, la ejecución de sus resoluciones y, en definitiva, a la tutela de derechos y al mejor funcionamiento de la economía del Estado».
El colectivo se siente discriminado respecto a otros cuerpos dependientes del Ministerio de Justicia y las asociaciones aseguran que la reforma de sus retribuciones «solo supone 27 millones al erario público (en realidad 13, porque con el decreto de sustituciones en vigor se ahorra 14)». Otro de los compromisos incumplidos por el Ministerio de Justicia es la cláusula de enganche a las retribuciones de los jueces, según denuncian las asociaciones de LAJs.
Perjuicio al ciudadano
El gran perjudicado de estos paros está siendo el ciudadano, que ve cómo se le suspende un juicio que llevaba tiempo esperando y ahora se le fijará para dentro de más de un año.
«Lo más grave es que ni siquiera reclamamos una negociación, ésta fue aceptada en un principio por Pilar Llop y simplemente cuando llegamos a acuerdos, se negó a cumplirlos. En ese sentido no podemos menos que preguntarnos: ¿Qué valor tiene la palabra de la Ministra Llop? Está claro que menos que nada», afirman los convocantes de la huelga.
La llamada a la huelga fue secundada ayer de forma masiva en la provincia. Así, en Alicante la secundaron el 95% de los LAJs, en Benidorm un 93% y en Elche se sumaron todos al paro excepto los servicios mínimos.
El colectivo reitera que solo reclaman el cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociación, «vulnerándose además la regulación del ejercicio del derecho de huelga, al negarse a negociar la ejecución de los acuerdos con el comité de huelga».
La amenaza de huelga indefinida para el próximo enero puede agravar aún más el perjuicio que supone esta suspensión de juicios y otras actuaciones.
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