Más de 200 asuntos esperan desde hace años a ser resueltos en una sección de la Audiencia de Alicante
El Ministerio de Justicia acaba de aprobar la asignación presupuestaria para que una magistrada en comisión de servicio resuelva el atasco que sufre una de la salas penales de la sede de Elche
Oficina de la última sección de la Audiencia de Alicante creada en su sede de Elche. / Antonio Amorós
Procedimientos que, en algunos casos, arrastran más de cinco años de demora hasta superar, en total, los dos centenares de causas a la espera de sentencia precisamente en la última sección penal creada en la Audiencia de Alicante, la XI con sede en Elche.
Se trata de asuntos que en su mayoría migraron de la otra sala penal ubicada en la Ciudad de la Justicia ilicitana, la VII, y entre los que se encuentran desde vistas orales hasta apelaciones deliberadas pero pendientes todas ellas de la redacción y notificación de unas sentencias que los justiciables lleva años aguardando.
Resoluciones entre las que, sin duda, habrá absoluciones, con el daño añadido que supone la demora en conocer un fallo que exonera de responsabilidad penal.
Hace cerca de dos meses que la presidenta de la sección, la magistrada Gracia Serrano, comunicó el problema al presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, quien a mediados de noviembre llevó ante la sala gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) la necesidad de nombrar un refuerzo para dar salida a estas causas.
Desde el TSJ la petición se trasladó a la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la aprobó dejando la pelota en el tejado del Ministerio de Justicia, donde se acaba de aprobar la asignación presupuestaria para la magistrada que se va encargar de esta tarea, Joaquina de la Peña.
La exdecana de Orihuela, ahora en la sección XI de la Audiencia, se ofreció voluntaria para sacar adelante estos asuntos y en ello tiene que emplearse a partir del próximo 2 de enero. Para resolverlo cuenta con un plazo de seis meses.
Baja
Al atasco que históricamente ha arrastrado la única sección penal que hasta hace dos años había en la sede de la Audiencia en Elche, la VII, a todas luces insuficiente para acometer el volumen de trabajo al que se tenía que hacer frente, se ha unido desde el pasado octubre la baja médica de uno de los magistrados que formaba parte de esa sala, el magistrado Manel Martínez Aroca, y que ahora, desde su creación en diciembre de 2021, está en el tribunal de la XI.
Una ausencia que se está resolviendo, hasta la reincorporación de Martínez Aroca, gracias al apoyo de otras dos magistradas de las secciones desplazadas en Elche: María José Boix y Mercedes Matarredona, quienes se están ocupando de sacar los asuntos más recientes de este magistrado.
Bajo la amenaza de la repetición del juicio de las basuras de Orihuela y el del PGOU de Alicante
Con inquietud se está aguardando en las seis secciones penales con que cuenta la Audiencia de Alicante la decisión que al final adopte el Tribunal Supremo sobre dos macroprocesos derivados del caso Brugal, la mayor operación contra la corrupción que se ha investigado en la provincia, recurridos en casación y cuya hipotética repetición pondría en un serio aprieto el funcionamiento de este órgano judicial.
La resolución sobre el primero, el proceso por supuestas irregularidades en la adjudicación de la basura y la limpieza viaria del Ayuntamiento de Orihuela, se espera para principios del próximo año después de meses de espera desde su deliberación.
En esta causa fueron absueltos los 34 acusados, entre ellos los exalcaldes de PP de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, tras invalidarse registros e intervenciones telefónicas. La Fiscalía Anticorrupción plantea la anulación del fallo y la repetición del juicio.
U n proceso cuya vista oral se prolongó a lo largo de ocho meses y en la que, debido a su volumen y a su dilatada instrucción, han intervenido en un momento y otro prácticamente todos los magistrados de las dos secciones de Elche, donde se tendría que volver a juzgar de así estimarlo el Supremo. Eso significa que para conformar el tribunal habría que recurrir a magistrados de Alicante con la disfunción que eso supondría para las salas con sede en la capital.
Pero existe además un segundo procedimiento derivado del Brugal, el de los presuntos amaños del PGOU de Alicante, cuya repetición también ha reclamado Anticorrupción al Alto Tribunal.
Aunque de menores dimensiones que el anterior tanto en lo relativo al número de acusados (9), como a las sesiones que sería preciso señalar para volver a enjuiciarlo, la hipotética repetición de esta vista oral, donde figurarían como acusados los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo además del empresario Enrique Ortiz, entre otros, también se vive como un nubarrón para el normal funcionamiento de la Audiencia.
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