Denuncian al dueño de los perros que mataron a un hombre en Pinoso por vender bienes para no pagar a las víctimas

La acusación particular solicita al juzgado que acordó la suspensión de la pena de cárcel que la revoque y deduzca testimonio al propietario por delitos de insolvencia punible y fraude procesal

El dueño de los perros y su expareja, en el juicio por la muerte de un vecino de Pinoso.

El dueño de los perros y su expareja, en el juicio por la muerte de un vecino de Pinoso. / PILAR CORTÉS

La acusación particular en el caso de la muerte de un hombre de 74 años tras ser atacado por seis perros en octubre de 2016 en Pinoso ha presentado un escrito en el juzgado donde denuncia que el dueño de los canes, condenado junto a su expareja a dos años de prisión y al pago de 171.000 euros en indemnizaciones a la familia y a Sanidad, vendió una vivienda antes del juicio para eludir el pago de la responsabilidad civil y engañó al órgano judicial que acordó la suspensión de la pena al acreditar «falsamente su situación económica precaria».

Por ello, el abogado de la familia, Rafael Mira Miralles, ha solicitado al juzgado de lo Penal número 7 de Alicante que deduzca testimonio al dueño de los perros por sendos delitos de insolvencia punibles y fraude procesal y admita su recurso contra la suspensión de la pena de cárcel acordada y revoque dicho acuerdo.

La suspensión del ingreso en prisión de los dos condenados se acordó recientemente y el juzgado la dejó condicionada a que no delincan en un plazo de cinco años y a que durante este periodo abonen cuotas mensuales para satisfacer parcialmente la responsabilidad civil, fijada en la sentencia en unos 171.000 euros para la familia del fallecido, José Sellés, de 74 años, y para la Conselleria de Sanidad por los gastos médicos. El juzgado fijó una cuota mensual de 550 euros durante cinco años para el hombre condenado y otra de 250 euros para la mujer. Sin embargo, la familia de la víctima considera injusta la decisión y ha aportado datos sobre presuntas irregularidades por parte del dueño de los canes.

La acusación particular ya destacó en su recurso contra la suspensión de la pena que se había incurrido en un error al considerar que ninguno de los condenados era titular de bienes inmuebles, ya que el dueño de los canes sí aparecía como propietario de la mitad de una vivienda en Yecla. Aunque el juzgado de lo Penal número 7 de Alicante dictó el pasado 15 de mayo una providencia para que el Registro de la Propiedad de Yecla le informe de esta finca registral que no apareció en la búsqueda patrimonial, el abogado de la acusación ya ha aportado en su nuevo escrito la nota registral y en ella aparece que el condenado la vendió el 21 de mayo de 2021.

El abogado tilda de «conducta fraudulenta» la acción realizada por el dueño de los perros, ya que nueve meses antes de la vista oral vendió el único bien inmueble existente en su patrimonio, lo que fue en perjuicio de la viuda e hijas del fallecido y eludió así la fianza de 250.000 euros fijada en el auto de apertura de juicio oral a cada acusado para una posible responsabilidad civil.

Eliminar patrimonio

En dicho auto se recogía expresamente que en caso de no abonar la fianza se embargarían los bienes, pero el condenado procedió «intencionadamente» a eliminar antes su patrimonio, «con la única finalidad de aparentar una situación de insolvencia parcial, impidiendo así que mis representadas pudieran lograr su derecho de cobro total de las responsabilidades civiles».

Añade el abogado en su escrito que desconoce si la venta fue ficticia y dónde fue a parar el importe percibido, ya que no aparece en su patrimonio.

Por otro lado, la acusación particular cuestiona las alegaciones del condenado para acreditar «falsamente su situación económica precaria» al aportar un extracto de movimiento bancarios donde «hizo creer al juzgado que era una amortización de préstamo hipotecario, extremo que no es así».

El juez ya le requirió que aportara el préstamo hipotecario y se presentó una escritura de préstamo con garantía hipotecaria que no correspondía con la documentación requerida. Señala el letrado de la acusación que ha hecho creer que dicha escritura está en vigor y no es así si se vendió la finca, por lo que a su juicio ha incurrido en un fraude procesal y pide que se le deduzca testimonio por ser un delito.