El concepto de autodeterminación de Cataluña que maneja la ciudadanía es erróneo, según un estudio de la UA

A río revuelto ganancia de pescadores, dice el refrán. Es el caso del concepto “derecho de autodeterminación de Cataluña”. El desorden conceptual existente en torno a esta expresión es fruto tanto del desconocimiento popular sobre conceptos jurídicos como del interés político en desinformar. Es la conclusión a la que ha llegado Elena Llorca Asensi, investigadora de la Universidad de Alicante. Llorca muestra en su tesis doctoral “Conflicto de interpretación sobre el derecho de autodeterminación en el caso catalán. Estudio desde la sociología”, cómo el uso de estrategias de desinformación por una parte de la clase política incide en una confusión generalizada entre la población, confusión a la que colabora, de forma involuntaria, la falta de precisión de quienes intentan rebatir esta opinión mayoritaria.

Los resultados del estudio indican que esta desinformación generalizada de la población es tanto deliberada como accidental. Es deliberada porque una parte de la clase política promueve una interpretación errónea del concepto jurídico estudiado, interpretación que comparte nada menos que el 60% de la población de Cataluña. Y es también accidental porque la población media “no contamos lógicamente con conocimientos técnicos especializados, ni en derecho internacional ni en otras disciplinas complejas, lo que nos convierte en pasto de la desinformación”, señala. Estos resultados llevan a afirmar a Elena Llorca que “existe un gran riesgo de que aumente la creciente polarización social e ideológica por esta falta de información jurídica objetiva y adecuada”.

Para la realización del estudio, la experta ha contado con la colaboración de 102 profesores y doctores, mayoritariamente de Derecho Internacional, de 33 universidades españolas, con cuyas opiniones ha configurado el dictamen experto sobre el verdadero significado y alcance del derecho de autodeterminación en el caso de Cataluña, del que parte su trabajo. Además, se han aplicado técnicas informáticas avanzadas de análisis semántico y minería de textos, combinadas con métodos propios de las ciencias sociales, que han permitido la obtención de los resultados.

Desde la óptica sociológica que guía toda la investigación, el Derecho es concebido no como un conjunto de reglas e instituciones, sino como un campo de interacción en el que los distintos actores sociales batallan por el control de los significados. Llorca argumenta que esta lucha, que se concreta en un conflicto de interpretaciones en el caso de estudio, potencia la aparición de esas corrientes de desinformación que, normalmente, son deliberadas en sus inicios, “pero se extienden luego de forma orgánica en el momento en que las personas empezamos a compartir aquello que creemos de buena fe que es cierto, aunque no lo sea”. Así, finaliza la experta, la información falsa sobre cuestiones jurídicas “es empleada para conseguir objetivos políticos; se busca provocar determinadas emociones en los ciudadanos que les muevan a acciones concretas que interesan a quienes la promueven”.

Sociedad de la desinformación y narrativa populista

La tesis está contextualizada en lo que ya se conoce como sociedad de la desinformación, “por el ingente volumen de información falsa que circula por las redes”, apunta la doctora. Además, “es una sociedad en la que priman los valores posmodernos, que relativizan la existencia de verdades únicas y son favorables a que cada uno se construya su propia verdad”.

En la sociedad actual se recoge “un aumento de las narrativas populistas que promueven una creciente polarización social entre grupos que se perciben recíprocamente como enemigos, así como entre el pueblo y las élites, que está en la esencia del populismo”. En un contexto de populismo, por tanto, lo que provenga de las élites es rechazado de plano. Cuando ese “algo” es conocimiento científico o especializado, como es el caso de cuestiones jurídicas complejas como la incluida en este estudio, se rechaza más aún, lo que profundiza en una crisis del conocimiento experto, que es sustituido por el saber o el sentir popular, lo que los anglosajones expresan como “the people know best”, frente al que no cabe argumentación racional.

El “conflicto catalán”

Para estudiar la desinformación jurídica la investigadora ha escogido la crisis política y social que supone el enfrentamiento entre el independentismo catalán con el Estado español, el llamado “conflicto catalán”. Diversos estudios apuntan a la existencia de abundante narrativa populista desde ambos lados del conflicto, principalmente entre algunas agrupaciones independentistas y entre formaciones de derecha radical. Además, se ha demostrado que el apoyo o no a la independencia es una variable de polarización ideológica y afectiva dentro de la sociedad española, siendo España una de las sociedades con mayor polarización afectiva de Europa.

Metodología de la investigación

La tesis doctoral incluye un compendio de artículos publicados en prestigiosas revistas científicas y ha seguido una metodología secuencial, en la que los resultados de cada etapa marcaban los objetivos de la siguiente, lo que ha permitido “abordar el estudio sin ideas preconcebidas de la magnitud o el origen de la desinformación jurídica en el caso de estudio, dejando que los datos hablaran por sí solos”. En primer lugar, se realizó una escucha activa en Twitter para identificar los principales temas de conversación durante 2019, año del llamado juicio del Procés.

Tras evidenciar que “autodeterminación” era el concepto jurídico más polémico, se consultó en 2020 y 2021 a 102 expertos, la mayoría doctores en derecho internacional, a los que se solicitó colaboración para conocer qué es el derecho de autodeterminación desde el punto de vista jurídico, extrayendo solamente la información objetiva. A continuación, entre 2021 y 2022, la autora trabajó para identificar la interpretación errónea señalada por los expertos tanto en Twitter, foro preferido por los ciudadanos para hablar de política, como en la población general. El resultado evidenció una desinformación generalizada que, en el caso de Twitter, iba acompañada de emotividad negativa en el 96,5% de los casos. Fuera de las redes sociales, “el 60% de la población encuestada manifestó tener un conocimiento erróneo que sigue la estela de lo promovido por una parte de los políticos. Y otra parte que simplemente estaba poco informada”.