Los expertos alertan de que solo uno de cada cinco delitos de odio se denuncia en la provincia de Alicante

El miedo a las represalias y que la investigación policial y judicial sea archivada provoca que las víctimas desistan de acudir a la Justicia. La mayoría de los casos en la provincia se debieron episodios de insultos y agresiones racistas

Imagen de archivo de una concentración de repulsa contra la homofobia celebrada en Elche.

Imagen de archivo de una concentración de repulsa contra la homofobia celebrada en Elche. / ANTONIO AMOROS

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Uno de cada cinco delitos de odio que se cometen se quedan sin denunciar. Ésta es la alerta que lanzaron este miércoles juristas e integrantes de las Fuerzas de Seguridad en los cursos de verano de la Universidad de Alicante dedicados a analizar el auge de este tipo de delitos. El miedo de las víctimas a posibles represalias de sus agresores o a que sus denuncias acaben archivadas suponen un freno para quienes sufren este tipo de hechos se frenen a la hora de acudir a la Justicia o las Fuerzas de Seguridad. Incluso hay actitudes que están tan arraigadas que ni siquiera la víctima percibe que está sufriendo un delito. A veces pueden tratarse de actos de discriminación, otras de comentarios vejatorios, amenazas o insultos y otras llegan a hechos más graves como las agresiones físicas y ataques que tienen un trágico resultado de muerte. Uno de los ejemplos citados a lo largo de la jornada fueron los insultos racistas a Vinicius en el mundo del fútbol. Las jornadas que se enmarcan dentro de los cursos de verano Rafael Altamira de la Universidad fueron inauguradas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho por el decano Jaume Ferrer.

El arranque de este curso en la UA coincidió con la publicación de un informe del Ministerio del Interior con un informe sobre los delitos de odio en España durante el año pasado. Una estadística que colocaba a la provincia con una media cercana de cuarenta casos de delitos de odio al año, caso arriba o caso abajo, los mismos que se vienen denunciando durante los últimos ejercicios. La mayoría de los casos registrados, un total de veinte tuvieron un móvil racista o xenófobo; mientras que otras ocho fueron agresiones por razón de la condición sexual de las víctimas, siete tenían una motivación por razón de género; una un caso de antigitanismo; otra por ser la víctima un indigente; una era un discapacitado; y otra fueron actos que se sancionaron por la vía administrativa. Estos hechos se saldaron con veinte detenidos en la provincia y un total de 36 casos esclarecidos. Los datos colocaban a la provincia como la séptima en España en número de casos. En toda España los delitos de odio se incrementaron en un 3,7 por ciento durante el año pasado. Aunque para las Fuerzas de Seguridad la provincia de Alicante no es una zona especialmente conflictiva en la proliferación de delitos de odio, sí que ha contado con algunos hechos graves. Una de ellas fue una agresión homófoba en las laderas del Monte Tossal por parte de un grupo de jóvenes ultra que salieron a apalear homosexuales en febrero de 2021.

La directora de los cursos, Natalia Sánchez Moraleda, confirmó la existencia de esa bolsa oculta de caso y cuyo alcance aun se desconoce. "Muchas veces hay miedo a meterse en la aventura judicial, aunque no todos los casos tienen por qué llegar la vía penal, hay más recursos". A su juicio, para evitar estos delitos de odio "sobre todo hay una cuestión de Educación", dijo.

Favorecer las denuncias

En el marco de los cursos de verano se subrayó la necesidad de facilitar que las víctimas presentaran denuncia y animarlas a perder el miedo de hacerlo. Por este motivo, el comisario Matías Hernández, responsable de la Unidad de Coordinación Operativa Provincial de la Comisaría de Alicante (UCOP) destacó la importancia de reforzar la empatía con las víctimas por parte de las Fuerzas de Seguridad. El auge de los delitos de odio lo achacó a la polarización social y a la expansión de ideologías extremas que vejan al diferente para reafirmar su posición.

Un momento de la inauguración en la Universidad de Alicante de los cursos sobre delitos de odio.

Un momento de la inauguración en la Universidad de Alicante de los cursos sobre delitos de odio. / ALEX DOMINGUEZ

En esta misma línea, el inspector Roberto Lorenzo, que es codirector de estos cursos, subrayó que es la prevención de delitos uno de los aspectos en los que se debe incidir, motivo por el que la Policía estaba visitando colegios e institutos para dar charlas formativas, instando a vaciar la mente de estereotipos y a cambiar el chip. Las charlas formativas ayudan a evitar agresiones futuras, frenando actitudes intolerantes.

Por su parte, el vicerrector de Ordenación Académica Luis Alfonso Martínez señaló que aunque los delitos se trataban de un concepto muy reciente, se trata de actitudes con los que llevamos conviviendo toda la vida. "Todos los delitos de odio son censurables y merecen una respuesta cada vez más eficaz", destacó. A su juicio, se trata de un síntoma preocupante de la sociedad por lo que instó a que no se queden hechos delictivos sin denunciar. Dentro de esta proliferación de discursos de odio, destacó el caldo de cultivo que constituyen las redes sociales para la difusión de este tipo de delitos.

A lo largo de la mañana intervinieron portavoces de asociaciones de colectivos vulnerables. Ángel Galán coordinador en la Comunidad Valenciana de la ONG Movimiento contra la Intolerancia destacó que en España llevábamos un centenar de víctimas mortales por delitos de odio. Unos crímenes tras los cuales suele haber la motivación de lanzar un mensaje a todas las personas que tienen la misma condición que la víctima. Por su parte, Elvira Estrobel trabajadora social y representante de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido destacó las consecuencias de las connotaciones negativas que tiene la discapacidad, donde cambiar mentalidades es toda una lucha contra gigantes que llega a ser agotador emocionalmente, destacando la necesidad de "empoderar a las personas con discapacidad". Por su parte, Emilio Israel Cortés director de la Asociación de Juristas Gitanos denunció las continuas discriminaciones sufridas por este colectivo, "comportamientos arraigados con impunidad" y que en muchos casos provienen de las propias instituciones.