Hacia una verdadera transición verde y socialmente justa de la economía

La trayectoria investigadora del profesor ilicitano Álvaro Antón está ligada esencialmente al estudio de las implicaciones de la fiscalidad en la sociedad y a los constantes desafíos actuales: desde la transformación digital de las administraciones tributarias hasta la economía colaborativa. En esa permanente búsqueda de ofrecer claves que mejoren las gestiones fiscales, ha organizado el lunes y martes de esta semana, junto a la catedrática Marta Villar, unas jornadas donde más de 30 expertos internacionales han abordado cómo las reformas fiscales medioambientales contribuyen a la recuperación económica.

¿Cómo ayuda a la recuperación económica actual la fiscalidad medioambiental?

No hablamos únicamente de una recuperación económica, sino de una verdadera transición verde y socialmente justa de la economía. Para trazar el camino hacia esta transición, la posición estratégica de la UE integra los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo en la recuperación de la economía de la UE y se ha plasmado en el plan de recuperación europeo Next Generation. Concretamente, avanzar hacia una economía neutra en emisiones de CO2 y conseguir la adaptación a la era digital del mercado único constituyen estrategias claves dentro de los distintos planes de recuperación que han presentado los 27 Estados de la UE. Este es el caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó España a la UE en 2021. Esta transición no será posible si no va acompañada de un importante esfuerzo inversor, tanto público como privado. No obstante, hay que tener presente que las opciones para alcanzar los objetivos medioambientales ligados al Pacto Verde, aunque basadas en recursos financieros, no siempre tienen que ser soportadas íntegramente por las finanzas públicas.

¿Y qué pueden hacer los gobiernos?

Los gobiernos pueden adoptar dos enfoques políticos distintos y complementarios. El primero estaría basado en lo que denominamos medidas de «mandato y control», es decir, un enfoque regulatorio basado en la introducción de estándares específicos, objetivos obligatorios, licencias u otro tipo de regulaciones. Y un segundo enfoque basado en instrumentos económicos como los impuestos, los cuales se consideran mecanismos eficientes y efectivos para orientar a través de señales de precio la producción y el consumo hacia comportamientos de los agentes económicos menos contaminantes o más eficientes y sostenibles. Organismos internacionales y europeos apuestan por la fiscalidad como instrumento adecuado, capaz de emitir las señales correctoras a mercados y operadores, sobre todo, allá donde la regulación no puede llegar.

¿Qué tipo de señales?

Como señala la propia Comisión, los impuestos medioambientales son un instrumento que permite contribuir a proporcionar las señales de precios correctas e incentivos adecuados a los productores, los usuarios y los consumidores para fomentar un consumo menos contaminante y contribuir al crecimiento sostenible. Paralelamente, pueden aportar ingresos fiscales adicionales a los presupuestos públicos; que pueden ser destinados: a financiar las inversiones en favor de la citada transición verde; a reducir impuestos en otros ámbitos -por ejemplo, sobre el trabajo- o a financiar medidas de protección social.

¿Qué reformas fiscales medioambientales son prioritarias para la recuperación económica?

Una reforma fiscal basada en impuestos energéticos bien diseñados podría formar parte del grupo de reformas políticas destinadas a alcanzar los ambiciosos objetivos. Además, las instituciones de la UE siguen animando a los Estados miembros a adoptar medidas fiscales para apoyar los objetivos del plan REPowerEU a fin de incentivar el ahorro de energía y reducir el consumo de combustibles fósiles. En este sentido, la revisión del marco europeo de la fiscalidad energética resulta fundamental para introducir un componente ambiental que ayude a fijar señales de precios para reducir el consumo de combustibles fósiles y ahorrar energía. Esta revisión solo será posible si los Estados miembros acuerdan por unanimidad modificar la actual Directiva sobre fiscalidad energética.

¿Y no hay desventajas?

Pueden impactar negativamente en sectores vulnerables o afectar a la competitividad de las empresas. En el contexto actual no puede obviarse los daños a la economía y a los hogares como consecuencia del incremento en los precios de la energía que estamos observando tras el Covid y desde la agresión de Rusia a Ucrania. Debemos tener en cuenta, a su vez, que los impuestos medioambientales presentan la ventaja de que los ingresos adicionales obtenidos pueden destinarse a financiar medidas de compensación a los hogares más vulnerables o mecanismos para mitigar la pérdida de competitividad de las empresas.

Se asegura que España es uno de los países de la Unión Europea que menos recauda con impuestos ambientales...

De acuerdo con datos de Eurostat de 2021, España ocupa el puesto 24 en términos de recaudación y presión fiscal derivada de los impuestos medioambientales de la Europa de los 27. La recaudación por estos impuestos en España solo alcanza el 4,52% (21.265 millones de euros) del total de ingresos tributarios, lo que representa una presión fiscal de los impuestos ambientales del 1,76% en 2021 frente al 1,5% en 2019. En este sentido, organismos como el propio Banco de España advertían sobre la necesidad de potenciar y mejorar el diseño de la fiscalidad medioambiental en nuestro país, para que la economía española pueda avanzar eficientemente en el proceso de transición ecológica.

¿Cómo se adapta la política fiscal en materia de medio ambiente de España al contexto de la UE?

En general, no podemos afirmar todavía que nuestro sistema fiscal contribuya eficazmente al logro de los compromisos españoles en el ámbito medioambiental asociados al cambio climático, la transición energética y la descarbonización. Actualmente, se observa una regulación compleja y asistemática con impuestos mal diseñados para alcanzar los fines medioambientales que se predican de los mismos. Además, existe una elevada heterogeneidad de figuras autonómicas que, en ocasiones, no responden a una verdadera finalidad medioambiental. Es necesario introducir medidas complementarias en forma de impuestos medioambientales efectivos y la eliminación de incentivos para el consumo de combustibles fósiles. Concretamente, será necesario fijar un precio al carbono en sectores excluidos hasta ahora en el ámbito de la UE como el transporte por carreteras al tiempo que se generan ingresos adicionales para garantizar una transición justa.

¿Qué área de la fiscalidad medioambiental está más desarrollada en España?

En el ámbito de la economía circular y la fiscalidad de los residuos es donde España ha progresado más rápidamente mediante un uso más decidido y alineado de la fiscalidad medioambiental con las nuevas estrategias de la UE asociadas al cambio climático y a la economía circular. Concretamente, a través del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y del impuesto sobre el depósito e incineración de residuos en vertederos, ambos introducidos por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En el otro lado de la moneda tenemos la imposición sobre el transporte, sector que es la principal fuente de emisiones españolas de Gases de Efecto Invernadero, un 29,1% de las totales en 2019. El PNIEC pretende lograr una reducción del 33% en las emisiones del sector de la movilidad-transporte entre 2020-2030. Además, hay que tener en cuenta que las externalidades negativas asociadas al transporte van más allá de las causadas por los contaminantes atmosféricos, pues incluyen también los costes asociados al ruido, congestión o los accidentes.