El Juzgado 1 de lo Contencioso Administrativo ha declarado nulo el decreto del alcalde, Ignacio Ramos, por el que se cesó de su cargo en 2007 al secretario accidental, Pascual Torregrosa, quien presentó un recurso por la vulneración de sus derechos fundamentales contra esta administración local. La magistrada, María José Alonso, estima parcialmente la demanda contra el decreto del alcalde, elaborado por los responsables de personal del Ayuntamiento, que lo cesó alegando la modificación de la relación de puestos de trabajo.
El cambio coincidió con la recuperación del gobierno local por parte del grupo socialista. El juzgado resuelve que el Ayuntamiento debe abonar al cesado la diferencia entre las retribuciones que recibió de forma efectiva y las que debería haber percibido desde el momento en el que fue cesado hasta la fecha en la que se recibió en el Consistorio un comunicado sobre la revocación de su comisión de servicios en el Ayuntamiento.
La juez no reconoce daños morales reclamados por el recurrente y que valoraba en 30.000 euros al considerar la proximidad entre el decreto por el que dejaba la Secretaría y la revocación de su comisión de servicios.
