El pleno de fiscalización de la gestión del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento no dejó claro ayer si el departamento de Urbanismo tiene previsto a clausurar la planta de transferencia de basuras que, como el propio concejal del área, Francisco Moreno, reconoció, aunque en términos técnicos, mantiene Acciona de forma ilegal en la carretera de La Marquesa desde hace seis años. Tampoco se sabe quiénes fueron alojados como invitados para acudir a las veladas de la pasada edición del Certamen Internacional de Habaneras o si se va a rescindir el contrato con la empresa que gestiona el Ecoparque por recibir supuestamente material robado. Cuatro horas de debate, casi todas consagradas a asuntos planteados por la oposición.
Sobre el espinoso asunto de la planta de transferencia de basuras la concejala socialista Fanny Serrano desveló ayer que el Ayuntamiento, tras ignorar la existencia de esta obra ilegal durante cinco años, concedió hace uno una licencia de obras a la empresa Acciona para realizarla (aunque está levantada desde 2005). La otorgó con cinco informes de cuatro funcionarios municipales en contra y con el único estudio a favor de un despacho de urbanistas externo que veía factible la licencia. El edil de Urbanismo avanzó que esa licencia ha caducado y desde ahora va "a ponerle las pilas" a la empresa. Habló en todo momento como si en la zona no estuviera la sede de la empresa y la planta de Acciona y explicó que el Ayuntamiento ha pedido la "legalización" del recinto. Serrano le reclamó que dejara claro si el Ayuntamiento va a paralizar y cerrar la actividad. El edil no se mojó y avanzó que lo más probable es que la respuesta al recurso de reposición de la mercantil a la caducidad de su licencia de obras sea negativa, sin anticipar el paso siguiente.
Todo mientras el representante de la empresa multinacional, a la que el Ayuntamiento adeuda 13 millones de euros, seguía atentamente el debate del pleno. Sin esta instalación la mercantil difícilmente podría cumplir con sus compromisos de recogida. El recinto sirve para dejar la basura que se recoge a diario y que los camiones sigan su ruta en Torrevieja mientras otros llevan los residuos al vertedero definitivo de Abanilla, a 30 kilómetros. Por lo que el equipo de gobierno también está "atado" en este sentido.
José Manuel Dolón, portavoz de Los Verdes (LV), recordó que la planta no cuenta con ningún tipo de autorización desde su puesta en marcha y cuestionó el que desde hace siete años se "haya estado mareando la perdiz" con un "montaje barato" en interés de la adjudicataria y "de alguno que habrá sacado tajada" de este "trapicheo". Explicó que la empresa se hizo con el concurso de recogida con los informes en contra de los funcionarios municipales en 2004. Ese asunto está en el juzgado precisamente porque, pese a la ausencia de un suelo preparado para acoger una plante de transferencia, se adjudicó a Acciona valiéndose también el entonces alcalde de un informe externo. Avanzó que mientras se le da vueltas a este tema "para legalizarlo" el Ayuntamiento tramita a la par un "pelotazo" urbanístico que contemple estos terrenos en una gran zona comercial e industrial.
Un lustro cayéndose
En otro orden de cosas, la oposición lamentó ayer que el Ayuntamiento lleve cinco años de trámites con el expediente de ruina del edificio La Ballena, en la calle Pedro Lorca, del barrio de La Punta. PSOE -partido que presentó los cuatro puntos de fiscalización- y Los Verdes criticaron que sea ahora cuando el equipo de gobierno pida a los vecinos 67.000 euros para llevar a cabo un estudio que decida si se puede rehabilitar o si hay que tirarlo.
El edil Albaladejo alegó que ahora es cuando los vecinos se han puesto de acuerdo para delegar este asunto en el Ayuntamiento y que fueron los propietarios los que desoyeron los requerimientos municipales para mantener sus propiedades en condiciones. El edificio tuvo que ser desalojado en 2006. LV reclamó que se incremente la seguridad alrededor del inmueble y recordó que además de la responsabilidad de los vecinos de conservar sus propiedades, la legislación exige que la administración vele por el cumplimiento de la normativa.
Albaladejo llevará al pleno el "agravio" financiero del Estado
Momentos después de culminar la sesión plenaria -que se prolongó durante cuatro horas de fiscalización por parte de la oposición- el equipo de gobierno remitió del PP una nota en la que el edil de Hacienda, Joaquín Albaladejo, anuncia que ha registrado una moción que propone "finalizar la situación de discriminación financiera que sufre Torrevieja", con el objetivo de que los dirigentes salientes del Gobierno de España informen a los entrantes al respecto de "la singular situación de discriminación que ha sufrido y sufre el municipio", tanto por la realidad poblacional, como por la condición de ciudad turística o, también, por la aminorada transferencia que recibe del Gobierno.
En la moción se insta a solicitarle "inmediatamente" al presidente electo (Mariano Rajoy), "siempre que las condiciones económicas de las arcas del Estado así lo permitan, al reconocimiento poblacional y económico de Torrevieja". Además se reclama que se adopten las medidas legislativas para que Torrevieja sea considerado Municipio Turístico. Los Verdes ya propuso abordar esta cuestión en enero sin éxito y "para acabar con el victimismo", y ahora Albaladejo se adelanta para que la oposición se sume a la iniciativa aunque todavía siga el PSOE en el Gobierno en funciones. Según el PP, Torrevieja sólo recibe del total de su presupuesto de ingresos el 12% de transferencias del Estado, 7 millones euros anuales menos de los que le corresponde.
El futuro del contrato del Ecoparque, en el aire
El edil de Contratación, Javier Montoro, justificó la decisión municipal de iniciar un expediente para rescindir el contrato con la empresa que gestiona el Ecoparque municipal desde 2004 en una investigación de la Policía Judicial. La instalación, cuyo gerente estaba entre el público, es investigada por recibir supuestamente material robado y no contaba con el registro del material que entra al recinto. Tanto el PSOE como Los Verdes lamentaron que tuviera que ser la actuación de las Fuerzas de Seguridad las que forzaran una inspección de los servicios municipales de las dependencias tras siete años de contrato. El edil socialista Domingo Pérez exigió responsabilidades políticas por la falta de control y rigor con la que se realiza la supervisión municipal de la mayoría de servicios contratados a empresas, dijo. Al hilo de este asunto Montoro, añadió que se ha descartado que este solar acoja una estación de autobuses municipal y explicó que la empresa ha presentado alegaciones al expediente de rescisión del contrato. En este momento del debate se produjo el cruce de declaraciones más visceral de la sesión. Montoro sugirió a José Manuel Dolón (LV) que "cambie de época" porque ya no "están los que crispaban". El edil de LV respondió que él nunca "le había lamido el culo a nadie" para estar en el gobierno.
