Tres exconcejales del Partido Popular, una exedil del PSOE y una funcionaria municipal comparecieron ayer en calidad de testigos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investiga si hubo irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras en 2004, en las que se señalan la comisión de delitos de falsificación documental y prevaricación. En el procedimiento está imputado el diputado autonómico y exalcalde Pedro Hernández y la oficial mayor del Ayuntamiento.

La defensa de Hernández Mateo trata de trasladar que la principal irregularidad que resalta el sumario es un error sin consecuencias legales y atribuible a los funcionarios: el hecho de que se perdieran por el camino dos de las tres invitaciones a empresas para adjudicarse el informe externo que debía resolver el contrato. La que la que sí llegó a su destino, lo hizo al despacho de Ariño y Asociados que trabaja para Acciona y que concluyó en su informe que debía ser esa empresa la adjudicataria, como así sucedió.

Juez y fiscal centran sus interrogatorio en la tramitación de ese inform, que solicitó el exprimer edil, tras la propuesta de tres técnicos de la mesa de contratación de que la contrata quedara desierta. Acudieron a declarar Antonio Hódar, exprimer teniente alcalde y abogado en ejercicio que presidió la junta de gobierno previa a la adjudicación pero se ausentó, de la junta que finalmente decidió el concurso. Y también como exediles del PP, Rosa María Quesada, Hipólito Caro, mientras que José Antonio Montesinos no compareció.

Como exconcejales del PSOE estaban citados Maria Luz Guerrero, Ángel Giménez y Manuel Vera. Los dos últimos justificaron su ausencia y han sido emplazados a declarar el 20 de abril. Su declaración se explicaba porque dieron su voto afirmativo a la adjudicación en comisión informativa, un órgano no vinculante.