Un juzgado de Orihuela ha abierto juicio oral a la exalcaldesa socialista de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y a otros cinco ediles de su equipo de gobierno por haber autorizado de un bloque de viviendas en una zona que estaba reservada a equipamiento deportivos en el Plan General, según el auto judicial al que ha tenido acceso este diario. La exregidora se enfrenta a dos años de prisión y otros diez de inhabilitación por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio. En el banquillo se sentarán otros tres técnicos municipales por haber avalado el proyecto, según el fiscal, a sabiendas de su ilegalidad.
Junto a Trinidad Martínez se sientan en el banquillo los ediles que formaron parte de las distintas comisiones de gobierno en la que se autorizaron las polémicas licencias del proyecto, José Mora, Teresa Terres y Luisa Alberola, así como los independientes Mariano Martí y Simone Elster. La Fiscalía ha pedido la nulidad de todas las licencias aprobadas para la zona deportiva de San Fulgencio desde el año 2001 y singularmente los acuerdos de la junta de gobierno del 14 de enero de 2010 en la que se daba a la promotora licencia de primera ocupación para 44 viviendas. Para los otros imputados las penas oscilan entre los ocho y los diez años de inhabilitación, así como entre uno y dos de cárcel.
Los hechos arrancan en febrero del año 2000 cuando el propietario del suelo presentó un anteproyecto para la edificación en ocho bloques e instalaciones deportivas al aire libre, así como la construcción de 98 apartamentos, en principio destinados para deportistas. El PGOU calificaba el suelo de la zona como equipamiento deportivo de titularidad privada. El uso residencial del suelo quedaba condicionado a que éste quedara vinculado a la estricta e unívoca práctica de un deporte, según el fiscal incide el fiscal en su escrito, que considera que las licencias debieron haberse condicionado a un compromiso de indivisibilidad de la edificabilidad de la parcela.
En el año 2005, el promotor presentó ante notario el otorgamiento de una escritura de obra nueva y división horizontal en la parcela, gracias a lo cual se dejaba expedita la posibilidad de venta al público de los apartamentos como residencia permanente, sin que tuviera que estar vinculada a la práctica de deporte alguno.
El episodio del vídeo que filmaba un soborno
Trinidad Martínez ya estuvo imputada junto con otros ediles de su equipo de gobierno por haber urdido la grabación de un vídeo en el que aparecía el concejal Manuel Barrera del partido Agrupación Independiente del Mediterráneo cobrando un soborno. La grabación fue una trampa para incriminar al edil, que entonces se encargaba del área de Hacienda, en la que supuestos empresarios que estaban sobornándole eran detectives privados. La juez Orihuela archivó las diligencias contra los ediles implicados al considerar que no había indicios ni de prevaricación, ni malversación de fondos, ni revelación de secretos. Barrera fue condenado a una multa por el soborno. J. A. M.
