El Ayuntamiento de Orihuela estima que alrededor de 7.700 construcciones no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al no estar registradas por los propietarios en la Oficina del Catastro por lo que el municipio está perdiendo cerca de un millón de euros de ingresos y en lo que es una de las principales fuentes de riqueza para las arcas municipales. Ante esta situación, el concejal de Urbanismo, el socialista Antonio Zapata, anunció ayer que el Consistorio va a iniciar un plan de inspección a tres bandas, junto a los técnicos del organismo tributario de la Diputación (SUMA) y de la empresa pública Geonet, con el fin de localizar estos elementos constructivos sin declarar. Antonio Zapata explicó que «se trata de un procedimiento de regularización fiscal, no urbanística», porque son construcciones realizadas dentro de la legalidad pero no inscritas en la oficina catastral. Este plan de actuación viene a complementar un segundo proceso iniciado esta legislatura por la Concejalía de Urbanismo y que ha permitido dar de alta y, por tanto poder cobrar el IBI a cerca de 2.800 viviendas en las pedanías que tampoco tributaban. En concreto, se detectaron 960, que fueron dadas de altas en 2013 (con un valor de 830.000 euros); y otras 1.835 este año (873.000 euros). En definitiva, en estos dos años el Consistorio ha ingresado 1.703.000 euros.

Para esta nueva campaña, los técnicos recorrerán el municipio con una cámara equipada con un geolocalizador con el fin de comparar los datos que figuran en la oficina catastral con los tomados a pie de calle, para corroborar si la información es correcta (metros construidos, características, cerramientos de terrazas, nuevas estructuras...) y, en el caso de no estar inscritas, instar a los propietarios a darlas de alta de forma voluntaria o hacerlo de oficio si no acuden al Catastro.

Según las estimaciones realizadas por el concejal, actualmente existen unas 1.600 construcciones en la que los datos no coinciden con los que se han registrado (metros de las viviendas, trasteros o cerramiento de terrazas), otras 1.200 obras que nunca se han dado de alta, así como entre 1.100 y 1.200 piscinas sin fiscalizar, a lo que se suman otras 1.7000 construcciones centenarias que no figuran en el Catastro porque «hace cien años nadie pagaba IBI porque no existía el impuesto», detalló el responsable de Urbanismo. A estos datos, hay que sumarle otras 2.000 construcciones realizadas en suelo agrario que tampoco han sido dadas de alta en el Catastro. El edil no dio plazos de ejecución de esta labor, que será larga debido al gran volumen de construcciones a analizar. A falta de determinar con exactitud si finalmente el número de construcciones se aproximará a estas estimaciones, el Ayuntamiento sí calcula que será alrededor de otro millón de euros lo que podrá recaudarse porque en su mayoría se trata de pequeños elementos constructivos.

Acuerdos

En otro orden de cosas y en la misma comparecencia, Zapata también dio cuenta ayer de los acuerdos alcanzados por la Junta de Gobierno Local entre los que destacan la aprobación del pago de 49.989 euros en concepto de contratos menores, así como dos partidas de ayudas de Bienestar social, una de 2.411,68 euros, correspondiente a 16 ayudas; y otra de 6.023,6 euros para otros 26 casos. Además, el edil informó de la designación de un letrado para defender al Consistorio en un proceso ante el contencioso-administrativo presentado por «personal municipal», del que el edil se negó a dar más explicaciones.

También se le preguntó en relación con denuncia que el grupo municipal de CLr-Claro anunció contra Zapata, como alcalde accidental, por una supuesta prevaricación al no invitar a su portavoz, Pedro Mancebo, a la junta de portavoces del pasado viernes y éste dijo que «al señor Mancebo nunca se le ha invitado a la junta de portavoces porque existe un informa de Secretaría donde se determina que el señor secretario no es capaz de determinar qué miembros forma el grupo municipal de CLr-Claro debido al proceso judicial abierto, por lo que yo no puedo invitar a alguien que no sé si pertenece o no a un grupo municipal». Además, matizó que «si ha asistido hasta ahora lo ha hecho en calidad de invitado de otro portavoz municipal (Mónica Lorente, del Partido Popular) y yo lo he permitido».