El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, ya no pertenece al Partido Popular (PP). Solicitó ayer su baja tras 27 años como militante. Lo hizo de forma «voluntaria» y «para no dañar la imagen de la formación». Ramírez ha sido condenado a ocho años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación y ha preferido ser él quien se marche de la agrupación política. Era eso o la expulsión. Lo que está por ver es qué sucede con la presidencia de la corporación. La cúpula provincial del Partido Popular se limitó a decir que éste se reunirá «próximamente con su equipo de gobierno para tratar el futuro de la Alcaldía».

El fallo del juzgado de lo Penal 1 de Orihuela que aparta de la política a Carlos Ramírez no es firme y cabe posibilidad de recurso ante la Audiencia Provincial. El propio alcalde reiteró ayer que seguirá la batalla judicial. Con su baja como militante del PP, también ha dejado de ser presidente de la agrupación local. Ahora bien, la pregunta del millón es si seguirá siendo regidor hasta agotar el mandato. Él prefirió ayer jugar al despiste. Ni confirmó ni desmintió.Sólo el grupo popular puede sostener o apartar a Ramírez de la Alcaldía. Para que deje de ser regidor caben dos posibilidades: que él mismo decida marcharse o que se registre una moción de censura que necesitaría del apoyo del PP. Otra opción sería la de negociar su relevo en el cargo y que siga como edil no adscrito. El gobierno local está integrado por siete regidores del PP (incluido Ramírez), al que su suma otro más de UPyD. La oposición está conformada por dos concejales del PSOE, dos más del PIPN y otro del partido Agrupación Popular.

48 subvenciones

Los hechos por los que fue juzgado y condenado Carlos Ramírez ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando desde el Ayuntamiento se concedieron 48 subvenciones por 195.753 euros al Club de Fútbol Sporting San Fulgencio. Fue el PSOE quien lo denunció. Según el juez, dicha asociación fue creada por personas próximas al equipo de gobierno para gestionar las escuelas deportivas. Se puso como presidente a Antonio Irles, quien formó parte de la lista del PP en 2011. También él ha sido condenado a siete años de inhabilitación. El magistrado señala que junto al entonces concejal de Deportes, Antonio Sempere -condenado también a ocho años y medio de inhabilitación-, impulsaron una actuación «arbitraria, desviada y manifiestamente ilegal». El convenio que se realizó entre el club deportivo y el Ayuntamiento recogía que tendría validez «al menos durante la temporada 2011/ 2012, dando tiempo a convocar el oportuno procedimiento de contratación para la temporada siguiente». Pero esa adjudicación nunca se hizo y siguió el procedimiento de entrega de subvenciones hasta 2014. Según el juez, ese convenio «presentaba omisiones escandalosas y groseras» porque, entre otras cuestiones, «no fijaba el importe máximo de la subvención a conceder».

El magistrado sentenció que el control que el Ayuntamiento ejerció sobre la asociación deportiva era tal que hasta «se llegaba a falsificar la firma del presidente de la entidad para presentar solicitudes de subvención que directamente el alcalde presentaba a la junta de gobierno, y se aprobaban con el voto favorable de ambos». Por todo ello, «queda probado de modo palmario que el funcionamiento de la entidad fomentada estaba bajo control directo de los responsables políticos que concedían la subvención», recoge el fallo.