El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) «ha vuelto a avalar» el procedimiento que está ejecutando la Conselleria de Sanidad para asumir con plena seguridad jurídica la gestión directa del departamento de salud de Torrevieja a partir de la finalización del contrato de concesión administrativa el próximo 15 de octubre, según fuentes de esta conselleria.
La sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha rechazado la petición de la empresa concesionaria del departamento de salud de suspender la comunicación de no prórroga del contrato y de las normas de reversión remitidas por Sanidad. Se trata del quinto pronunciamiento consecutivo en el que el TSJ deniega la medida cautelar solicitada por la empresa contra las decisiones adoptadas por la Conselleria tras los autos previos del 22 de febrero, 26 de marzo, 26 de mayo y 11 de junio. A juicio de Sanidad de esta forma, «el auto ratifica la total validez y vigencia» de las instrucciones trasladadas hace un año, el 14 de octubre de 2020 por la Conselleria a la empresa concesionaria para garantizar una transición «planificada y ordenada» en el paso de la gestión privada a la gestión pública del departamento.
Para la Generalitat la decisión del TSJ «supone un claro respaldo a los pasos dados por la Generalitat para, desde la planificación, la transparencia y el diálogo, garantizar la normalidad en la prestación sanitaria en el departamento de Torrevieja tras el proceso de reversión».
Sanidad exige ahora a la concesionaria que cumpla con las normas de reversión para llevar a cabo la transición a la gestión directa
Sanidad reitera que con esta resolución el departamento de Salud, con el Hospital Universitario, once centros de salud y diez auxiliares que dan servicio una población sanitaria de 160.000 personas en diez municipios y 1.400 trabajadores, se integrará en la red sanitaria pública valenciana y se gestionará de forma directa desde la Conselleria de Sanidad a partir del día 15 de octubre. Tras este nuevo pronunciamiento del TSJ, la Conselleria «exige» a la empresa concesionaria de la gestión del departamento de salud de Torrevieja que «cumpla de forma inmediata con las instrucciones trasladadas por la Generalitat en las normas de reversión y facilite toda la información requerida para garantizar que la reversión se realice en las mejores condiciones».
Ribera ha recurrido no solo las normas de reversión. También por la vía administrativa las licitaciones de contratos externos como el de suministro de material médico y farmacéutico y almacén nodriza. Además ha rechazado denunciar el convenio laboral -para paralizarlo- como le reclama Sanidad. La administración autonómica considera que hay que suspenderlo porque contempla una subida salarial de hasta el 5% en la plantilla algo que no puede asumir, según la legislación estatal para personal sanitario.
La Generalitat ha desplegado un equipo de una veintena técnicos para trabajar en la transición de la reversión, ubicado en un sótano de un hotel situado junto al hospital al no poder emplear las instalaciones del centro sanitario. Los sindicatos han pedido a Ribera y Sanidad diálogo y coordinación ante un final de contrato que está generando problemas asistenciales. Por ejemplo, con la no renovación del personal eventual desde el próximo viernes, la falta de refuerzo de personal este verano o el hecho de que Sanidad contemple prescindir del personal de laboratorio, que forma parte de una empresa externa ligada a Ribera.
La empresa sanitaria evalúa solicitar nuevas medidas judiciales cautelares
Ribera expresó ayer «el máximo respeto a la decisión judicial» pero al tiempo quiso mostrar su «sorpresa por el auto, ya que el Tribunal Supremo anuló la sentencia de la misma sección del TSJ que ahora se pronuncia, en relación con la reversión del Hospital de La Ribera, creando jurisprudencia en España, y marcando un antes y un después en la reversión de los modelos concesionales». Ribera avanza que sus servicios jurídicos «están estudiando cuál debe ser nuestra posición y los próximos pasos». En cualquier caso, aclaran «estamos satisfechos de haber cumplido con nuestra obligación y responsabilidad con los pacientes y profesionales, que, sin duda, son los más perjudicados con esta decisión» y reiteran su máxima durante el último año «lo que funciona no debería tocarse» y «estos procesos deben hacerse con diálogo y consenso». Y agrega que «no hay que anteponer intereses políticos o partidistas a la salud de las personas, que van a ver mermada la calidad de la asistencia que reciben, como - en opinión de Ribera- ya ha ocurrido en el Departamento de Alzira, revertido hace 3 años, donde se ha triplicado la lista de espera, se han eliminado servicios y se ha empeorado notablemente la calidad asistencial».
