El TSJ tumba el pago de dos millones de Adif a Callosa de Segura por el túnel del AVE

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado una sentencia por la que se anula y deja sin efecto los actos administrativos con los que el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha intentado liquidar desde 2017 a la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) el pago de dos millones de euros en concepto de ocupación de suelo permanente y empleo de los áridos y piedra extraídos del túnel de la alta velocidad que atraviesa la Sierra de Callosa. El fallo, que confirma otro anterior ante un recurso de Adif, considera más que «dudoso que un simple expropiado -el Ayuntamiento- pueda autoliquidarse y cobrar de manera forzosa el coste que le corresponde en concepto de expropiación», en vez de seguir los procedimientos legales de expropiación.

La decisión judicial dada a conocer ayer por el alcalde Manuel Martínez Sirvent (PP) resuelve «el maraña legal», dijo, en el que se había convertido la reclamación de esta indemnización. El alcalde señaló que se va a revisar de oficio el procedimiento, como pide el fallo, «y se va a reiniciar haciendo las cosas bien» para reclamar esa indemnización. Es decir, el municipio no va a renunciar en ningún caso a los 1.998.287,98 euros.

La sentencia del TSJCV tiene su origen en la resolución del 30 de noviembre de 2017 por la que la Concejalía de Hacienda del entonces gobierno tripartito de izquierdas liquidó a Adif casi dos millones de euros al entender que se había «enriquecido injustamente, y por vía de hecho, de la extracción de, al menos, 291.208 de metros cúbicos de piedra de la sierra», además de ocupar a 77.000 metros cuadrados de forma permanente. La piedra y los áridos fueron utilizados para la construcción del propio túnel que atraviesa el AVE por la sierra.

Martínez Sirvent (PP) calificó de «chapuza» la gestión del tripartito a la hora de reclamar este pago a Adif a través de una liquidación impulsada exclusivamente por el área de Hacienda. El alcalde lamentó además que durante dos ejercicios del anterior mandato el gobierno de coalición incorporara en sus presupuestos los dos millones en ingresos por este concepto a sabiendas que no tenía asegurada esa recaudación. Algo que le permitió también endeudarse por el mismo montante, siempre según el gobierno actual del PP, «y que generó unos agujeros contables que hemos tenido que resolver nosotros. Todo mal hecho desde el principio». También mantuvo que la idea de reclamar una indemnización a Adif partió en 2010 del entonces alcalde del PP, Javier Pérez, aunque en ese acta no aparece la reclamación principal -solo se reconocía un abono de 4.900 euros-. En 2014, todavía bajo mandato de Pérez un técnico municipal advertía de la ocupación y extracción de áridos que debía reclamarse como indemnización complementaria por esos dos millones, aunque ya fue el gobierno presidido por Fran Maciá el que sí concluyó el expediente con ese informe técnico en el que se describía que Adif había ocupado los terrenos y extraído casi 300.000 metros cúbicos de áridos.

Adif reclamó al pleno en 2017 que declarase nulo ese acuerdo al considerar que el área de Hacienda municipal no era competente para reclamar la liquidación, advirtiendo que iría al juzgado. Además de asegurar que había prescindido del procedimiento legalmente establecido para estos casos, que es la expropiación. Petición que fue rechazada en el pleno, en aquel momento por unanimidad, con los votos también de la oposición del PP.

El gobierno tripartito anterior llegó a exigir el embargo de bienes a Adif para que hiciera efectiva la indemnización a través de Suma. Adif no contestó en su día al requerimiento del pago reclamado por el consistorio y este lo envió por la vía de apremio de deudas a Suma, que notificó el embargo de sus cuentas, tal y como dio luz verde un juzgado en 2018, sin atender a la petición de medidas cautelares. Sin embargo, Adif volvió a insistir por la vía judicial y solicitó la suspensión del embargo, que le fue concedida en mayo de 2019. Y de nuevo se ratificó en el bloqueo del embargo en enero de 2020.

El alcalde vuelve a cargar contra la gestión del tripartito

Manuel Martínez aseguró ayer que la forma de actuar del anterior gobierno «ha perjudicado los intereses del Ayuntamiento de Callosa». El alcalde asegura que el tripartito siguió «vendiendo» la recuperación de los 2 millones en las elecciones de 2019 cuando ya tenía indicios judiciales de que no se iban a cobrar. Por su parte, el exalcalde Fran Maciá recordó que el fallo no impide seguir reclamando la liquidación.

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