Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche ha impuesto una medida cautelar de paralización de las obras de construcción de la planta de transferencia de residuos de Dolores tras un recurso presentado por la empresa propietaria de los terrenos adyacentes a la nueva infraestructura en el polígono industrial Los Azarbes. El gobierno local de Dolores asegura que la medida cautelar es "inejecutable" porque cuando se dictó la medida judicial a finales de 2021 el 98% de la obra encomendada a la empresa pública de la Generalitat, Vaersa, ya estaba terminada y además el recinto ya contaba con licencia de ambiental (de apertura), lo que permitiría abrir la instalación "mañana mismo" si fuera necesario, según el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández (PSOE). A juicio del gobierno local y sus servicios jurídicos la medida cautelar ya no tiene sentido porque el motivo del recurso, que era la autorización de la licencia de obra, ya se ha desplegado por completo e incluso la instalación podría haber comenzado a operar si la concesionaria y el consorcio comarcal de basuras lo hubieran dispuesto , puesto que en estos momentos se encuentran en negociaciones sobre el criterio de ajuste de la revisión del precio del contrato.
No obstante, y pese a que el Ayuntamiento asegura que la ejecución de la medida cautelar no es posible, desde los servicios jurídicos municipales se indicó a INFORMACIÓN que se ha recurrido en apelación la adopción de esa decisión por parte del juzgado de lo Contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Al recurso contra la licencia de obra se suma otro frente judicial, iniciado por el mismo recurrente, con un contencioso contra la licencia ambiental, muy reciente, y en el que el Ayuntamiento está todavía aportando el expediente al juzgado.
El recurrente es el propietario de los terrenos adyacentes a la planta y reclama la nulidad de la licencia de obra porque Vaersa no firmó el documento en el que se hacía responsable de cambios entre el proyecto y lo que dispusiera la licencia ambiental.
Según las mismas fuentes el recurso de la empresa se basaba en la nulidad de la licencia de obra porque la promotora, Vaersa, no firmó el documento de inversión de la responsabilidad. Un término del derecho administrativo por el que el promotor de una actuación se compromete a incorporar y completar una actuación si entre el proyecto de ejecución de la obra y la licencia ambiental que otorga el Ayuntamiento, concedida con posterioridad, hay que realizar modificaciones en función de las especiales características de la actividad.
Noales explica que para la planta de transferencia, la licencia ambiental no ha dispuesto modificación alguna a lo que ya estaba construido y ya está concedida, por lo que la supuesta causa de nulidad de la licencia de obra "ya queda subsanada". "La obra tiene todas las autorizaciones administrativas, de hecho las obras no se hubieran podido continuar si no hubieran estado terminadas, pero ya lo estaban cuando se pidió la medida cautelar", señalaron las mismas fuentes. "Inmediatamente reaccionamos para aclarar que las obras estaban prácticamente terminadas al 98% y las que quedaban eran de equipamientos", indicó el letrado, quien aseguró que el propietario de los suelos que ha recurrido "no alega nada concreto", ni dice si le perjudican las obras, según la misma fuente.
Breve
La presidenta del Consorcio del plan zonal de gestión de los residuos de la Vega Baja, Teresa Belmonte (PP) y la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, visitaron las instalaciones de la planta de transferencia de basuras de Dolores en agosto de 2021, anunciando Mollà su puesta en marcha en "breve".
La Generalitat ha invertido a través de la empresa pública Vaersa 2,8 millones de euros en la que es la primera y única instalación de gestión de las basuras comarcales tras casi dos décadas de la aprobación del plan zonal, una instalación que debe recibir casi 160.000 toneladas de residuos de la mayor parte de los 27 municipios de la comarca para redistribuirlos a los distintas plantas de reciclaje y eliminación de la provincia. La planta debe permitir ahorrar costes de combustible y mantenimiento a los municipios en el transporte de basuras que ahora realizan desde las poblaciones directamente a las plantas de reciclaje y eliminación en Villena, Elx, Alicante y sobre todo Xixona. El cambio también permitirá que esos camiones recolectores se dediquen en cada uno de los municipios al refuerzo de su propia recogida de basuras. La razón de fondo por la que la gestión de los residuos de la comarca no se ha puesto en marcha, como avanzó INFORMACIÓN, es que el Consorcio y la UTE Vega Baja, adjudicataria de la contrata, están en conversaciones para fijar los precios del servicio.
Por su parte, el Partido Popular de Dolores ha reiterado su oposición a la puesta en marcha de la planta por el impacto ambiental que tendrá en el término municipal. El portavoz del grupo popular Ramón Simón explicó que la postura de la formación en el municipio sigue siendo la misma al margen de que el Consorcio y la presidencia esté en manos del PP. "Van a pasar casi cien camiones diarios de recogida de basura desde al autovía por parte del casco urbano hasta el polígono", indicó el concejal, además del impacto que tendrá en la propia zona de servicios e industrial.
