Pro-Campus exige a Gracia que recupere los terrenos públicos que ocupa el Obispado

La administración local había fijado el 15 de julio como plazo para el desalojo. Sin embargo, fue entonces cuando a través de un decreto se ha permitido al centro educativo seguir usando las parcelas municipales de 2.622 metros cuadrados que ocupa como zona deportiva y patio hasta que se alcance un acuerdo con el Obispado de arrendamiento y una posterior permuta.

Todo ello, a pesar de que la Agencia Valenciana Antifraude instó al Consistorio a recuperar las parcelas ubicadas en la avenida Doctor García Rogel, tras observar irregularidades, ya que el centro educativo incumple con el acuerdo de cesión desde 2005 ante la inacción por parte del Ayuntamiento, pese a que está obligado por ley a controlar sus bienes.

En base a un convenio entre el Ayuntamiento, el Obispado y la Universidad de Alicante (UA), fue en 1999 cuando el pleno municipal cedió a la Diócesis -como titular del colegio- las fincas con la condición de que se efectuasen las edificaciones previstas de aulas y dependencias escolares en el plazo de cinco años y a cambio se utilizaría el edificio histórico como sede universitaria.

La UA impartiría dos titulaciones: Turismo, que empezó pero terminó al tercer año, y Arquitectura, con el objetivo de crear técnicos que ayudasen a restaurar el patrimonio. Cuando desapareció Turismo, se mantuvo la Cátedra Fernando de Loazes, que daba conferencias.

"No se cumplió nada de lo acordado", ha recordado Muñoz Grau, que también ha subrayado que "el acuerdo está en vigor, pero no hay en activo ninguna de las dos titulaciones", por lo que ha insistido en que tanto la UA como la Iglesia "han incumplido el acuerdo sin ningún tipo de explicaciones, con nocturnidad y alevosía".

De no culminarse el proyecto, como sucedió, el mismo acuerdo indicaba que debía revertir a su propietario, es decir, al Consistorio. Sin embargo, el Obispado "ha continuado usando los terrenos pese a romper unilateralmente el acuerdo universitario".

El escrito que se ha registrado ahora, la primera de varias acciones -ha afirmado Muñoz Grau-, advierte de que "el decreto entierra definitivamente la esperanza de recuperar la universidad histórica y traiciona aquella lucha" que se inició en 1998 con varias manifestaciones -y hasta la recogida de 20.000 firmas- que dieron lugar al convenio.

En este sentido, también recuerda a Gracia que muchos de aquellos ciudadanos que protagonizaron las reivindicaciones son votantes de su partido e incluso forman parte de su equipo de gobierno. No en vano, la propia alcaldesa reconoció en el pleno de julio que esta cuestión ha sido un caballo de batalla del PSOE, algo que manifestó cuando se debatió una moción de Cambiemos para instar al Ayuntamiento a dar un plazo de un año para desalojar las parcelas y pedir al Obispado daños y perjuicios. La propuesta salió adelante con los votos a favor del PSOE, mientras que se socio de gobierno, Ciudadanos, se opuso.

Hay que recordar que Cambiemos ha insistido en que es una de las líneas rojas del pacto que la formación alcanzó con los socialistas para apoyar la moción de censura que convirtió a Gracia en alcaldesa.

En palabras de Muñoz Grau, "con este decreto Orihuela renuncia a las titulaciones y además le regala los terrenos al Obispado". Gracia es "la víctima útil de una decisión que tomaron PP y Ciudadanos en el anterior mandato", ha añadido, al mismo tiempo que ha lamentado los años de desmantelamiento de la universidad por parte del Obispado "con el silencio cómplice de los alcaldes" y sin que "ningún equipo de gobierno del Ayuntamiento haya exigido en todo este tiempo el cumplimiento de lo firmado, ni la devolución de lo pactado, ni indemnizaciones por el daño producido".

La petición que la Comisión Pro-Campus ha registrado solicita que una vez que se retire el decreto se abra "una mesa de negociación con las instituciones que participaron en aquel acuerdo con el fin de recuperar, lo antes posible, la Universidad histórica" y "en el caso de que el Obispado se negase a volver al acuerdo se denuncie la ruptura unilateral del convenio y se pida en los tribunales daños y perjuicios". Porque "no se puede premiar a instituciones, como el Obispado, que, traicionando su propia firma, no han respetado al pueblo de Orihuela", ha concluido Muñoz Grau.

Gracia asegura que pedirá daños y perjuicios a la Diócesis

Las reacciones no se han hecho esperar. Carolina Gracia, alcaldesa de Orihuela, ha desmentido "rotundamente" que haya firmado un decreto por el que se anula la sentencia de ningún tribunal, tal y como ha afirmado Muñoz Grau. Así, ha afirmado que "es imposible anular una sentencia con un decreto y hay que recordar que fue en diciembre de 2021 cuando se le comunicó al Obispado que cumpliendo con la recomendación de la Agencia Antifraude tenía hasta el 15 de julio de 2022 para devolver la ocupación de los terrenos del Colegio Diocesano Santo Domingo".

Desde entonces, ha insistido, el Ayuntamiento está trabajando en dos vías: "Desde los servicios técnicos municipales se continúa buscando una opción, bien sea a través de una permuta o bien el coste del arrendamiento de los terrenos en los que, sin ninguna duda, se le exigirá al Obispado los daños y perjuicios derivados como consecuencia de la ocupación de estos suelos públicos municipales", ha aclarado.

Gracia ha subrayado que "ningún acuerdo resarcirá el perjuicio provocado tras los más de veinte años que el Ayuntamiento ha consentido al Obispado ocupar los terrenos sin reclamar a la Universidad el cumplimiento del convenio".

También ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones de Muñoz Grau, "cuando estamos demostrando nuestra capacidad de escuchar a cualquier asociación siempre y cuando nos ha solicitado una reunión, hecho que no ha ocurrido con esta Comisión".