El pleno del Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado una moción que rechaza el tendido eléctrico de alta tensión que atravesará Orihuela y otros seis municipios de la Vega Baja (Jacarilla, Benejúzar, Algorfa, Almoradí, Los Montesinos y Rojales). Se trata de la infraestructura que ha proyectado la empresa Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico (EiDF) para evacuar en la subestación de Rojales la energía generada en una planta solar de un millón de metros cuadrados en la Región de Murcia. En total, 23 kilómetros de tendido eléctrico aéreo que atravesarían la comarca.
El proyecto, pendiente de la autorización del Ministerio, ya ha generado la oposición de asociaciones ecologistas y vecinales, ayuntamientos y hasta del propio Consell por el impacto ambiental y paisajístico en entornos como los de Sierra Escalona, la Sierra de Benejúzar, la Sierra del Cristo, Pujálvarez, Altaona, el Valle y zona húmeda del embalse de la Pedrera.
La moción presentada por Cambiemos, que ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE, cuyo socio de gobierno -Ciudadanos- ha votado en contra junto con Vox, insta a la corporación a proteger los cultivos agrícolas de secano tradicionales -el tendido eléctrico sobre todo afecta a Torremendo- y el uso del suelo destinado a la actividad agrícola en la presierra de Sierra Escalona, así como a suspender las licencias, en el marco de sus competencias, para proyectos de plantas solares fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación.
Sin restricciones
En este punto, José Aix (Cs), concejal de Urbanismo, ha manifestado que el Ayuntamiento no presentó alegaciones, como hicieron los otros seis municipios afectados, porque "el Plan General de Ordenación Urbana permite estas instalaciones".
Sin embargo, la alcaldesa de la localidad, Carolina Gracia (PSOE), ha afirmado que ha recurrido a instancias superiores tanto del partido como del gobierno autonómico. En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento va a mostrar su disconformidad desde el área de Medio Ambiente, en manos de los socialistas.
Posteriormente, su grupo ha emitido un comunicado insistiendo en que la administración local, en contacto con la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, está preparando un informe en contra del proyecto: "Es cierto que nuestro planeamiento urbanístico no pone obstáculos a este tipo de infraestructuras de evacuación, lo que no significa que el Ayuntamiento no se posicione en contra en materia ambiental y paisajística".
Gracia incluso se ha mostrado a favor de que Orihuela tenga una normativa propia en esta materia, como ocurre en Villena e Ibi.
Poner coto
A renglón seguido, Aix ha reconocido que hay que "poner coto al boom de las fotovoltaicas". No en vano, "vienen más", ha advertido el edil Víctor Valverde (PP), sobre todo en los terrenos de secano -en su mayoría heredados-, próximos al litoral oriolano y a Torrevieja, grandes demandantes de energía. Sin olvidar que las fincas ya se cotizan a 2.000 euros por hectárea al año durante unos 30 años, lo que hace que los propietarios ya estén firmando acuerdos de cesión del suelo con la promesa de unos ingresos fijos frente a la incertidumbre que rodea al campo.
Sobre Torremendo hay proyectadas cinco plantas solares, que están pendientes de autorización estatal o autonómica. En total, ocuparían 462 hectáreas de la pedanía, que se sumarían a las otras 123 en el resto del municipio (Arneva y La Murada). En total, nueve centrales, en muchos casos grandes consumidoras de suelo: 585 hectáreas para generar unos 330 megavatios, provocando "un daño en la biodiversidad de la zona que será irreversible y de gran calado si se llevaran a cabo", argumenta la moción que se ha aprobado.
La avalancha de peticiones en la Vega Baja, que se ha calificado -por ejemplo por parte de Asaja- como "un nuevo maná", "una vuelta a la especulación" y "un pelotazo energético", suman 25 proyectos, que ocuparían terrenos agrícolas y forestales en el entorno de espacios de gran valor; en concreto, unas mil hectáreas para una potencia total de al menos 535 megavatios.
Polémica por los ediles de Cs que son investigados
El pleno ha debatido una moción conjunta de PSOE, Ciudadanos, PP y Cambiemos con motivo del 25N, el día contra la violencia machista, de la que se ha desmarcado Vox, que ha presentado su propia moción. Pero el tono más bronco ha llegado con la moción de Cambiemos para exigir el cese de los concejales Ángel Noguera y Luisa Boné, ambos de Cs, citados como investigados por el juzgado. Una iniciativa que ha contado con el apoyo del PP, pero que finalmente ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Cs y Vox. Además, se ha aprobado, con los votos de PP, Cs y Vox -PSOE y Cambiemos se han abstenido- una moción del grupo popular para reconocer la labor de Manuel Lorenzo Pardo, como impulsor de la solidaridad en la gestión integral del agua en el territorio nacional y precursor del Trasvase Tajo-Segura, con la colocación de un busto en un lugar emblemático del municipio, a decidir por la junta de portavoces, con la participación de las comunidades de regantes y el Juzgado de Aguas.
