Un juzgado investiga al edil oriolano de Infraestructuras Ángel Noguera por supuesta prevaricación continuada

El juzgado de Instrucción Número 2 de Orihuela ha citado a declarar al concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento Ángel Noguera (Cs) como investigado.

La instrucción del procedimiento penal se ha abierto a instancias del fiscal Felipe Briones por un supuesto delito continuado de prevaricación del concejal oriolano del equipo de gobierno de coalición por retener sin firmarlas facturas del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa pese a contar con el informe de conformidad para su abono de los funcionarios supervisores de ese contrato.

En agosto de 2022 el Ministerio Público recibió una denuncia de la propia empresa adjudicataria del servicio, Zaplana Caselles, acompañada de un lápiz de memoria con documentación y grabaciones de audio. Semanas después otra del Partido Popular (PP) oriolano. En esencia ambas coinciden en señalar que el concejal Noguera "se ha negado" a firmar facturas periódicas mensuales por la realización del servicio supervisadas de conformidad por esos funcionarios y la intervención municipal; y que supuestamente el regidor habría propuesto a la mercantil realizar distintos trabajos fuera del contrato en Orihuela Costa a cambio de "agilizar" el pago de esas facturas.

Deuda

La prestación a Zaplana Caselles fue adjudicada a principios del actual mandato, en julio de 2019, por un importe anual de 766.136 euros y una duración de cuatro años más dos de prórroga.

En algunos momentos en los últimos tres años la deuda del Ayuntamiento con la empresa ha superado los 400.000 euros, y se ha abonado finalmente, al margen de la firma del concejal, tras el informe de la Intervención municipal que le advertía en un oficio de su responsabilidad por retener las facturas.

"Agilizar" o esperar

En el procedimiento constan varias grabaciones de audio en las que se muestra cómo supuestamente el área de Infraestructuras -sin la presencia del concejal- solicitaba al responsable de la empresa la realización de trabajos al margen de los que figuraban en el pliego de condiciones, a cambio de "agilizar" la firma de unas facturas que ya contaban con el visto bueno de los técnicos.

El técnico municipal -el tercero que se hacía cargo de la supervisión tras la sustitución de los dos anteriores-, admite en una conversación que lo que está pidiendo a la empresa "no está bien", pero también recuerda que si el concejal no accedía al pago de las facturas las tendría que reclamar la firma en los tribunales, lo que suponía que "iba a pasar un tiempo" antes de cobrarlas. Finalmente la Intervención municipal, aunque con una demora de varios meses, ordenó el abono.

Sustitución unilateral de supervisores

También se indica en las diligencias de investigación que el concejal Noguera sustituyó unilateralmente, sin habilitación legal ni procedimiento administrativo que lo avalara, a los dos técnicos supervisores del procedimiento, que insistían certificación tras certificación en la corrección de las facturaciones y que su importe se ajustaba al trabajo realizado sobre el terreno.

A continuación le asignó esas funciones a un encargado del área de Infraestructuras de la confianza de Noguera y a un asesor del propio concejal. Ese encargado habría dado órdenes verbales -nunca por escrito- a la empresa sobre cómo actuar en el día a día en ocasiones "contrarias" a los objetivos de la prestación y "el ordenamiento jurídico". Algo de lo que la mercantil advirtió por escrito al Ayuntamiento.

Fuera de contrato

Las grabaciones se llevaron a cabo en varias reuniones entre el representante de la empresa en el Ayuntamiento de Orihuela y el área de Infraestructuras una vez que la mercantil entendió que el objetivo indicado verbalmente por el regidor en conversaciones previas no documentadas era supuestamente lograr que la empresa realizara esos trabajos fuera de contrato.

Antes de llevar el asunto al juzgado por la vía penal la empresa advirtió con varios escritos al Ayuntamiento de la situación que se estaba produciendo con la prestación y los perjuicios que le provocaba. Además del hecho de que los retrasos entrañaban para las arcas municipales el pago de intereses de demora.

"Injerencias y presiones"

Uno de los técnicos supervisores del contrato que finalmente fue sustituido, al darse de baja, denunció con un escrito las constantes "injerencias y presiones" de Noguera en su trabajo de comprobación de la prestación.

Según la investigación le insistía en reclamar documentación a la empresa o aseguraba que faltaba información para la firma de las facturas cuando no era así.

Denuncia propia

La Fiscalía, en función de los hechos denunciados, podría haber archivado el procedimiento o instado al juzgado a abrir la causa por considerar que había indicios de delito sin realizar más trámites. Sin embargo, ha optado por una tercera vía en la que el Ministerio Público profundiza en las denuncias que recibe llevando a cabo sus propias diligencias con las comparecencias de los denunciantes y elaborando su propio escrito de denuncia. Es la opción escogida por el fiscal Briones para este caso.