La Fiscalía Anticorrupción investiga si hay supuestas irregularidades en la retribución de concejales del Ayuntamiento de Dolores

La sección Anticorrupción de la Fiscalía de Alicante ha requerido al Ayuntamiento de Dolores para que le remita toda la documentación relativa al pago de las indemnizaciones por asistencia de los concejales a órganos colegiados de la administración local.

Y es que el municipio paga un fijo de 955 euros mensuales por asistencia a juntas de gobierno municipal al margen de su número y el contenido de esas reuniones. Algo que en un municipio grande podría ser una herramienta muy útil para reducir el gasto en el abono de indemnizaciones -en Torrevieja, por ejemplo, se celebran hasta ocho mensuales y los concejales perciben 250 euros por asistencia-.

¿Limitación o sobresueldo?

Pero en un Ayuntamiento pequeño -Dolores cuenta con 8.000 habitantes y una gestión menos densa- se puede convertir en un sobresueldo encubierto, en opinión de la oposición del PP que ha denunciado el asunto: en los últimos tres años apenas se ha celebrado una reunión al mes de la junta de gobierno que ha garantizado esos 955 euros y en ocasiones con un orden del día que pasaba por resolver solicitudes de concesión de vados o de subvenciones individuales. Un asunto que se liquida en menos de cinco minutos. La periodicidad y limitación del cobro que podría ser una herramienta de control del gasto público se convierte en este caso, en opinión del PP, en una forma de garantizarse esa retribución.

Hay que aclarar que si un cargo público cuenta con sueldo municipal o lo recibe de otra administración no puede percibir estas indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados. Con lo que en los órganos colegiados los gobiernos locales suelen "colocar" a los concejales que hacen compatible sus actividades profesionales con su labor en los ayuntamientos.

Requerimiento al alcalde

Además, la Fiscalía en su requerimiento demanda al Ayuntamiento, dirigido por el socialista Joaquín Hernández, que informe sobre los motivos por los que no ha actuado tras los informes de enero y marzo de este año del secretario municipal en los que solicitaba al alcalde que modificara ese régimen de retribuciones por que no los consideraba ajustados a la legalidad administrativa.

Investigación

La investigación comenzó a finales de 2022 cuando la oposición aseguró que "detectó" que los cinco miembros de la junta de gobierno del PSOE percibían cantidades desproporcionadas en concepto de “indemnizaciones” por sus asistencias a las mismas. A juicio de José Manuel Guerrero, portavoz del PP "el alcalde ha abusado de las de las juntas de gobierno para percibir cantidades desproporcionadas puesto que cada estos concejales cobraban 955 euros cuando la media en los Ayuntamientos de la Vega Baja apenas han sido 100 euros en esta legislatura".

El cálculo del PP es que "aproximadamente, utilizando este sistema irregular, se han pagado más de 220.000 euros en esta legislatura y queremos que se devuelvan a las arcas municipales". Guerrero, que es letrado, se aventura también a ponerle "nombre y apellido" a la supuesta irregularidad: de la investigación podría derivarse un delito de prevaricación penado con inhabilitación de cargo público.

200.000 euros

El último informe del secretario es de 2 de marzo de 2023 que indicó al alcalde cómo tenía que proceder adecuar el "sistema de pagos a la legalidad". A este respecto Guerrero señala que el primer edil "tampoco ha hecho nada con este informe, siguen cobrando igual y la responsabilidad es entera del alcalde porque solo es él quien puede iniciar el procedimiento de modificación y él, con sus concejales, se están beneficiando".

La oposición muestra su preocupación por la actitud del alcalde y confía en que la Fiscalía investigue "de forma exhaustiva estos hechos para que la ciudadanía esté informada y pide a Ximo Puig que tome nota de lo que sucede en Dolores y actúe en consecuencia para promover la transparencia, la ética y la integridad de los representantes municipales».

Aprobado por todos los concejales

El alcalde Joaquín Hernández, como es lógico, tiene una visión bien distinta del asunto a la que ofrece la oposición del Partido Popular. En primer lugar, recuerda que este acuerdo de cobro de un fijo periódico por asistencia a órganos de gobierno se mantiene en el Ayuntamiento de Dolores desde mandatos anteriores. Sin ir más lejos en 2011 con el gobierno popular de Gabriel Gascón.

También recordó que los trece concejales en el Ayuntamiento, incluidos los del PP -ahora denunciantes- y los de Cs, validaron esta forma de retribución en 2019. "Por eso no lo han podido llevar al contencioso administrativo, porque lo aprobaron ellos mismos, y se han ido por la vía penal", señala Hernández.

Sujeto a interpretaciones

También destaca que los habilitados nacionales hacen una interpretación distinta de la misma legislación sobre esta cuestión en muchas administraciones públicas. Y recuerda que docenas de ayuntamientos siguen limitando las retribuciones en función de la percepción de un fijo.

"El actual acuerdo tuvo el visto bueno del secretario de entonces y el de ahora lo ve de forma distinta. Sin embargo, en el Consorcio Comarcal de Residuos o en el Ayuntamiento de Bigastro (PP) también se hace como en Dolores sin reparo legal de los funcionarios", señala.

Por último, admite a INFORMACIÓN que "si nos hemos equivocado nos hemos equivocado todos los concejales del Ayuntamiento" y en este sentido reconoce ahora alcalde que se dispone a modificar el acuerdo tal y como le ha señalado ya el secretario en dos informes enero y marzo en la próxima sesión plenaria.

Más juntas de gobierno

El portavoz del PP, Guerrero, señala que tras la denuncia el gobierno local ha comenzado a convocar más juntas de gobierno para que no resulte evidente que solo se realizaba una sesión al mes y era casi simbólica.

El alcalde, sin embargo, recuerda que es ahora cuando el secretario ha dirimido qué cuestiones pueden ser de junta de gobierno o de firma exclusiva de cada uno de los concejales, por lo que se han derivado muchos más asuntos a junta de gobierno.

La denuncia a la Fiscalía no ha llegado al juzgado. Cuando concluya sus propias diligencias de investigación el Ministerio Público puede archivar el procedimiento o remitirlo a un juzgado para que lo investigue.