Los ecologistas recurren la decisión de la Generalitat de reactivar las licencias urbanísticas en la Vega Baja
Amigos de Sierra Escalona señala que la revocación de la suspensión de las actividades en suelo no urbanizable pone en peligro los objetivos del Plan de Acción Territorial (PAT) en tramitación
La Conselleria de Medio Ambiente consideraba excesiva la medida que se aplicó entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023 a raíz del impulso del PAT, que lleva más de un año y medio en un cajón
Vista panorámica de la huerta tradicional regada por el río segura y la superficie de riego del trasvase Tajo desde el cabezo de Hurcillo en Orihuela / Tony Sevilla
Amigos de Sierra Escalona (ASE) ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Generalitat del 23 de noviembre de 2023 de anular la suspensión de licencias y acuerdos de programación en la Vega Baja en suelo no urbanizable, que estaba vigente en la comarca desde diciembre de 2021, tras la publicación de la versión inicial del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja. El mismo recurso ha sido presentado por Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y la Asociación de Vecinos de San Miguel. ASE reclama que se estudie una nueva prórroga anual de dicha suspensión mientras se continúa tramitando el PAT.
Información pública
ASE recuerda que durante el procedimiento de información pública presentó alegaciones a esa versión preliminar en marzo de 2022, junto a otros colectivos conservacionistas, con el objetivo de que la planificación territorial de la Vega Baja "responda a parámetros de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático y de respeto a su patrimonio natural, cultural y paisajístico". El 18 de enero de 2023 se prorrogó "acertadamente", a juicio de ASE, la suspensión de licencias y acuerdos de programación en el ámbito del PAT.
La Consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas cuando realizó el anuncio de levantar al suspensión de licencias en una visita a Almoradí / Rubén Míguez
Explorar otras posibilidades
En noviembre pasado, la Generalitat, justificó su decisión de anular la suspensión de licencias y acuerdos de programación en que se trataba de una medida "excesiva" y apostaba "por explorar otras posibles medidas más proporcionales y menos restrictivas de derechos".
Sin embargo, en su alegación el colectivo ecologista, firmada por su presidente, Miguel Ángel Pavón, señala que "en absoluto" la medida podía considerarse "excesiva, muy al contrario, la consideramos proporcional a los objetivos que se quieren conseguir con el PAT, que no son otros que una planificación territorial sostenible en la comarca de la Vega Baja".
Objetivo, mantienen, que "inevitablemente conlleva restricciones de derechos particulares en beneficio del interés general, un interés general que puede verse perjudicado al poderse aprobar licencias y acuerdos de programación contrarios a la versión inicial del PAT". Para la misma fuente la suspensión de licencias garantizaba la viabilidad de las determinaciones contenidas en la versión inicial del PAT.
Que no lo deje
Además, las mismas fuentes esperan que la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio prosiga con la tramitación del PAT y resuelva todas las alegaciones presentadas, "entre ellas las de muchos colectivos de la comarca que consideramos globalmente positiva la versión inicial sometida a información pública", sin perjuicio de las alegaciones "con las que pretendimos mejorar la versión inicial" para que se encuadre con "los objetivos de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático y de respeto al patrimonio natural, cultural y paisajístico de la comarca".
"Gran decepción"
Para ASE sería "una gran decepción y un nuevo fracaso de la Generalitat Valenciana que se volviera a guardar en un cajón este Plan de Acción Territorial, que recordamos que ya fue objeto de tramitación en el año 2005". Las mismas fuentes señalan que "casi dos décadas después debe continuarse impulsando, decididamente, el PAT de la Vega Baja del Segura según la versión inicial de diciembre de 2021, hace ya más de dos años". Una versión que fue objeto de procesos de participación previos en los que "pudimos participar con nuestras aportaciones junto a otros muchos colectivos sociales vinculados a la comarca".
ASE considera justificada la restitución de la suspensión de las licencias que solicita en su recurso porque considera que pueden producirse perjuicios "de imposible o difícil reparación sobre la viabilidad de la planificación territorial prevista" al poderse aprobar licencias y acuerdos de programación contrarios a la planificación" que figura en la versión inicial.
CONGELADO EN UN CAJÓN
La puesta en marcha del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja en 2018 fue vendida por el primer Gobierno de izquierdas del Botànic como una herramienta de ordenación del territorio supramunicipal y protección de espacios tan relevantes como la huerta tradicional, el secano del entorno de Sierra Escalona, entre otros enclaves, y de coordinación en la planificación urbanística de sus 27 municipios. Tras un largo proceso de adjudicación de la elaboración del plan y redacción con la implicación de colectivos sociales, ambientales, empresarios y ayuntamientos -no exenta de presiones- se presentó la versión preliminar. También iba a ser el primero de la Comunidad Valenciana planteado para un comarca completa.
El efecto inmediato fue la reacción en contra de la mayor parte de los 27 municipios de la comarca para preservar los intereses económicos de los municipios, su autonomía en competencias urbanísticas y proteger a la industria del turismo residencial a través de alegaciones presentadas por equipos de abogados urbanistas que, en algunos casos, trabajan también en los servicios jurídicos de los ayuntamientos y para los principales urbanizadores.
A esas alegaciones, con algunas variantes, se sumaron la Cámara de Comercio de Orihuela, y por otros motivos, asociaciones agrarias como Asaja. Ese rechazo frontal hizo que el segundo Gobierno del Botànic congelara el proceso de tramitación y ni siquiera respondiera a las miles de alegaciones presentadas.
PSOE y Compromís tenían sus diferencias sobre cómo resolver el expediente, con un plan que había sido adjudicado a una empresa especializada. El PSOE optó por guardarlo en un cajón ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Guardamar presentó una de las alegaciones más duras planteadas por unos servicios jurídicos que trabajan también para otros municipios, también gobernados por el PP y en mayor o menor medida, los principales promotores de la comarca. Compromís empujó por su parte para intentar avanzar en el plan, sin éxito. El documento se quedó en un cajón en la recta final del mandato. Una decisión preventiva ante el periodo electoral para evitar el conflicto con al sector empresarial de la construcción de vivienda turística, tan relevante en la comarca y decisivo para su economía. El cambio de Gobierno con la coalición del PP y Vox ha afianzado esa decisión. Las alegaciones de los municipios del PP en la Vega reclamaban rehacer el PAT o directamente suspender su tramitación.
Paradójicamente la tramitación del PAT tuvo el efecto contrario al que se pretendía. En algunas zonas sirvió para acelerar proyectos urbanísticos de gran entidad que el PAT cuestionaba claramente desde el punto de vista de la sostenibilidad. Fue el caso del Mirador en Guardamar del Segura, ya en marcha con 2.000 viviendas en construcción o La Hoya en Torrevieja con 7.400.
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